Por Carlos Del Frade (*)

Vicentin es la síntesis de las impunidades reinantes en la Argentina crepuscular del tercer milenio. Su actual presidente, Omar Scarel, consiguió su libertad luego de pagar 500 mil dólares. ¿De dónde salió semejante masa de dinero? ¿Cómo hace una persona que lidera una empresa en proceso preventivo de acreedores y sujeta a cinco causas penales más para tener acceder a esa cantidad de dinero?

La historia, en estos días, tiene además de Scarel a un juez de la ciudad de Rosario, Nicolás Foppiani.

El argumento del juez Foppiani para otorgarle la libertad a Omar Scarel, presidente de Vicentin, porque la venta del 33 por ciento de Renova a Viterra que es Glencore iba a ser detectada no significa que el delito no se cometió, significa que fue descubierto por los fiscales.

Scarel garantiza el depósito de 500 mil dólares en horas y Viterra que es Glencore sigue exportando por miles de millones de dólares en medio de un país saqueado y enfermo de justicia clasista que siempre duda a favor del poderoso.

De hecho, el principal exportador hoy de la Argentina es Viterra que es Glencore, el mismo grupo que hace una semana atrás fue condenado a pagar 1.500 millones de dólares por coimas en distintos países.

Mucha impunidad para los delincuentes de guante blanco, mucha injusticia social para millones de personas que no le pueden empatar al fin de mes. Hay que seguir la pelea por una Argentina con soberanía económica y ambiental y democratizar la democracia.

Pero hay más.

Hay una historia en la que también participó el juez Foppiani.

En la noche del 3 de abril de 2020 falleció Emanuel Antonio Rodas, quien se encontraba en prisión preventiva en la cárcel de Piñero, en el departamento Rosario. Se trata de un hecho no sólo lamentable, sino también evitable, en tanto que de acuerdo al informe preliminar de autopsia, el fallecimiento estaría relacionado con la enfermedad que padecía el joven, "indicios de una muerte por causa natural a partir de una tuberculosis que genera hemorragia pulmonar severa", indicaron desde Fiscalía.

Lo cierto es que esta situación no fue ponderada por el Juez Penal Nicolás Foppiani, ni por el Ministerio Público Fiscal, que también se opuso a la libertad del procesado, a pesar de los evidentes riesgos que el encierro importaba para su vida.

La muerte de Emanuel Rodas en la cárcel de Piñero pone en evidencia una vez más el desigual trato que brinda el Poder Judicial a las/os ciudadanas/os santafesinas/os. A raíz de estos sucesos, en fecha 8 de abril de 2020, el Procurador General de provincia, Jorge Barraguirre, decidió abrir una investigación en torno a la conducta del juez penal de Rosario, Nicolás Foppiani, quien impuso una caución de 10 mil pesos para que Emanuel Rodas pudiera recuperar la libertad y a solicitud del fiscal, rechazó la oferta del defensor oficial de 4 mil pesos, que fue todo lo que la familia del joven podía juntar.

Según publica el diario Página/12 de fecha 9 de abril “Con todos esos argumentos, el Procurador actuó. "En razón de lo expuesto, considero pertinente que por vía de esa Se-cretaría de Gobierno se disponga se remitan en forma urgente a esta Procuración General las actuaciones judiciales referidas al caso Rodas, al que la señora Defensora general hace referencia”.

Foppiani, el juez que le dio la libertad a Scarel, presidente de Vicentin, por 500 mil dólares, no se la concedió a la familia de un pibe que no podía juntar 10 mil pesos y entonces el muchacho murió en la cárcel. Ese el juez Foppiani.

Clasismo explícito, uno de los condimentos de la impunidad de Vicentin.

(*) Diputado provincial de Santa Fe y periodista. Publicado en Pelota de Trapo