"La SIPE es la oficina que proyectamos y pusimos en funcionamiento con mi compadre Pepe Campagnoli en 2012", recuerda orgulloso Ignacio Rodríguez Varela. "Esa dependencia judicial esclareció 1.200 delitos graves que habían sido archivados", subraya para poner en valor el trabajo del equipo.

A fines del año pasado, el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales dio lugar al pedido de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y en una votación 4 a 3 suspendió a Campagnoli por "mal desempeño" de funciones y "abuso de poder".

Campagnoli, junto al equipo que ahora fue "desterrado" avanzaba con la causa conocida como "La ruta del dinero K" durante la cual investigó al empresario santacruceño Lázaro Báez.

En ese momento, la decisión generó la reacción de distintos colegas y asociaciones de fiscales, que hicieron pública su preocupación y la "gravedad institucional" que provocó la suspensión. El titular de la Fiscalía General Adjunta en lo Penal, Contravencional y Faltas, Luis Cevasco, calificó de "disparate y arbitraria" la resolución del Tribunal y denunció que con eso se busca enviar "un mensaje al resto de los fiscales: tengo el poder de disciplinar".

El lugar de Campagnoli fue ocupado por la ex secretaria de Cooperación con los Poderes Judiciales, Cristina Caamaño. Con esta nueva imposición y el desalojo de los empleados, queda claro que algunas de las tácticas no parecen tener límites, publicó Infobae.