El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, promulgó ayer la ley de Ficha Limpia, que impide la candidatura a cargos públicos electivos provinciales y municipales a los condenados por sentencia judicial en segunda instancia por delitos asociados a la corrupción, los que van en contra de la integridad sexual, la vida y la libertad de las personas. Salta se suma a Chubut y Mendoza, las otras dos provincias que impusieron la ficha limpia como condición para seleccionar a sus candidatos.

El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados provincial el 27 de octubre, fue impulsado por la diputada Laura Cartuccia, una de sus autoras junto al presidente de la Cámara, Esteban Amat Lacroix. “Esta ley enaltecerá la política y recuperará la confianza en nuestras instituciones”, dijo la diputada Cartuccia al diario Clarín.

La inhabilitación temporal aplicará a quienes hayan sido condenados en segunda instancia (por un tribunal de apelaciones) por delitos incluidos en el libro segundo del Código Penal: aquellos asociados a la corrupción (delitos contra la administración pública tales como cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles por el ejercicio de funciones públicas, asociación ilícita, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y encubrimiento), contra las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad y contra el orden económico y financiero.

A nivel nacional, esta iniciativa surgió en 2016, cuando la diputada Silvia Lospennato, acompañada por las diputadas Graciela Ocaña, Brenda Austin y Karina Banfi entre otros, presentó el primer proyecto de ley de Ficha Limpia, cuyo tratamiento quedó trunco por la resistencia de la oposición que entonces ejercía el peronismo. El mes pasado, la diputada Lospennato intentó nuevamente introducir el debate en la Cámara, pero el proyecto volvió a ser rechazado por todos los integrantes del Frente de Todos.

Mientras en el Congreso se discutían los proyectos de ley, en 2019 surgió el movimiento ciudadano apartidario “Ficha Limpia”, que desde las redes sociales impulsó la iniciativa a nivel nacional, provincial y municipal. Ya recolectó 376.700 firmas en una petición en Change.Org, y logró que en el año 2020 primero Chubut y luego Mendoza convirtieran su propuesta en ley.

“Estoy muy emocionado. Ha sido mucho el trabajo y esfuerzo por parte de miles de argentinos a lo largo de estos tres años. Solo espero que se reconozca siempre la labor de la sociedad civil. Y ese mensaje es para ciertos políticos que gustan de aparecer cuando les conviene para adueñarse del trabajo ajeno”, reflexiona ante Clarín Gastón Ignacio Marra, el incansable impulsor de la ficha limpia en todo el país.

“Dentro del movimiento ciudadano que lucha por esta agenda hay pilares muy importantes como Fanny Mandelbaum, Alejandro Fargosi, Alejandro Drucaroff, Marta Oyhanarte, Carlos Lelio y Teodoro Kreckler, aunque podría seguir horas nombrando porque somos miles y miles los ciudadanos con quienes nos acompañamos cada día” comenta Marra.

Las leyes aprobadas en Salta y Chubut difieren en el alcance y momento de aplicación de la inelegibilidad respecto de la norma vigente en Mendoza. En esta provincia la ficha limpia abarca cargos públicos en general (no sólo los electivos) y rige a partir de la condena en primera instancia.

La próxima estación para los impulsores de la sociedad civil es Córdoba: el 16 de noviembre comienza el segundo intento de tratamiento, y el movimiento ciudadano junto al legislador de Juntos UCR Marcelo Cossar buscarán convertir a Córdoba en la cuarta provincia “Ficha Limpia en Argentina”.

El año pasado, el bloque de Hacemos por Córdoba no habilitó el debate. Pero los cuatro diputados nacionales del espacio del gobernador Juan Schiaretti votaron el 26 de octubre a favor del tratamiento de “Ficha Limpia” en el Congreso Nacional. ¿Habrá un cambio de postura de los legisladores cordobeses de ese espacio?