Jorge Riani
(Especial para ANÁLISIS DIGITAL)

Para complicar más el entuerto, el gobierno entrerriano acordó con los sediciosos y lo celebró con fotos –publicadas en la red de medios oficialistas– en los que se veía al gobernador muy divertido junto a los sediciosos, tomándose fotos con celulares de los policías, cuan trofeo de triunfo del acto de levantamiento, sedición, desobediencia civil, violación del sistema político.

La Justicia inmediatamente se posicionó de diferente modo en que lo hizo el Poder Ejecutivo. Entre los periodistas aventurábamos que la Casa de Gobierno intentaría presionar a Tribunales para que desacelere las investigaciones que prometía hacer. No es extraño: esas cosas ocurren, vale decir por si queda algún inocente ciudadano que descrea de esas prácticas.

La esperanza ciudadana era que los funcionarios judiciales –por caso el procurador general y sus fiscales, y los jueces– se planten ante las hipotéticas pretensiones y presiones de quien había estampado su firma en el convenio con los sediciosos. Pero hubo algo entre medio que hizo que ese cuadro no se produjera: el inmediato planteo de la presidenta de la Nación, que habló en un acto y llamó delincuentes a esos policías levantiscos. Eso constituyó un hecho político que dio respaldo al sistema y garantía de trabajo a los funcionarios judiciales.

No le quedó otra alternativa al gobierno entrerriano que cambiar de posición, que borrar con el codo lo que firmó con el puño, que desoír lo que había celebrado, en fin, que decir “yo no fui” cuando en realidad hay fotos, testimonios y hasta los propios despachos de la prensa oficial que certifican lo que ahora quieren negar.

No tenía derecho ni razones el gobierno entrerriano para sentarse a negociar con los policías sediciosos, por bien del sistema republicano, pero también por respeto a los miles de trabajadores que canalizan sus demandas por canales naturales y pacíficos.

Si los policías no tienen ese canal, habrá que pensarlo porque son también trabajadores. Pero un policía debe saber que no puede hacer paro, ni utilizar el arma para otra cosa que no sea velar por la tranquilidad, la seguridad, la legalidad. Si no sabe eso, no puede ser policía. Si quiere derecho a huelga, que se busque otro trabajo en el que el Estado no le provea un arma.

El gobierno ahora avienta noticias contrarias a las que difundió tras las primeras horas del conflicto. En buena hora. Y hasta ofrece la red de medios oficialistas para que el procurador Jorge García –lo que no es imputable a él porque el funcionario no ha cambiado su postura contra los sediciosos– pueda explayarse en los cuestionamientos a los imputados y dar precisiones del trabajo de su equipo de fiscales.

Que a dos meses de los hechos de Concordia, quienes dejaron a una ciudad en vilo estén dando respuestas de sus accionares, es una buena noticia. Quedémonos con eso, y demos vuelta la página aquella donde el gobernador dio de sí una imagen que poco lo favorece, festivo y abrazado con los policías levantiscos.