La norma explica en su primer artículo que su objetivo es “establecer las bases para lograr una eficiente intervención del Estado provincial a través de la instrumentación de las políticas públicas que provean como resultado la transformación de las tierras fiscales de propiedad de la provincia de Entre Ríos actualmente improductivas”. También “el mejoramiento y la ampliación de la capacidad instalada de los puertos, ubicando como eje central de toda la acción a ser emprendida su incorporación al ciclo productivo agroindustrial, como instrumento genuino para la generación de riqueza y de fuentes de empleo, en un marco de desarrollo sustentable y conforme a las pautas que en ella se fijan”.

Según informó EL Diario, la ley declara de interés público provincial “toda acción o iniciativa” que tenga por finalidad la “transformación” de las “tierras de propiedad fiscal de la provincia de Entre Ríos actualmente improductivas” el “mejoramiento, modernización y la ampliación de la capacidad instalada de los puertos de la Provincia de Entre Ríos, en un marco de desarrollo económico sustentable”.

La sociedad tendrá domicilio social en Entre Ríos y su duración será de 99 años, contados a partir de su inscripción en el registro público correspondiente, y deberá quedar definitivamente constituida en el plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley, una vez que la semana que viene sea publicada en el Boletín Oficial.

Para eso el Poder Ejecutivo provincial deberá redactar y aprobar el Estatuto Social de la sociedad y queda facultado para realizar todos los actos necesarios para su constitución y puesta en funcionamiento.

Concesión de tierras.
La sociedad Arroz del Delta Entrerriano Sociedad Anónima tendrá la titularidad de la concesión para la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial, de las tierras fiscales de la provincia de Entre Ríos que el Poder Ejecutivo provincial identifique como aptas para incorporarse al proceso productivo y de la concesión para el mejoramiento, ampliación de su capacidad instalada, modernización, administración y explotación del Puerto de Ibicuy.

El Poder Ejecutivo deberá redactar y suscribir con la sociedad el respectivo contrato de concesión, donde se especificará el plazo de duración las obligaciones y derechos de la sociedad concesionaria, el canon de la concesión y las causales de extinción.

Concurso público

La norma dispone el llamado a concurso público de carácter nacional, para la adjudicación y posterior transferencia accionaria de la SA, y autoriza al Ejecutivo a redactar y aprobar los respectivos pliegos de bases y condiciones que regirán dicho concurso público, la posterior adjudicación y suscripción de los correspondientes contratos de transferencia de acciones. El llamado debe efectuarse dentro del plazo de 60 días.

Se habilita al Ejecutivo a transferir a la sociedad creada, en forma total o parcial, los préstamos que sean concedidos a la provincia por organismos oficiales de crédito o por instituciones bancarias oficiales siempre que los mismos sean contraídos para ser destinados al mejoramiento y transformación de las tierras fiscales de propiedad de la provincia de Entre Ríos, o para el mejoramiento, modernización y la ampliación de la capacidad instalada del Puerto de Ibicuy.
En cuanto a su financiación, se autoriza al Poder Ejecutivo a contratar un préstamo por hasta 50 millones de dólares para financiar la ejecución del proyecto de transformación de tierras fiscales.

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del endeudamiento, se autoriza al Ejecutivo a afectar y/o ceder los derechos de la provincia sobre las sumas a percibir por el régimen de coparticipación federal de impuestos nacionales; a suscribir el Contrato de Préstamo; y a realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias.

Argumentos

En el Senado, la iniciativa fue defendida por César Melchiori, del departamento Islas. “En la provincia tenemos la riqueza y no tenemos el dinero para explotar y tampoco podemos dedicarnos a explotar y si hay personas interesadas en invertir y colocar su dinero en una sociedad”, sostuvo. El senador destacó que “puede generar una importante cantidad de fuentes de trabajo de un complejo agroindustrial”, afirmó.

“Estamos creando un instrumento legal para traer la inversión, explicó. “No es una cesión, sino una concesión de la tierra. Es un beneficio enorme para Ibicuy”.

Por su lado, el presidente del bloque, Enrique Cresto indicó que la iniciativa “surge mirando el problema histórico que la provincia tuvo con sus islas, que son casi el 10 por ciento del territorio de la provincia, un millón de hectáreas, de las cuales sólo 200 mil tiene el Estado reconocidas y fuera de litigio y muchas están usurpadas” por “grandes terratenientes” que “alimentan en las islas su ganado y el Estado no tiene las herramientas necesarias para ejercer el poder de policía”.

Cresto justificó la creación de esta sociedad, “porque el Estado sólo no puede hacer nada, pero tampoco puede hacer nada el privado sin la ayuda del Estado”. La consideró “una palanca de desarrollo” de Entre Ríos que “está en condiciones de ser una provincia agroindustrial”.

Objetivos

En su paso por Diputados, el presidente de la Cámara, José Allende enmarcó el proyecto de normativa que establece el nuevo instituto en el objetivo planteado por el gobernador Urribarri en su discurso de reasunción, de duplicar la superficie productiva agrícola de la provincia.

“Entre Ríos es pionera en la producción de arroz. Tenemos tanto en islas como en zonas bajas muchas miles de hectáreas que si le ponemos la infraestructura, el tiempo, la estructura legal, vamos a permitir que inversores privados hagan lo que tengan que hacer y dejar de pensar que el Estado lo tiene que hacer todo. Son los empresarios privados los que tienen que invertir en estas tierras y nosotros, como legisladores, tenemos que darles las herramientas legales para que inviertan con confianza y tranquilidad”.

“Esas inversiones van a ser respetadas por todos los gobiernos que vengan”, dijo Allende. El legislador de Nogoyá definió a la iniciativa del Ejecutivo como “una primera experiencia”, una ley que “le va a permitir al gobierno de la provincia, autorizándolo a crear una sociedad anónima, enteramente participando el Estado, que salga a ofrecer a estos emprendimientos privados la posibilidad de hacer crecer nuestra riquezas entrerrianas, que se volcarán en obras, escuelas, hospitales, acción social”, indicó.

“Esto no es más que una ley. Una primera experiencia de una SA que va a ubicar algún terreno inundable, bajo, de los que hay en la provincia unas 4 o 5 mil hectáreas, para tratar de poner a consideración de los entrerrianos y de todos los argentinos, en licitación pública nacional la posibilidad de que inversores apuesten al crecimiento”, señaló ante los diputados.

Allende anticipó que se votarán “muchísimas leyes creando estas SA para situaciones particulares y para tierras mucho más identificadas. Es una pequeña experiencia, pero puede ser el inicio de un camino para un gran crecimiento productivo al que aspira el gobernador”, concluyó.