La Defensoría General firmó convenios de colaboración que se suman a las acciones que se vienen desarrollando para promover el respeto de los derechos humanos de las personas con restricción de su libertad.
El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos establecerá nuevas acciones para fortalecer la prevención de la tortura y tratos crueles a personas privadas o con restricción de su libertad en la provincia. Con ese objetivo, durante una reunión realizada días pasados, el defensor general, Maximiliano Benítez, firmó convenios con representantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y su par provincial.
Con la delegación del CNPT, el Ministerio Público de la Defensa suscribió un convenio marco de colaboración y otro específico para la cesión a la Defensoría General del uso del Sistema Informático de Prevención de la Tortura (SIPRET), desarrollado por el organismo nacional. Esto permitirá la implementación del Registro de Casos de Violencia Institucional creado en el marco del “Protocolo de Actuación para Defensores Públicos ante casos de Violencia Institucional”, establecido por Resolución 042/2019.
Para la implementación de este sistema se mantuvieron reuniones en las que el Comité Nacional brindó asistencia técnica y se realizó un intercambio sobre la metodología del Registro Nacional de Tortura y Malos tratos del CNPT para su aplicación a nivel provincial.
Por otro lado, Benítez y el presidente del Comité Provincial, el senador Juan Pablo Cosso, suscribieron un convenio de colaboración para establecer acciones que contribuyan a prevenir la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en Entre Ríos. Esta decisión se enmarca en la Ley Nacional Nº 26.827, la Ley Provincial Nº 10.563 y su modificatoria Nº 11.059, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (UNCAT) y su Protocolo Facultativo (OPCAT).
A partir de este acuerdo, ambas instituciones cooperarán para promover los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y prevenir la tortura. Esto incluye el intercambio de información, experiencias y desarrollo de actividades de monitoreo y supervisión, investigación, capacitación y asistencia técnica.
Cabe recordar que en 2019 el Defensor General aprobó el Protocolo de Actuación para Defensores Públicos ante casos de Violencia Institucional, el cual fijó una serie de pautas de intervención y registro de denuncias de violaciones de derechos en el contexto de restricciones de la libertad y autonomía.
En esa misma línea, en 2024, el MPD y otros organismos de los poderes Ejecutivo y Judicial acordaron las pautas de intervención ante situaciones que involucran a personas con crisis de salud mental y/o consumos problemáticos de drogas en el espacio público, enfocado en la actuación policial.
Además de Benítez, de la reunión participaron el defensor de Coordinación, Gaspar Reca Ríos, y Lucía Tejera, responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional. Por el Comité Nacional estuvieron las comisionadas Rocío Alconada Alfonsín y Natalia Gabellini y el comisionado Kevin Nielsen; mientras que por el Comité Provincial lo hicieron la comisionada Sofía Stamatti y los comisionados Ignacio Journé y Juan Pablo Cosso.
