Aunque Rodríguez Signes da algunas pistas: abarcaría las tierras que están en el sur del departamento Gualeguay, y parte del departamento islas del ibicuy. “No incluye el delta sobre el departamento Victoria porque son tierras inundables. Pongamos que sería una extensión que conforma un arco de entre 30 a 50 kilómetros desde el Puerto Ibicuy”.

Aunque enseguida aclara: “Todavía no está definido. Eso estará en el decreto reglamentario”.

El texto de ley que el viernes sancionó el Senado dice: “Declárase de interés público provincial toda acción o iniciativa que tenga por finalidad la transformación de las tierras de propiedad fiscal de la provincia de Entre Ríos actualmente improductivas y el mejoramiento, modernización y la ampliación de la capacidad instalada de los puertos de la Provincia de Entre Ríos, en un marco de desarrollo económico sustentable”.

Y para cumplir ese objetivo, da forma a la Arroz del Delta Entrerriano SA, una empresa de origen estatal que se regirá por la Ley de Sociedades Comerciales, cuyo objeto será “ejercer la titularidad de la concesión para la administración, transformación, desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial, de las tierras fiscales” que el Poder Ejecutivo provincial “identifique como aptas para ser incorporadas”.

Esa sociedad tendrá un capital accionario todavía no determinado, conformado por tres clases de acciones. El tipo A, se constituirán con no menos del 60 por ciento del capital social, serán libremente transferibles y se adjudicarán en concurso público nacional.

Su titular tendrá el gerenciamiento de la sociedad. Las del tipo B, que representarán hasta un 20 por ciento, se distribuirán mediante un sistema de programa de propiedad participada entre los diez productores agroindustriales radicados en la Provincia de Entre Ríos que registren el mayor volumen de producción originaria del territorio provincial y que voluntariamente manifiesten su interés en suscribirlas. Y las de clase C, intransferibles, representará el otro 20 por ciento, y estarán en manos del Estado.

Rodríguez Signes explicó que la idea consiste en que “el gobierno no vende un centímetro cuadrado de tierra del dominio público, porque no es una ley que autorice venta. El Estado, a través de esta SA, sólo presta, vía concesión, el uso de tierras públicas. ¿Y por qué arroz, y por qué en el sur? El ejemplo es Mazaruca, que antes de ser lo que fue, fue, en la década de 1940, una arrocera”. Aunque no sólo arroz: también trigo, también soja.

Dijo que la iniciativa ahora en marcha no es contradictoria con la política desarrollada hasta aquí por el gobierno en materia de tierras fiscales.

En abril de 2009, el fiscal de Estado elaboró un dictamen que sirvió de base para la batalla legal que la Provincia emprendió en los tribunales de la Provincia contra las cientos de usurpaciones de tierras de dominio público. Allí fijó claramente que las tierras fiscales son de bienes “imprescriptibles” sobre los cuales “no es posible fundar ninguna posesión de parte de los particulares”. Y que no se pueden vender ni tampoco enajenar.

“La defensa la hemos ejercido de todos los modos posibles. Ahora, pretendemos dar algunos pasos adelante. Y para eso, la Unidad de Control de Inmuebles, que hoy está bajo la órbita de la Escribanía Mayor de gobierno, va a pasar a depender de la Fiscalía de Estado. En paralelo, está esta idea de crear una sociedad anónima como figura para que administre las tierras fiscales”, señaló.

Explicó que lo que ahora se pretende dista de la experiencia fallida que ocurrió en la década de 1970 cuando el Estado malvendió parte de las islas Lechiguanas, en el departamento Gualeguay. Fue durante el gobierno de facto de Ricardo Favre, cuando se pretendió endicar 80 mil hectáreas de islas para dedicarlas a la agricultura: Lechiguanas.

Las islas volverían a ser el centro de otra polémica, ya en la década de 1970: entonces Entre Ríos tenía un gobierno de facto, encabezado por Ricardo Favre, quien motoriza un negocio en las Lechiguanas con participación de empresarios, tendiente a conseguir el endicamiento de unas 80 mil hectáreas de modo de ponerlas a salvo de eventuales inundaciones y destinarlas a actividades agrícolas. La inundación de 1983 terminó por sepultar aquellos sueños de faraón, aunque las tierras no volvieron a recuperarse, sino que pasaron a manos privadas. “Nada que ver –dice Rodríguez Signes. Aquello fue vender a precio vil en condiciones desfavorables a empresas absolutamente insolventes, todo lo cual terminó en la quiebra”, publicó El Diario.

Alrededor de 190 mil hectáreas es la extensión de tierras que la provincia posee en el Delta, de las cuales la mitad fueron usurpadas por particulares en los últimos años. Buena parte de esas tierras han ido recuperándose con acciones legales, aunque en otros casos ya hay cosa juzgada, publicó El Diario.