Tal como anticiparan el martes pasado, cuando se vivió una jornada caliente en la Cámara de Diputados, el interbloque Juntos por el Cambio se presentó en la Justicia para impugnar el procedimiento por el cual se renovó el protocolo de funcionamiento remoto.

De esta manera, la principal bancada opositora ratificó su rechazo al acuerdo que alcanzaran oficialismo y el resto de los bloques, es decir “por mayoría”, en la última reunión de Labor Parlamentaria, que duró siete horas.

Los diputados del Pro, la UCR y la CC-ARI reclamaron el martes pasado sesionar de manera presencial, dado que el protocolo estaba caído desde los primeros días de agosto, y el mismo prevé que su renovación debe darse por el “consenso” entre las fuerzas políticas.

Pese a los reparos de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, con acompañamiento del Interbloque Federal, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, la izquierda y el Movimiento Popular Neuquino, llevó adelante la sesión en la que, luego de seis horas de chicanas y reproches, se sancionó la ley de asistencia al turismo y se dio media sanción a un proyecto para aumentar las multas por pesca ilegal.

Este lunes, los diputados Mario Negri -presidente del bloque UCR y del interbloque-, Cristian Ritondo -titular del bloque Pro-, Maximiliano Ferraro -jefe del bloque CC-ARI-, Gustavo Menna, Mariana Stilmann y Pablo Tonelli presentaron el amparo ante el fuero Contencioso Administrativo.

Los legisladores son patrocinados por los abogados Antonio María Hernández y José María Sola (especialistas en derecho constitucional). Aún queda pendiente el sorteo del juzgado donde recaerá la causa.

En la extensa presentación, los demandantes reclaman que se declare “la invalidez y nulidad de la prórroga del Protocolo de Funcionamiento Parlamentario Remoto, así como también de la sesión especial referida y de “todos los actos que impidieron nuestra función legislativa”.

“Esa nulidad también alcanza a los actos producidos por el presidente de la Cámara que nos  consideró ausentes en la sesión, cuando es de público y notorio que estábamos presentes en el recinto, en cumplimiento de nuestras funciones, ya que el Protocolo citado había caducado el 7 de agosto pasado. Ello, en tanto el tratamiento dado a la prórroga referida como la celebración de la sesión de referencia y los actos señalados que desconocieron nuestra  legítima representación popular y ejercicio de funciones legislativas, lo han sido en abierta violación de los Arts. 1, 22, 31, 33, 36, 37, 44, 45, 63, 64, 66 y 75 y concordantes de la Constitución Nacional y Arts. 14, 15, 19, 22 y 36 bis del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación”, puntualiza la presentación.

Para Negri, Ritondo y compañía, “se ha tratado de la vulneración de nuestros derechos como diputados nacionales y del pueblo que legítimamente representamos, en uno de los episodios de mayor gravedad institucional que registra nuestra historia y que ha herido la democracia argentina, como se fundamentará más adelante”.

Aclaran los demandantes que no buscan impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados que integran, sino “todo lo contrario, pero siempre en base al cumplimiento estricto de las normas constitucionales que regulan el funcionamiento del Poder Legislativo, a su Reglamento respectivo y a sus prácticas institucionales e históricas”.

“Todo ello, a los fines de garantizar la validez de las normas que se pretenden sancionar, las que en orden a las irregularidades y nulidades que aquí se denuncian, podrían verse reiteradamente cuestionadas en los tribunales, por los particulares sujetos a sus disposición”, agregan. (Parlamentario)