Una cadena de consultas a diferentes áreas estatales hacen llegar a una conclusión: que nadie controla el desalojo ordenado por la Justicia luego de que Fiscalía de Estado tome posesión.

Al ex senador justicialista, por quien pesa una condena por enriquecimiento ilícito, se le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso y el decomiso de un campo, ubicado en el departamento Tala.

La defensa creó una ingeniería judicial para demorar el mayor tiempo posible la entrega del inmueble de 2.164 hectáreas, en Raíces Norte, próximo a Maciá, y estimado en un valor de 7 millones de dólares. Las apelaciones judiciales le permitieron a Yedro producir la tierra. Metió 1.200 cabezas de ganado, 80 caballos y sembró varias hectáreas de soja.

La jueza Noelia Viviana Ríos se amparó en un planteo de la Procuración General que le atribuyó el delito de usurpación y le ordenó que se fuera en un plazo de 60 días, que empezó a correr el 13 de mayo pasado. La titular del Juzgado de Instrucción de Tala dijo que ese tiempo deberá ser utilizado por el ex legislador para la "paulatina desocupación de los dependientes, semovientes y demás bienes muebles" de su propiedad. Lo cierto es que el tiempo comenzó a correr, el lunes se cumplen los primeros 30 días, y desde ningún organismo del Estado se pudo precisar si eso está realmente ocurriendo.

El primer consultado por El Diario fue el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. El funcionario sostuvo que debía ser la Policía zonal quien se encargara de verificar si el condenado estaba cumpliendo con el notable período de gracia que se le otorgó para que Yedro saque sus pertenencias. En rigor, el Ejecutivo sólo se encargó de tomar posesión. El oficial de la Policía de Maciá, Hernán Gabolín, expresó desconocimiento si existía algún control sobre el desalojo del campo.

El hombre sugirió que se llamara a la Departamental de Tala. Allí el teléfono lo atendió el oficial Darío Ditler. La respuesta fue casi calcada, con el agregado de que "no había un oficio" para cumplir tal tarea y apuntó a la Brigada de Policía Rural. Miguel Escobar tampoco tenía una orden judicial. Si bien todos conocían de memoria el caso y la resolución de la Justicia, todos los consultados por esta Hoja, se encargaron de dejar en claro que no tenían idea de que Yedro esté cumpliendo con lo dispuesto por la Justicia.

Ríos también habló y aseguró que el desalojo se estaba cumpliendo. La magistrada no lo había podido comprobar, pero contó que "en charlas informales" le comentaron que lo resuelto por ella estaba ocurriendo. Ante la consulta de si se estaba controlando el proceso, la respuesta fue contundente: "Lo está haciendo la Policía". Incluso, la funcionaria judicial relató que el 26 de mayo, ante el llamado a indagatoria en donde Yedro se negó a declarar, el ex senador manifestó que tenía las intenciones de sacar sus cosas.

En un primer momento, la jueza Ríos había establecido 48 horas para que Yedro desaloje el campo, pero el condenado no cumplió. El ex senador, con el patrocinio de Jorge Romero, apeló la resolución que le exigía dejar el inmueble en cuestión de horas y en cumplimiento de una sentencia. Lo hizo ante la Cámara del Crimen de Gualeguay. En su momento se especuló que el fallo salga en cuestión de días, pero aún no hay novedades, según informó Ríos. El 13 de julio será el límite para que el dirigente desaloje el campo.