El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró este domingo que “es una discusión falaz decir que la educación debe ser un servicio esencial”, como proponen algunos referentes de la oposición, y consideró que ese planteo “tiene como objetivo poner a los docentes como parte del problema y no de la solución”. El funcionario respondió así a la consulta que le hicieron en una entrevista radial sobre el proyecto de ley que presentaron senadores de Juntos por el Cambio para que la educación sea considerada un servicio esencial.

Según Trotta, la educación “tiene que ser prioridad de todos los gobiernos pero no siempre lo es”, y citó como ejemplo la gestión de Cambiemos. “Después de una década de esfuerzo, en el 2015 logramos superar el 6% del PBI en la educación. Los cuatro años de Macri se caracterizaron en una caída de la inversión educativa hasta el 4,9% en 2019”, aseguró.

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, falaz significa falso, mentiroso. Es un adjetivo que deriva de falacia, y una falacia es una mentira, un fraude o un engaño. El ministro de Educación dijo que la educación no es un servicio esencial. Un principio básico de nuestro ordenamiento social, y de (casi) todos los países del mundo, calificado de falacia por el más alto funcionario del área.

El proyecto de ley que presentaron los senadores opositores indica que “la educación es un bien social por el cual todos debiéramos adoptar conductas positivas y activas que aseguren su vigencia, independientemente de constituir un derecho humano individual es, simultánea y claramente, un bien social, colectivo, por el cual se generan obligaciones para el Estado”.

El documento, que lleva la firma de los legisladores Pablo Blanco, Laura Rodríguez Machado, Mario Fiad, Silvia Elías de Pérez, Humberto Schiavoni y Pamela Verasay, entre otros, considera que “la pandemia que atravesamos durante todo el año 2020 - y que nos seguirá acechando al parecer buena parte del presente año- ha dejado a la luz una verdadera tragedia educativa”.

“Es necesario garantizar los recursos necesarios para sostener el contacto entre las familias y las escuelas, especialmente en los contextos más vulnerables, para asegurar el sostenimiento y devolución de las actividades escolares, y también dar seguimiento a la situación emocional de los chicos. Cada día que pasa con las escuelas cerradas se consolida esta catástrofe generacional, que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto”, indicaron en el ese texto.

El ministro sostuvo que la gestión y los funcionarios de Macri “son responsables de lo que fue la ruptura de los consensos educativos” y señaló “se le dio la espalda a la escuela, se desinvirtió”. Como contrapartida, en una entrevista con el Destape Radio, aclaró: “Somos el gobierno que reinstitucionalizó la paritaria nacional docente”, aunque admitió que no se lograron los objetivos trazados “en cuanto a la recomposición del salario”.

“Los cuatro años de (la gestión del expresidente Mauricio) Macri se caracterizaron en una caída de la inversión educativa hasta el 4,9%”, al tiempo que abogó por un regreso a las aulas “cuidado” y “seguro”. En esa línea, y en referencia a las clases presenciales, señaló que ”no es cualquier regreso porque estaríamos incumpliendo nuestra responsabilidad y exponiendo al riesgo a docentes y nuestros hijos”.

También marcó que “catorce de veinticuatro provincias están pensando iniciar las provincias el 1 de marzo” y que  “en noviembre el gobierno tomó dos decisiones importantes: un plan de trabajo sobre la presencialidad segura y que los docentes sean grupos priorizados al momento de la presencialidad”.

“Lo que le planteamos a los gobernadores es que la decisión se promueva en la mínima unidad geográfica. La intención es que llegado el momento las precauciones que se tomen no sean en todas las jurisdicciones, sino solo en los lugares donde las tienen que tomar”, precisó.

En esa misma línea, sostuvo que “hay que cuidar la escuela” y que eso fue lo que conversó con los gobernadores en su recorrida por las provincias. “Si hay que tomar ciertas decisiones para garantizar mayor presencialidad en las escuelas y que no se descompongan ciertos factores epidemiológicos, cada distrito tendrá que tomar las medidas que considere”.

Respecto a los protocolos, aclaró que la normativa en medio de la pandemia “se construye federalmente” y que el protocolo consensuado el año pasado “se aprobó por unanimidad”. ”Es el base y cada jurisdicción puede tener su propio protocolo más estricto pero no más laxo”, indicó, a la par que afirmó que “los docentes son uno de los cinco grupos priorizados” a nivel sanitario.

Además, sobre el cuestionamiento de la oposición por el regreso tardío a las clases presenciales, dijo que “la evidencia que tenemos hoy es muy distinta a la incertidumbre absoluta que teníamos en marzo del 2020 donde el 90% de los países del mundo decidieron suspender las escuelas más allá de la cantidad de casos que tuvieran”.