La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) instruyó a su cuerpo legal para iniciar las acciones en la Justicia contra la Ley de Emergencia Solidaria, sancionada el 2 de julio por la Legislatura, y que supone una poda en los ingresos de activos y jubilados.

Técnicamente, será una medida cautelar innovativa. Pero, la medida se hará en coordinación con los otros dos sindicatos que conforman el Frente Gremial Docente: la Unión Docentes Argentinos y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), a los que se suma la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), como integrante de la Multisectorial, según indicó Guillermo Zampedri, secretario gremial de Agmer.

La decisión se produce tras la promulgación en el Boletín Oficial del miércoles 8 del texto de la Ley N° 10.806 que declaró en la Provincia “el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional”, con el propósito, según marca el texto legal, “de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos”.

“Ante la promulgación de la ley de ajuste a activos y jubilados, Agmer iniciará acciones legales para frenar todo intento que pretenda conculcar derechos”, anunció el sindicato de los maestros. El gremio indicó que “ha instruido a su asesoría jurídica a implementar las acciones legales necesarias y que se consideren pertinentes para frenar todo intento que pretenda conculcar derechos, más aún en un contexto como el que estamos viviendo, en donde la crisis económica y social –profundizada a partir del avance de la pandemia- golpea fuertemente en los ya deteriorados ingresos de las familias trabajadoras”, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

La ley tiene peculiaridad: “es de orden público”, esto es que empieza a regir desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial, hecho que ocurrió este miércoles 8. Además, nadie puede dejar de cumplirla. Está por encima de cualquier acuerdo, según explican desde el Gobierno. Sus alcances se aplicarán también “a los Municipios adheridos al sistema previsional, a los tres poderes del Estado provincial, incluyendo entes descentralizados, autárquicos, autónomos, empresas y sociedades del Estado, cualquiera sea su dependencia jerárquica y su conformación jurídica estatutaria”.

Antes de la sanción de la Emergencia, el plenario de secretarios generales de Agmer anticipó un escenario de conflictos de avanzar con ese proyecto, y la no vuelta a las clases presenciales tras el fin de la educación virtual que impuso la pandemia de coronavirus en Entre Ríos a partir del lunes 16 de marzo.

El plenario de secretarios generales de Agmer consideró que “las trabajadoras y trabajadores no estamos dispuestos a ser –una vez más- la variable de ajuste ni a sostener en nuestras espaldas los costos altísimos de esta crisis. Mucho menos cuando hemos sido, precisamente, quienes venimos sosteniendo cotidianamente la educación y la salud públicas en estos tiempos de pandemia, por lo general en la primera fila, atendiendo los comedores escolares y enseñando a distancia; en los hospitales y en los centros de salud, con salarios carentes de toda recomposición incluso desde antes de declararse la presente emergencia sanitaria. A pesar de encontrarnos en frente a un escenario jamás imaginado por nadie, el esfuerzo y el compromiso asumido son ejemplo suficiente de la concepción de solidaridad que tenemos los trabajadores”.

La ley fija en el Artículo 4° que para sostener el sistema previsional los aportes personales se calcularán “sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema:

1) Salario nominal: a) hasta $75 mil, 16% de aportes personales; b) desde $75.001 a $100 mil, aportes personales del 18%; c) desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); d) desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.

2) Hoy, según la Ley Previsional N° 8.732, el aporte personal a la Caja de Jubilaciones es del 16%, e igual porcentaje es el aporte del Estado como empleador, con lo cual la suba propuesta sobre los salarios produce quitas que van del 2% al 4%.

3) En cambio, se mantiene el aporte jubilatorio para el personal de la Policía, que es del 18%, según el Reglamento General de la fuerza, según la Ley N° 5.654, del año 1974, en tanto los haberes de los efectivos policiales no supere los $100 mil. Por encima de ese monto, se aplicará el mismo esquema que para el resto de la Administración: desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); y desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.

Igual criterio que el de la Policía se aplicará para el personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, cuyo régimen está comprendido en la Ley N° 5.797.

En el punto 6 del proyecto de Bordet se establece los porcentajes de los aportes “solidarios extraordinarios” para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Quienes tengan un salario desde $75.001 a $100 mil aportarán un 4%; desde $100.001 a $200 mil un 6%; desde $200.001 a $300 mil un 8% y desde $300.001 en adelante aportarán un 10%.

Agmer ya hizo una evaluación del impacto de la Emergencia y concluyó que el 65% de los recursos saldrán del bolsillo de activos y jubilados.

En ese marco, el sindicato docente planteó ahora que “de continuar en las actuales condiciones, no se regresa a las aulas. Las acciones que lleven adelante el equipo jurídico de este sindicato serán en conjunto con las asesorías legales de las organizaciones que integran el frente gremial”.