El actual intendente de Gualeguay, José Salim Jodor (PJ), decidió denunciar al ex intendente Héctor Jaime (UCR), a los ex secretarios de Hacienda, Enedín Matorras y Julio Beherán, al ex secretario de Gobierno Municipal, Guillermo Antola y a los contadores cordobeses Luis Fadda y Ángel Tapia por los presuntos delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales y estafa”, según el texto de la denuncia al que accedió ANALISIS DIGITAL. Jodor entendió que la anterior gestión perjudicó al erario público por 10.000 pesos a través de una contratación “encubierta” de los dos profesionales.
Según consta en el texto de la denuncia, cuando Jaime estaba al frente del municipio, elevó el proyecto de ordenanza, -aprobado por el Concejo Deliberante luego- que ordenaba la contratación de los contadores cordobeses Luis Fadda y Ángel Tapia para "instruir al personal de la Municipalidad para que puedan efectuar los reclamos de los importes en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) que fueron abonados por el municipio sobre la Tasa de los Servicios de Agua Corriente y Cloacas". Cabe recordar, que la Justicia había resuelto que no se cobre el IVA a la tasa del agua y obligó a reintegrar ese dinero tributado.
En ese marco, los profesionales cobrarían el 15 por ciento del importe que ingresaría al erario municipal, por lo que, la anterior gestión entendió que el trabajo de los contadores “no ocasionaba costo, gasto o erogación alguna al erario municipal, ya que de sus ingresos por retención del IVA, abonaba a los profesionales el 15 por ciento del monto que ingresara a pagarse en 60 días”.
Al respecto, el actual intendente, José Jodor, entendió que la contratación “encubría una maniobra”, un “maquillaje”, dado que ya se había abonado efectivamente a los contadores la suma total de 10.000 pesos, en tres pagos, dos de 3.000 pesos y uno de 4.000, por idéntica tarea con anterioridad a febrero de 2003, cuando se le da aprobación a la ordenanza.
Ante esta irregularidad, Jodor entendió que se configuró “un ardid doloso realizado por los ex funcionarios actuantes y los contadores” que perjudicó al erario público por 10.000 pesos y radicó la denuncia penal.�
