Un total de 17 de los 24 gobiernos provinciales manejan recursos públicos sobre los que no rinden cuentas. Si bien, por lo general, son fondos que se utilizan para seguridad o para investigaciones criminales, existen otras partidas presupuestarias que, con otros nombres y por distintas razones, no se rinden con los mismos mecanismos que establecen los Tribunales de Cuentas provinciales para el resto de los gastos. Así surge de una investigación a nivel nacional sobre el uso de fondos reservados en las administraciones provinciales y a nivel nacional llevada adelante por la red federal RUIDO.

Por lo general, los gastos reservados aparecen en los presupuestos bajo el ítem “Servicios no personales”, que en algunos casos sirve para ocultar partidas cuyo destino se desconoce. Si bien suelen estar previstos por ley por razones de “confidencialidad” -como temas de seguridad e inteligencia-, en la práctica se pueden usar también con otro fines a los previstos originalmente, en forma discrecional, ya que no tienen el control de los organismos respectivos o de las Legislaturas locales.

La falta de controles es un factor que puede propiciar casos de corrupción y alentar la discrecionalidad de los gobernantes. Y si bien el reclamo de transparencia de sectores políticos y de la sociedad civil llevó a que tiendan a desaparecer, según el relevamiento de Ruido, aún siguen existiendo. “Se debe partir de la premisa que la existencia de gastos reservados es, de por sí, contraria al sistema de gobierno adoptado por nuestra Constitución Nacional. El sistema representativo y republicano implica ciertas garantías a la sociedad, no sólo en cuanto a la adecuada administración de los recursos públicos, sino sobre la obligación por parte de las autoridades de establecer los más eficientes mecanismos de rendición de cuentas”, advirtió Germán Emanuele, consultor experto en gobernanza, integridad y sustentabilidad, consultado por Ruido y publicado por Infobae.

Ex director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la fundación Poder Ciudadano, consideró que los gastos reservados debieran estar afectados “a cuestiones específicas, ser sometidos a los máximos controles por parte de los órganos de auditoría (tanto internas como externas) y cumplir con las garantías consagradas en las normas de acceso a la información pública, en lo que respecta a su difusión y rendición de cuentas”.

Once provincias argentinas de todos los colores políticos aún tienen gastos reservados. Las manejadas por el oficialismo son Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis; por fuerzas aliadas, Salta, Río Negro y Chubut; las gobernadas por el radicalismo son Jujuy y Mendoza; y Córdoba, en manos del peronismo disidente.

En seis de ellas - al igual que en otra media docena- existen, además, otros tipos de fondos que no rinden cuentas. Según relevó Ruido, se utilizan figuras jurídicas como “fiduciarias”, “agencias” o sociedades con participación estatal mayoritaria que a lo sumo presentan balances generales, pero no efectúan rendiciones de sus gastos a través de los mecanismos reglamentados para el resto de la administración pública, con la intervención de Tribunales de Cuentas locales. Es el caso de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Chubut, Río Negro, Catamarca, San Juan, Misiones, Neuquén y Santa Cruz.

En muchas de las provincias existen organismos descentralizados que no efectúan rendiciones de gastos de la misma manera que el resto. Son los que manejan fondos fiduciarios como en Chaco, agencias como el caso de Córdoba, o las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, como en San Luis o Tierra del Fuego. Conocidas como SAPEM, en la práctica, o tienen socios privados en porcentajes muy minoritarios, o carecen de ellos. Son entes que manejan gran parte de los fondos provinciales y que, a diferencia de los ministerios, sólo presentan balances y libros generales, pero no las rendiciones al nivel de detalle que exigen los Tribunales de Cuentas para toda la administración pública. Entonces, si bien aparecen en los presupuestos oficiales, no hay detalle en el proyecto envido a las Legislaturas sobre el destino de esos fondos. En los casos de San Luis y Salta, por ejemplo, se utilizan para la distribución de la pauta oficial, sin que se puedan conocer destinatarios y montos.

La reconstrucción de la información no fue sencilla ya que poca de esta información está disponible públicamente. Para acceder a más precisiones, Ruido presentó pedidos de acceso a la información que solo respondieron 5 provincias: Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos y Salta. Las consultas fueron si las administraciones provinciales manejaban gastos reservados u otros fondos sin rendición, y, en ese caso, los montos.

Sin embargo, la información no fue siempre satisfactoria por lo que no fue posible para esta red federal saber con exactitud el alcance del manejo de estos fondos secretos. Si bien existe una ley nacional de Acceso a la Información Pública, hay cuatro distritos que no tienen una norma similar a nivel provincial (San Juan, Formosa, Tucumán y La Pampa), o que aun teniéndola, no la cumplen.

Para Emanuele, los gobiernos “deben generar las condiciones para que la sociedad pueda conocer el origen y destino de los fondos reservados. Los principios y garantías en materia de acceso a la información pública exigen ciertas condiciones para que esos fondos se encuentren, igualmente, disponibles para el control por parte de la comunidad, ya sea mediante el sistema de tachas, a través de mecanismos de información que no pongan en riesgo cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, y siempre bajo el estricto control de daños y de interés público que se debe hacer en términos de si su divulgación pesa más que la necesidad de su reserva”.

Qué pasa a nivel nacional

El trabajo recuerda, a su vez, que si bien el presidente Alberto Fernández impulsó un decreto en su primer año de mandato para transparentar los fondos reservados, que en casos como los de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) eran casi el total del presupuesto, aún dispone de ellos. La AFI tiene para este año un presupuesto vigente de $13.702 millones, del cual el 91% hoy es público a partir del decreto 52/2019 por el que el Presidente dispuso la intervención del organismo a poco de asumir.

Hasta ese momento, el 99,56% del presupuesto de la AFI revestía el carácter de “secreto”. Mauricio Macri, en mayo de 2016, había dictado el decreto 656/2016, hoy derogado, que había determinado que todos los fondos debían volver a ser reservados.

Sólo Presidencia de la Nación tiene presupuestado para 2023 un fondo de $650 millones bajo ese ítem. Actualmente, los gastos reservados representarían sólo el 9% del presupuesto de esta dependencia del Ejecutivo, de acuerdo a lo relevado por Ruido. No es el único organismo del Ejecutivo nacional. En el Presupuesto 2023, otros dos organismos tienen partidas de gastos reservados. El Ministerio de Seguridad tiene asignados $64.300.000 y el de Defensa cuenta con seis partidas que totalizan $59.561.074. En tanto el Poder Legislativo tiene una partida de $650 millones.