De ANÁLISIS

La investigación por presunta evasión fiscal y lavado de activos contra la familia Villegas, propietaria de la cadena de farmacias de Entre Ríos, sigue adelante con el análisis de diversas pruebas, como documentación secuestrada en los allanamientos y escuchas telefónicas. Ante la sospecha del delito de blanqueo de activos, la Unidad de Información Financiera presentó ante el Juzgado Federal de Paraná un pedido acceso al expediente, informaron a ANÁLISIS fuentes directamente vinculadas a la causa.

La UIF es el organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, aunque tiene autonomía y autarquía, y se encarga del “análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. Hace un mes, el Gobierno nacional designó como presidente al fiscal federal Paul Starc.

La entidad oficial solicitó que le corran vista de la causa Villegas para analizar las actuaciones y las pruebas de la investigación, y luego evaluar presentarse como querellante si constatan operaciones sospechosas. En tal caso, la causa contaría con la acusación del Ministerio Público Fiscal, y dos querellas, ARCA (exAFIP) y la UIF.

El ente recaudador se centraría en el delito de evasión fiscal, mientras que el organismo antilavado justamente podría seguir la pista del origen del dinero supuestamente blanqueado en las millonarias inversiones detrás del estrepitoso crecimiento de la cadena de farmacias en toda la provincia.

Cabe recordar que la investigación comenzó en 2022, y el jueves 12 de septiembre del año pasado se llevaron adelante 16 allanamientos simultáneos a la sede central de la farmacia Villegas de calle Don Bosco y Sosa Loyola, así como en domicilios particulares y en el estudio de los dos contadores sospechados de las maniobras ilícitas, Gustavo Passadore y Juan Carlos Kochendorfer. 

Se sospecha la comisión de los delitos de Evasión agravada y Lavado de activos por parte del grupo “Farmacias Villegas” integrado por personas físicas y  jurídicas. En los últimos años han detentado una significativa expansión territorial, adquiriendo un importante número de farmacias –la mayoría de ellas en actividad–. Al momento de las requisas eran titulares de 30 farmacias a lo largo de la provincia de Entre Ríos, concentrando así el negocio farmacéutico.

Aquellos allanamientos se habían librado bajo “la sospecha seria, objetiva y también documentada de que Enrique Gustavo Passadore, Juan Carlos Fabian Kochendoerfer, Fabián Villegas, Máximo Villegas, Augusto Villegas, Ignacio Villegas, Mariela Raquel Lissa, junto con las empresas ‘Consultora P & K Sociedad Anónima’ y ‘Brick Construcciones SRL’ conformarían un grupo económico respecto del cual se habrían detectado maniobras destinadas a la evasión de impuestos y lavado de activos de origen delictivo, por cifras de gran magnitud, que agravarían tales conductas”, según se lee en los fundamentos.

Nulidades denegadas

A fines del año pasado, las defensas de los acusados, representados por los abogados Emilio Cornejo Costas, Sofía Belén Calviño, Pablo José Franco y Matías Francisco Roldán, pidieron la nulidad de los allanamientos por “una manifiesta falta de fundamentación”, al tiempo que solicitaron la “devolución de los efectos secuestrados y el archivo de las actuaciones”.

Afirmaron que “no se ha comprobado la existencia de un ilícito penal precedente, sino tan solo un estado de sospecha denunciado por parte de la AFIP, quien junto al Fiscal y, durante más de nueve meses de intervención telefónica, no recabaron elementos objetivos que justificaran medidas de esta naturaleza”. En esta línea, agregaron: “ARCA no se tomó el trabajo de explicar cuál sería la actividad ilícita de la familia Villegas que autoriza a hablar e imputar con una liviandad llamativa el delito de lavado de dinero”.

Tanto la Fiscalía como la querella de ARCA rechazaron los planteos de la defensa. Afirmaron que la denuncia se motivaba en el hecho de haber detectado “continuas y severas irregularidades en relación a la situación fiscal”. Detallaron que “Los ‘Villegas’ son inversores en los múltiples fideicomisos de construcción llevados adelante por Passadore y Kochendoerfer, dato que no solamente da por tierra la hipótesis defensiva sino que además, al no haber sido declaradas ante el Fisco, desnudan el perfil de contribuyente que detentan los investigados: el de aquellos que pretenden ocultar su realidad económica para eludir y evadir el pago de impuestos”.

Y agregaron que “ninguna de las sociedades formadas por ellos ha pagado impuestos desde su constitución o bien los montos ingresados son irrisorios en relación al movimiento económico desplegada por cada uno de ellos. Bajo el mismo patrón de comportamiento, los integrantes de la familia Villegas no presentan declaraciones juradas de impuestos a las ganancias y todos están registrados como monotributistas, situación que no se condice con la realidad económica plasmada en exorbitantes movimientos financieros que incluyen adquisición de bienes de lujo, compra de divisas y viajes frecuentes al exterior”, según se lee en la resolución judicial de fines de diciembre.

En la resolución del Juzgado Federal a cargo de Leandro Ríos, se explicó que el pedido de allanamientos fue acompañado por “9 legajos de prueba documental y se dispusieron intervenciones telefónicas, que analizadas y valoradas por un organismo especializado en materia tributaria como es la AFIP-DGI, fundamentó la necesidad de contar con ciertos elementos de prueba diferentes a los que ya tenía el ente fiscalizador y así poder efectuar una determinación precisa de los extremos fácticos que exige la Ley Penal Tributaria”.

“Este Juzgado Federal N°1 de Paraná, en ejercicio del control de razonabilidad y legalidad de las medidas solicitadas por la AFIP-DGI y el Ministerio Público Fiscal, libró las 16 órdenes de allanamiento, recordando que su libramiento no exige semiplena prueba de culpabilidad de la persona que debe tolerar el allanamiento (…) Basta con que la decisión se funde en circunstancias concretas que permitan sospechar que en el inmueble cuyo allanamiento se ordena, se encuentren elementos relacionados con alguna de las infracciones a la ley N° 27.430 y/o art. 303 del C.P., siendo la medida idónea para esclarecer la sospecha objetiva y dar paso al inicio de una causa judicial o al archivo de las mismas (art. 18 de la misma ley)”, agregó la resolución del 27 de diciembre.

Además, valoró que “las circunstancias informantes que surgen de las labores preventivas y de análisis tributario efectuado por la AFIP - DGI, nutren un estado de sospecha previo y razonable, que reviste los caracteres indispensables para que el juez como sujeto cognoscente evalúe su necesidad, no advirtiéndose en el presente que la orden de allanamiento haya sido infundada o carente de los elementos de prueba propios de esta instancia, pues debe advertirse incluso, que en la resolución cuestionada se denegaron ciertas medidas cautelares patrimoniales, en el ejercicio del contralor judicial”.

Tras el rechazo, los defensores presentaron un recurso de apelación que debe ser tratado y resuelto por la Cámara Federal de Paraná. Cabe aclara que los acusados no fueron indagados, por lo que su situación es de imputados, aún no están procesados por los delitos mencionados.