Ni los defensores del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), ni los integrantes del Ministerio Público Fiscal quieren que el juicio por supuesto pago de sobreprecios en una obra pública realizada durante el cuarto mandato de quien fuera también vicegobernador de Entre Ríos arranque este lunes en La Paz. Cada uno con sus argumentos pidió el aplazamiento de las audiencias.

Pero este viernes 8, el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Omar Carubia, rechazó todas y cada una de las peticiones, y confirmó la fecha de realización de los debates, que se inician este lunes 11, y siguen 12, 13, 14, 15, 18 y 19 de este mes en los Tribunales de La Paz.

Carubia no hizo lugar el recurso de revisión instado por el defensor Carlos Reggiardo, en representación de Rossi, y los funcionarios imputados María Inés Martinez y Roberto Carlos Méndez, al que adhirió el defensor Claudio Fabián García, en ejercicio de la defensa de Roberto Carlos Méndez, y Cesar Ariel Jaime, defensor técnico de Adolfo Zenón Ortiz; también rechazó “por improponible el recurso de revisión interpuesto por los representantes del Ministerio Público Fiscal”.

El juicio, así, en teoría debería iniciarse este lunes, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Las fechas de las audiencias habían sido fijadas hace casi un año atrás: el 23 de junio de 2023 por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial. Entonces, se había dispuesto que los debates no se realizarían en Paraná sino en La Paz. La causa contra el intendente de Santa Elena está caratulada “Rossi Domingo Daniel; Martínez, María Inés; Méndez Roberto Carlos; Ortiz, Adolfo Zenón s/Peculado, falsificación de documentos en concurso ideal, en concurso real con violación de los deberes de funcionario público”.

Ese cronograma de audiencias fue ratificado el 14 de febrero de 2024. El 28 de febrero, el tribunal a cargo del caso, conformado por los vocales María Carolina Castagno, Juan Francisco Malvasio y Alejandro Diego Grippo, declaró al caso como “proceso complejo”.

Tras eso, se presentó uno de los defensores de Rossi, Roberto Fabián Alsina y pidió la reprogramación de las audiencias. Adujo que el juicio al intendente de Santa Elena se superponía con otros compromisos judiciales en los que debía ejercer la defensa. La Oficina de Gestión de Audiencias le reprogramó a Alsina esos otros compromisos y mantuvo firme las fechas del juicio a Rossi. El 28 de febrero dio a conocer su decisión.

Luego, el 1º de marzo, la OGA, un área administrativa de Tribunales que depende en línea jerárquica de la Sala Penal del STJ, informó que el juicio a Rossi no tendría lugar en La Paz: la nueva locación sería Paraná, en el amplio salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Ese mismo día, 1º de marzo, se presentó uno de los defensores de Rossi, Carlos Guillermo Reggiardo, y con el argumento de que venía tramitando con el Ministerio Público Fiscal una salida al caso mediante juicio abreviado, y arguyó “no encontrarse preparado para ejercer la defensa que le cabe y que el agravio de esa parte es que la OGA ha priorizado cuestiones de organización y agenda por sobre el derecho de defensa, el cual, entiende ha sido gravemente alterado por la parodia de abreviado del Ministerio Público Fiscal, donde los dejó a diez días del juicio sin haber preparado la prueba, por haberles asegurado que había acuerdo, por lo que solicitó se reconsidere la decisión de seguir adelante con las fechas primigenias fijadas para las audiencias o bien sea remitido el legajo al superior jerárquico para la resolución del conflicto”, según el texto de la resolución que firmó este viernes 8 el vocal Daniel Carubia.

Reggiardo hizo una nueva presentación, y aludió que Fiscalía, “diez días antes de la citación al juicio cambió las condiciones del acuerdo de juicio abreviado por condiciones más gravosas y que debe ir entonces a un juicio declarado complejo por el tribunal”. Arguyó también que el miércoles 13 el Intendente Rossi “tiene una invitación a un evento para intendentes, el cual entiende es importante para posicionar la ciudad, con lo cual se refuerza más su teoría de mala fe y falta de lealtad evidenciada por los Fiscales. Demandó, en consecuencia, que se fije audiencia de sobreseimiento por ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones, haciéndose lugar a la postergación de la audiencia, dando así a la defensa técnica que enarbola tiempo suficiente para seleccionar y producir la prueba del debate”.

El defensor César Ariel Jaime adhirió al recurso de Reggiardo.

El 3 de marzo hubo nueva presentación de Reggiardo. Aludió en ese escrito a “diferencias irreconciliables con su codefensor, Dr. Roberto Fabián Alsina”, y renunció formalmente a la defensa de los imputados Domingo Daniel Rossi, María Inés Martínez y Roberto Carlos Méndez, “dejando sin efecto cualquier planteo personal efectuado”.

La subdirectora de OGA, Claudia Geist, “mediante resolución de igual fecha, tuvo presente la renuncia a la defensa anoticiada por el Dr. Reggiardo, así como su manifestación de dejar sin efecto cualquier planteo personal efectuado, haciéndoles saber a los imputados Rossi, Martínez y Méndez, así como a los Dres. Alsina y García, para que en el término de 24 hs. manifiesten -en su caso- lo que estimen corresponder”.

El día 4 el abogado Claudio Fabián García, en calidad de defensor de Roberto Carlos Méndez, expresó su adhesión, en todos sus términos y conceptos, a la postulación efectuada por los Dres. Reggiardo y Jaime en relación con los tiempos necesarios para preparar una defensa compleja. Ese mismo día, Geis “resolvió hacer lugar parcialmente al recurso de reposición presentado por el Dr. Jaime -al que adhirieron los Dres. García y los encausados Rossi y Martínez- y, consecuentemente, revocar la resolución de fecha 01/03/2024 y disponer que el contradictorio señalado en el legajo en cuestión se celebre en la ciudad de La Paz, manteniéndose los días y horarios establecidos desde un primer momento. Asimismo, en mérito a tal resolución, concluyó en rechazar el recurso de reposición planteado por el Dr. Reggiardo –al que adhirieron los Dres. Jaime, García y los encartados Rossi y Martínez- en tanto se instaba a la reprogramación del contradictorio, manteniéndose la fijación del debate oral en los días y horarios ya establecidos. Finalmente, siguiendo la reglamentación vigente, dispuso la elevación en revisión de las actuaciones a esta Sala”, dice el texto de la resolución que firmó el titular de la Sala Penal del STJ, Daniel Omar Carubia, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

En ese derrotero, los fiscales de la causa, Álvaro Piérola y Santiago Alfieri, presentaron un recurso de revisión y pidieron dejar el juicio en Paraná, y que se trasladen a La Paz sólo las jornadas que incluyan testigos que residen en la zona. Pero además peticionaron que se suspenda la realización del juicio y se fije nueva fecha.

Nada de todo eso. Carubia ratificó todo lo que se había resuelto y ordenó que el proceso se inicie este lunes, en La Paz.

Aunque la historia tiene final abierto: nuevas presentaciones ante el pleno de la Sala Penal del STJ podrían agregar un condimento extra al asunto.

El caso, la historia

Domingo Daniel Rossi va por su sexto período al frente del Municipio de Santa Elena: gobernó la ciudad de 1983 a 1987; de 1991 a 1995; de 2003 a 2007; de 2011 a 2015; de 2019 a 2023. En octubre, arrasó en las generales. También fue vicegobernador de Jorge Busti, entre 1987 y 1991.

Entre 2015 y 2019 no gobernó Rossi Santa Elena. Lo hizo su concuñado, Silvio Moreyra, Al año de estar al frente de la Intendencia, Moreyra lo denunció a Rossi: efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet ante la sospecha que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación.

El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión de la causa a juicio oral. En su acusación, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de unas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.

En paralelo a la causa penal también había una demanda civil, formulada por el exintendente Moreyra, en la que le reclamaba a los acusados – entre ellos Rossi- que paguen más de $10.937.255,46 en concepto de perjuicio económico al Estado municipal. Pero ese pleito se superó durante la siguiente gestión de Rossi: la demanda llegó a su fin a mediados de junio de 2020, cuando el municipio y la empresa L&C firmaron un acuerdo extrajudicial transaccional.

La causa penal siguió su marca en Tribunales.

En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba al empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech, y al ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano, en el marco de la causa por sobreprecios de una obra de 20 cuadras ejecutadas en Santa Elena en 2014, durante la anterior gestión del hoy intendente Domingo Daniel Rossi, consignó el portal Entre Ríos Ahora.

Szczech y Lescano fueron acusados de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos en carácter de partícipes necesarios. Sin embargo, tras varias apelaciones, consiguieron que a principios de noviembre de 2021 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hiciera lugar al pedido de probation. El fallo lo firmaron los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak.

Pero Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa penal.

María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría la investigación.

Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano.

Un dato clave: el perito que dictaminó el sobreprecio, Beltrán Uranga, ya falleció.