Mediante resolución de fecha 30 de abril la Justicia Federal avanzó con la acción preventiva de daños en materia ambiental presentada por los legisladores del peronismo entrerriano Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl.
A través de un exhorto, la Justicia Federal requirió al presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), Raúl Luis Montero, que informe en el plazo de 10 días hábiles:
“a) si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de ‘e-Combustibles’ en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas;
b) si la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto de planta de ‘e-Combustibles’ en Paysandú, República Oriental del Uruguay”.
También, la Justicia ordenó al canciller Pablo Quirno que vía exhorto judicial, requiera a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay y al Banco Central de Uruguay que informen y/o remitan:
1. Fecha de presentación ante la autoridad competente de la “solicitud de autorización ambiental previa” efectuada por la empresa HIF.
2. Copia certificada de la “solicitud de autorización ambiental previa” presentada por la empresa HIF Uruguay.
3. Copia del “Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)” presentada por la empresa HIF Uruguay SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, del proyecto de planta de “e-Combustibles” en Paysandú, República Oriental del Uruguay.
4. Fecha de realización de audiencia pública en el proceso de evaluación de impacto ambiental.
Por último, y mediante la misma vía, se ordenó requerir al Banco Central del Uruguay informes beneficiarios finales, según la Ley 19.484, de HIF Uruguay SA y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas.
A este respecto, Michel señaló que “la resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. La justicia le requirió información de la planta a la Comisión Administradora del Río Uruguay y solicitó a Cancillería que envíe exhortos al Uruguay para pedir detalles de la inversión y del capital accionario de la empresa que llevaría adelante la inversión”.
Finalmente, el diputado nacional expresó: “Coincidimos con el gobernador que este tema no da lugar para ‘berreteadas’ ni para ‘pensar en la chiquita’ y esperamos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios. Todas estas acciones las debería haber efectuado él en su carácter de gobernador, pero en lugar de trabajar en la provincia, elige sobrevolar los temas con una irresponsabilidad llamativa”.
