Silvio Méndez

Ni desde el Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Aguas (Corufa), ni desde la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, ni desde la Dirección de Hidráulica parece haber voluntad y ni pericia para poder frenar lo que se puede constituir en una grave catástrofe medioambiental en las márgenes del río Uruguay. Pese a ser, respectivamente, los organismos competentes dentro del territorio entrerriano, desde ninguna de estas reparticiones se ha sabido o podido frenar una serie de obras a la vera del arroyo Caraballo y el río Uruguay, en el departamento Colón.

Se trata específicamente de un terraplén –o endicado- de aproximadamente 8 kilómetros de longitud que se extiende paralelo a estos cursos de agua y que los altera, tanto como también al arroyo Juan Asencio que atraviesa el humedal denominado 2 de Agosto o del Caraballo. Dicha construcción la realizó la multinacional española Iberpapel SA, en una propiedad de unas 1.000 hectáreas que la firma posee dentro de la estancia La Pellegrini.

Esta alteración de un terreno muy sensible, que por ser un humedal está especialmente protegido en su alteración, se ha venido constando desde 2002. Desde entonces, ambientalistas han señalado del impacto negativo del laboreo para la producción intensiva agrícola, debido a la deforestación del monte nativo y el movimiento de suelo que “ha desalojado de su hábitat natural a más de 40 especies de mamíferos, casi 400 especies de aves, miles de insectos, plantas y árboles autóctonos”, así como la posible contaminación del agua potable con pesticidas.

Los ecologistas apuntaron que se comenzó con la quema del monte nativo, pajonales y especies autóctonas en el sector de humedales, dentro de lo que se denomina “limpieza” del terreno. Pero la intervención aún más agresiva la constituye la construcción del dique con fines productivos que con su edificación y mantenimiento afecta también la zona de ribera.

De acuerdo a estimaciones de los vecinos afectados, se calcula que suman unas 700 hectáreas dañadas, lo que equivale a dos veces la superficie de la ciudad de Colón. Según se explicó, el terraplén perturba la dinámica del río Uruguay cuando crece, al impedir que sus aguas ingresen sobre los anegadizos, afectando pues el equilibrio natural del área y generando un impacto negativo, tanto aguas arriba del arroyo Caraballo que desemboca en el río Uruguay como aguas abajo del curso mayor.

La frágil situación “se verá agravada en virtud de que las hectáreas afectadas serán utilizadas para explotación agrícola en las que se utilizarán herbicidas, pesticidas y fertilizantes, que inexorablemente llegarán al río Uruguay. Los primeros contaminados serán los peces, que luego consumiremos”, se advirtió en un informe que fue elevado a legisladores provinciales por el cual se requiere su intervención. En el documento que suscriben distintas instituciones, también se recuerda que las comunidades de Liebig, Balneario San José, Colón y Colonia San Anselmo –entre otras- se encuentran aguas abajo del polémico emprendimiento y que “utilizan para el consumo de la población el agua que se extrae del río”. Del mismo modo se destaca que “gran parte de la economía de la región depende de la actividad turística” y que el uso recreativo de la naturaleza forma parte del medio de vida y sustento de la población.

Cadena de favores

En diálogo con ANALISIS, Gastón Villanova, miembro y abogado de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón, recordó que la problemática tomó estado público a mediados del año pasado, pero que últimamente se profundizó.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)