Rodríguez Signes y la pericia de los contratos: “Tenemos una determinación del perjuicio”

El Fiscal de Estado provincial interviene en la causa de los contratos truchos en representación del Estado como actor civil. En una entrevista con Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) habló de la pericia contable que se conoció recientemente sobre el monto sustraído a las arcas de la Legislatura. Aseguró que ahora “se podrá avanzar” y explicó cómo se llegó a esa cifra. Asimismo, aseguró que por ahora la parte dos de la causa “no existe”.

—Según la pericia, fueron 38.797.544 dólares, ese fue el fraude ¿Esto no lo sorprendió?

—Yo vengo desde el primer momento que se planteó esta investigación preliminar, la Fiscalía de Estado decidió constituirse como actor civil. De los pocos casos que lo estamos haciendo, dadas las circunstancias económicas. Participamos de la primera pericia que hizo el contador Enrique. La reciente está hecha con un criterio un poco más restrictivo.

—No es un detalle menor, porque estamos hablando específicamente de los contratos ligados a Mena y Beckman.

—Acá hay un listado de 770 contratos, que son los que el Ministerio Público Fiscal mandó a investigar porque considera que esos listados son los irregulares.

—Pero hay contratos que están faltando en la pericia, los contratos de Ballestena, que entre 2015 y 2018 cobró personalmente 6.970.000 pesos por 445 cheques. Su mujer 5.800.000 y su hija 2.200.00. Eso no aparece en la pericia. Lo mismo pasa con gente allegada al actual intendente Adán Bahl, a el exvicegobernador José Cáceres, al exsenador Enrique Cresto, por citar algunos.

—El Ministerio Público Fiscal que es el que ejerce la acción penal determinó un universo de 770 contratos, a eso se limitó la pericia. La parte actora, la Fiscalía de Estado y la defensa plantean lo que se llaman puntos de pericia. Los peritos se limitan al examen de los puntos de pericia que plantean las partes, no entran a examinar cuestiones que están afuera, sino la pericia sería nula. Entonces el MPF envió un listado que está en un anexo de 770 contratos, y le pide una operación relativamente simple a los peritos que es que sumen cada uno de los pagos que se les realizaron a estos 770 contratados. Y eso es lo que da 1.100 millones de pesos. A la moneda dólar no la considero demasiado porque utilizamos pesos y después se actualiza a la tasa de interés activa. Entonces eso da un poco más de 300 millones de pesos de capital, actualizado a intereses son 1.100 millones de pesos. De por sí es una suma importantísima y el rol nuestro es procurar el recupero en el caso que se llegue a una condena.

—En el listado de la pericia aparece una de las personas que está actualmente detenida en Paso de los Libres vinculada con el narcotráfico, cobró 1.600.000 pesos de contratos. La pregunta que uno se hace es ¿puede haber existido una línea relacionada al narcotráfico?

—Puede ser, acá no se descarta nada. De todas formas, el delito que se investiga acá es el fraude a la administración pública. Lo que no quiere decir que en el transcurso de la investigación si surgen otros hechos, se inicien otros procesos distintos. Acá está dirigido al fraude a la administración pública y asociación ilícita.

—Los abogados defensores de algunos imputados se expresaron con cierto fervor, como si tuvieran razón en sus argumentos ¿Fervor por qué?

—Cada uno tiene su estrategia. Yo en lo que refiere a la Fiscalía de Estado, a la representación que hago del Gobierno Provincial, digo que necesito esta pericia para ejercer la acción civil porque la demanda la tengo que ejercer sobre una suma de dinero determinada. La prueba respecto a la irregularidad de los contratos no está en la pericia. No estaba en discusión en la pericia si los pagos estaban bien o mal hechos. Sino el monto que se les había pagado en el período que va de 2008 a 2018 a 770 contratos que el MPF había determinado. Yo creo que tenemos ahora una determinación del perjuicio y con eso podemos avanzar.

—En la pericia figuran los presupuestos de las cámaras de Diputados y Senadores, en 2018 Diputados ejecutó 99,45% y en el senado el 98,44%. La jueza de Garantías Marina Barbagelata les ordenó a la Legislatura que no paguen más los contratos que aparecían como denunciados. Y acá está claro que siguieron pagando a los contratados.

—A lo mejor son otros contratos. El presupuesto se ejecutó, a lo mejor se pagaron otros. Puede haber pasado.

—¿Había que usar la plata sí o sí? Usted fue presidente de la Cámara de Diputados, sabe cómo funcionan las cosas.

—Normalmente se ejecutan de los presupuestos el 100%. Probablemente hayan celebrado nuevos contratos. Los organismos lo ejecutan.

—Ahora hay que elevar la causa a juicio. En este año no hay fecha, porque el cronograma de juicios se cubrió de punta a punta.

—No, pero yo diría que hay elementos para ir cerrando. Hubo una pericia que se hizo por un perito del MPF, fue cuestionada, el Tribunal la dejó sin efecto, se designó a la doctora Batiti par que haga esta, las partes pudieron proponer sus peritos, la pericia se hizo y acá está. De manera que el proceso se está llevando adelante regularmente.

—¿Cómo observó la jugada de los defensores de llevar la causa a la Justicia Federal, bajo un supuesto argumento de que este dinero desviado correspondía a lo utilizado por el PJ en campañas electorales? Está claro que el dinero salió del Presupuesto del Estado de Entre Ríos, por más que ellos quieran confundir con un argumento falso.

—Ahí tenemos una diferencia. Nosotros vemos que lo que se está investigando es un delito en el ámbito de la administración provincial. Consecuencia ese es el dato gravitante para fijar la competencia, y creo que es la competencia que se está ejerciendo actualmente. Yo he ejercido como abogado defensor y plantearía todas las opciones que tenga. Como abogado de la provincia que soy digo que el fraude es contra la administración provincial con dinero del presupuesto. Si la plata fue al bolsillo de alguien o a las arcas de un partido, es otra cosa. El perjuicio es contra la administración pública por lo tanto tengo que defender el fuero provincial.

—Hubo mucha gente que se molestó porque el procurador Jorge García decidió dividir en dos partes la investigación. Esta es la primera, con los que están imputados actualmente los integrantes del grupo de tareas Mena-Beckman, con los referentes políticos que aparecen alrededor. 

—Ahora el juicio pasaría al 2022. Además digamos que hay cuestiones que resolver. A lo mejor los fiscales consideran que la prueba está producida y es suficientes para pedir la elevación a juicio, a lo mejor los defensores dicen que no, después tiene que resolver el juez de Garantías. Hay muchos imputados, muchos testigos, muchas contingencias. Hace dos semanas temrinó un juicio por la venta del frigorífico Santa Elena a la Granja Tres Arroyos, del año 2006 es la venta, el terreno se inició con 60 ocupantes y hubo que iniciar un juicio de desalojo. El juicio tuvo sentencia en primera instancia en el año 2018, 12 años después, y sentencia de cámara hace tres semanas. Conclusión, 15 años para un juicio de desalojo. No es que le adjudique responsabilidades al Poder Judicial. A veces cuando los procesos son con múltiples demandados, y en este caso de imputados, las defensas posibles son muchas, y los juicios se demoran. Pero esta causa de los contratos se está desarrollando regularmente, lo quiero destacar porque muchas veces se habla de la presión que ejerce el poder político, pero en este caso la acción se está haciendo bien.

—Pero la clase política y el Poder Judicial se deben sentar para ver cómo achicar estos tiempos, porque no puede ser, porque la gente se enoja.

—Y para los imputados también, porque conozco casos con imputados hace cinco o seis años. Entonces la verdad es que corresponde para todos que los procesos se sustancien más rápidamente. Ahí está el juego de las garantías procesales.

—En el juicio mucha gente va a hablar, me imagino. Pero si no, la parte dos va a ser compleja.

—La conducta humana impredecible. Yo lo que tengo que hacer es ejercer la acción civil. El fiscal ejerce la acción penal, los defensores la defensa.

—¿Usted duda que se haga la parte dos?

—Si me pregunta fríamente, la parte dos para mí no existe. No hay proceso. Salvo que se dispare la parte dos por cualquier circunstancia, porque emerja de este proceso o no. Acá estamos en el comienzo de la parte uno y terminando una pericia que determina la cuantía de la investigación preliminar, falta la elevación a juicio y el juico, que se va a hacer porque hay prueba.

El acto incluyó presencia física de algunos dirigentes.

"El tiempo que sea necesario para que bajen los contagios", expresó la titular del sindicato.

"Lo que les pido a todos es que entendamos por lo que estamos pasando y nos hagamos cargo”, dijo.

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"El que dispuso ese tiempo de cinco años no tiene la más mínima idea de lo que significa el manejo de la política criminal dentro de un sistema jerárquico”, afirmó Federik.

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