Este lunes la Oficina de Gestión de Audiencias del Juzgado de Garantías y Transición La Paz notificó a las partes sobre el auto de remisión a juicio de la causa penal que investiga el presunto sobreprecio de una obra de 20 cuadras realizada con fondos del Plan nacional “Más Cerca”, supo ANÁLISIS.

En el expediente están imputados el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi; el empresario Néstor Juan Szczech; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). En tanto, el ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez falleció mientras trascurría la investigación. La causa tiene como fiscal a Santiago Alfieri.

El pasado 2 de julio se había realizado la audiencia de elevación a juicio; 5 días después, los abogados Miguel Angel Cullen y Julián Pedrotti -defensores Técnicos de Néstor Juan Szczech y Carlos Alberto Lescano- interpusieron un recurso de apelación contra la resolución del juez Walter D. Carballo por la que no hizo lugar a la solicitud de la suspensión del Juicio a Prueba, respecto de ambos imputados. Previamente, el 13 de marzo Cullen, Roberto Alsina, Carlos Reggiardo y César Jaime, habían interpuesto un recurso de apelación “contra la resolución de rechazo de la nulidad de la requisitoria fiscal y contra la resolución de rechazo de la excepción de incompetencia” del Juzgado de Garantías de La Paz. Además, Reggiardo apeló el rechazo del pedido de sobreseimiento de sus defendidos. Sobre estos recursos también resolvió Carballo en el escrito fechado este 27 de julio.

Así, tras una extensa fundamentación, el juez de Garantías resolvió “disponer la apertura de la etapa de juicio y remitir al Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná” la causa caratulada: "ROSSI DOMINGO DANIEL - SZCZECH NESTOR JUAN Y OTROS S/ PECULADO (Obra 20 cuadras)". En el expediente se imputa “el delito de Peculado, atribuido en carácter de autor a Domingo Daniel Rossi, y en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortíz, a Néstor Juan Szczech y a Carlos Alberto Lescano, en concurso ideal con el delito de Falsificación de documentos públicos atribuibles en carácter de autores a Adolfo Zenón Ortiz, Domingo Daniel Rossi, Roberto Carlos Méndez, Néstor Juan Szczech y María Inés Martínez, y en concurso real con la figura de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público atribuida como autores a Domingo Daniel Rossi, a María Inés Martínez, a Roberto Carlos Méndez, y a Adolfo Zenón Ortíz”.

Asimismo, dispuso “admitir la totalidad de la prueba” enumerada en el punto 5° del auto de remisión a juicio, y “rechazar por inadmisible la prueba ofrecida en su presentación” por los abogados defensores Miguel Ángel Cullen y Julián Pedrotti respecto a la “citación en subsidio de testigos de acreditación” y “en subsidio Pericial Caligráfica”, como así también la Pericia Oficial de Peritos del S.T.J.E.R. ofrecida por ambos letrados.

Seguidamente, resolvió “conceder el Recurso de Apelación interpuesto oralmente por los Dres. Miguel Angel Cullen, Roberto F. Alsina, Carlos G. Reggiardo y César A. Jaime, con efecto suspensivo (art. 493 del C.P.P.E.R.), contra la resolución pronunciada por ésta Magistratura en audiencia oral y pública de fecha 13 de Marzo de 2020 respecto al rechazo del planteo de incompetencia de este Juzgado, en cuanto fue materia de agravios, conforme lo manifestado por los letrados (artículos 502, 503, 504, 505 y concordantes del C.P.P.E.R.)”.

A continuación, decidió “rechazar el Recurso de Apelación interpuesto oralmente por los Dres. Miguel Angel Cullen, Roberto F. Alsina, Carlos G. Reggiardo y César A. Jaime, contra la resolución pronunciada por ésta Magistratura en audiencia oral y pública de fecha 13 de Marzo de 2020 respecto al rechazo de la nulidad de la requisitoria fiscal, por los fundamentos esgrimidos”.

También dispuso “rechazar el Recurso de Apelación interpuesto oralmente por el Dr. Carlos Guillermo Reggiardo, contra la resolución de rechazo del Sobreseimiento de sus defendidos, dictada por esta Magistratura en fecha 13 de marzo de 2020, por los fundamentos expresados en los considerandos que anteceden”.

No obstante, resolvió “conceder el Recurso de Apelación interpuesto por escrito por los Dres. Miguel Angel Cullen y Julián Pedrotti, con efecto suspensivo (art. 493 del C.P.P.E.R.), contra la resolución pronunciada por ésta Magistratura en audiencia oral y pública de fecha 02 de Julio de 2020 sobre el rechazo de la aplicación de la Suspensión del Juicio a prueba respecto de los imputados Néstor SZCZECH y Carlos LESCANO, en cuanto fue materia de agravios, conforme lo manifestado por los letrados (artículos 502, 503, 504, 505 y concordantes del C.P.P.E.R.)”.

Asimismo, decidió “rechazar el Recurso de Apelación interpuesto por escrito por los Dres. Miguel Ángel Cullen y Julián Pedrotti, contra la resolución que deniega la posibilidad de realizar la pericial técnica con los peritos Oficiales del S.T.J.E.R., dictada por esta Magistratura en fecha 02 de Julio de 2020, por los fundamentos expresados en los considerandos que anteceden”.

Finalmente, expuso “tener por efectuadas las reservas federales, respecto de la incompetencia de la justicia ordinaria provincial, en la presente causa; la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio; rechazo de los sobreseimientos de los Imputados; rechazo de la suspensión de juicio a prueba”.

Qué pasó

En la audiencia del 2 de julio último, las defensas de Rossi y sus exfuncionarios pidieron el sobreseimiento. En tanto, según se pudo saber, los representantes legales del empresario Néstor Juan Szczech y del ingeniero Carlos Alberto Lescano pidieron la probation, en base al acuerdo con el municipio alcanzado en la causa civil. El fiscal se opuso a las peticiones, y finalmente fueron rechazadas por el juez.

La causa

La causa se inició en 2016 por una denuncia formulada por el ahora ex intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra. La acusación del fiscal dice que durante la anterior gestión de Rossi al frente de la Municipalidad de Santa Elena, en 2014 y 2015, el Municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo de $14 millones.

Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano.

Se trató del segundo pedido de remisión a juicio presentado por el fiscal Alfieri. El primero fue realizado en abril del año pasado, pero en la audiencia el juez Carballo había ordenado reformular la acusación.

El nuevo pedido de remisión a juicio se realizó el 12 de junio del año pasado y, tras una larga espera, en febrero y marzo de este año hubo dos instancias de la audiencia, que se retomó el 2 de julio, cuando finalmente se resolvió remitir a juicio la causa.

Días antes trascendió que había caído la causa civil, por un acuerdo firmado entre el municipio y la empresa L&C. En la causa civil el ahora exintendente Silvio Moreyra le reclamaba a los acusados – entre ellos Rossi- que paguen más de $$10.937.255,46 en concepto de perjuicio económico al Estado municipal. La presentación judicial la formuló por medio del abogado Guillermo Mulet, que era abogado del municipio y del entonces intendente. Lo que ocurrió es que tras cuatro años de proceso, el demandado, en este caso Rossi, volvió al poder y se preveía que no iba a sostener una demanda en su contra.

Según dio a conocer el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, abogado de Rossi y asesor legal de la Municipalidad, se firmó un acuerdo con la empresa L&C, quien “se compromete a financiar parte de las reparaciones que debía ejecutar en 2016 y no lo hizo por capricho del entonces intendente (NdelaR: en referencia a Moreyra)”.

Además, indicó que “la empresa aportará materiales por más de $6.000.000 para sanear 5 años de odio, desaprensión y persecución política”.