El concejal Diego Iván Zapata, integrante del bloque de Juntos por el Cambio en Rosario del Tala -a 197 kilómetros de Paraná-, consiguió de la Justicia el beneficio de la prisión domiciliaria mientras avanza la causa penal en su contra por dos denuncias por abusos a menores.
De igual modo, el edil no podrá pasar rápidamente de los calabozos de la cárcel de Concepción del Uruguay al arresto domiciliario, sino que deberá aguardar que el Servicio Penitenciario de Entre Ríos disponga de tobilleras electrónicas. Ese fue el requisito que impuso el Ministerio Público Fiscal para acceder a la domiciliaria, consignó Entre Ríos Ahora.
Aunque la defensa no acordó con esa medida y apeló.
Zapata fue denunciado por el papá de un menor -la causa penal acumula dos denuncias por abuso: una víctima tiene 15, el otro 17 años- y a pedido de la fiscal Emilce Reynoso, de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, el 23 de julio la jueza de Garantías Silvina Cabrera dictó la preventiva por 90 días como forma de frustrar el entorpecimiento de la investigación que recién estaba en sus comienzos.
Los primeros 30 días los cumplió en la Jefatura de Policía de Tala; los restantes 60 días, en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay.
José Ostolaza, defensor del concejal, apeló la medida, que fue confirmada el 2 de agosto último por el camarista Fernando Martínez Uncal, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay.
Disconforme con esa resolución, la defensa apeló ante la Cámara de Casación Penal de Concordia, que rechazó el planteo y confirmó lo resuelto por los dos tribunales inferiores.
En su voto, la vocal María del Luján Giorgio desaconsejó otorgarle el beneficio del arresto domiciliario, por cuanto, aseguró “ya fueron evaluados el alto grado de probabilidad de intervención del enjuiciado en la causa en cada uno de los varios hechos que actualmente lo indican como sujeto activo de la figura legal en ciernes, evaluando el elevado monto de la pena en expectativa que impediría la condenación condicional -como un elemento más y no exclusivo fundamento- y la existencia de los riesgos procesales de entorpecimiento del proceso, con andamiaje en las referencias fácticas aludidas -amenazas, persuasión, divulgación de la intimidad, posición social, acotadas dimensiones de la localidad, desproporción respecto a las edades de los adolescentes desaconsejan su instrumentación. De tal manera, conceder en estas instancias el beneficio propiciado, sería desatender la cobertura también constitucional a las víctimas cuyas situaciones coyunturales están siendo aún investigadas”.
Zapata, además, de concejal de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante de Rosario del Tala, es enfermero en el Hospital San Roque, de esa ciudad, y también coordinador de la carrera de Enfermería en la Escuela Superior José Ossola. Fue licenciado sin dieta del Concejo, y suspendido por Salud y Educación, respectivamente, en los cargos que ocupaba. Integra, además, el consejo directivo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Tala.
En la discusión en Casación de la causa, Luciana Cometti, integrante del Ministerio Público Pupilar, relató pormenores de la causa y refirió de qué modo Zapata hostigaba a los menores para que mantuvieran relaciones sexuales no consentidas con él. Una de las víctimas contó en Cámara Gesell que el concejal de Juntos “lo amenazaba que si no estaban con él, lo iba a delatar por la red social Instagram”. Y contó también que “todos los damnificados recibieron el hostigamiento de Zapata para los encuentros sexuales”.
El último 20 de octubre la jueza de Garantías de Rosario del Tala dio acogida favorable al planteo y decidió mantener al concejal Zapata con prisión preventiva en la Unidad Penal de Concepción del Uruguay, por 60 días, período que venció este martes 20 de diciembre.
La defensa del edil apeló esa decisión ante el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay, que con la firma del juez de juicio Fernando Martínez Uncal confirmó esta semana la prisión preventiva del concejal. Pero el concejal recurrió ante la Cámara de Casación Penal de Concordia, que decidió otorgarle domiciliaria.
La medida deberá aguardar para materializarse a que se disponga de tobillera electrónica.
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