La pobreza azota sin piedad a la población más vulnerable de nuestro país, la niñez. De acuerdo al INDEC, en 2022 el índice creció hasta alcanzar el 54,2% de esa franja, lo que se traduce en seis millones de chicos hasta 14 años que viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. Según Unicef, ese porcentaje trepa al 66% si se suman aquellos chicos que están privados de algún derecho, como el acceso a la salud y a la educación.

Estas estadísticas, aunque implacables, no parecen conmover al Gobierno, que en 2022 subejecutó partidas claves destinadas a la infancia. En lo que va del año el panorama no mejora, pues las partidas dirigidas a reforzar ingresos de los hogares más vulnerables no tuvieron mayores incrementos hasta ahora, por lo que la inflación –que en el primer bimestre acumula el 13,2%- se encarga de hacer el ajuste. A eso se suma que otras partidas, destinadas a la contención y a la salvaguarda de los derechos de la infancia han sufrido –y sufren- fuertes recortes.

Los legisladores habían incluido en la ley de presupuesto 2023 refuerzos en varios rubros que venían con ajustes importantes, como política alimentaria, becas estudiantiles y asignaciones familiares. Fue en vano: el Poder Ejecutivo, cuando distribuyó en enero pasado los créditos entre las distintas jurisdicciones, no incorporó ninguno. Así, el presupuesto 2023 destinado a la infancia quedó con contracciones de entre un 13,3% y un 22,2%, según el índice inflacionario que se considere, advirtió Unicef.

Una de las partidas más afectadas es la de asignaciones familiares. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las asignaciones familiares de los trabajadores activos tuvieron un recorte del 56,4% en términos reales interanual “producto de la actualización del valor de las prestaciones por debajo de la inflación (72,5% vs 100,7%)”. En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se redujo un 2,7% interanual por el mismo motivo.

Recién a partir de marzo pasado esta situación comenzó a revertirse tras la decisión de Anses de incrementar a $404.000 el tope para que un asalariado perciba la asignación familiar. Si bien el Gobierno exaltó que esta medida beneficiará a unos 900.000 chicos y adolescentes que volverán a cobrar el salario familiar, lo cierto es que no se prevé compensación alguna por lo perdido durante 2022, amén de que los nuevos aumentos anunciados (del 17,4%) siguen corriendo por detrás de la inflación.

Subejecuciones y ajuste

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, por su parte, anunció un aumento de $400 millones para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; una cifra minúscula, advirtió la oposición, si se la compara con los $40.000 millones que el Gobierno le giró a los intendentes bonaerenses en lo que va del año, o los 14.025 millones con que se favoreció a un grupo de universidades nacionales, la mayoría del conurbano bonaerense.

“Desde la presentación del presupuesto 2023 habíamos advertido que los fondos destinados a niñez eran insuficientes y menores que los del año pasado. En un contexto donde 2 de cada 3 niños son pobres, no podemos permitir que se recorten los recursos a la niñez. El supuesto aumento resulta claramente insuficiente”, acusó la diputada radical Roxana Reyes, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes.

Además de que las partidas se licúan por la erosión inflacionaria, el Gobierno subejecuta y, lo que es peor, aplica recortes en rubros por demás sensibles para la niñez, como educación, salud, cultura, contención y acompañamiento.

De ello da cuenta el monitor de ejecución presupuestaria de la OPC que ausculta las acciones destinadas a niñez y adolescencia (NNyA). Allí se observa que si bien las partidas dirigidas a reforzar los ingresos y la nutrición de los chicos están por encima del promedio de ejecución de este primer trimestre, hay otras que ni siquiera fueron ejecutadas o que incluso presentan fuertes ajustes respecto del crédito inicial.

En el rubro Educación, por ejemplo, se advierte lo siguiente:

- Gestión Educativa en el Nivel Inicial ($1219 millones) y Nivel Secundario ($4568 millones) aún no fueron ejecutadas.

- Infraestructura y Equipamiento vienen con importantes reducciones. Una de las partidas más importantes, “Asistencia Financiera para Ampliación y Refacción Edilicia”, con un crédito inicial de $13.300 millones para este año, fue recortada en un 56%.

- La partida destinada al “Fortalecimiento Edilicio de los Jardines de Infantes” solo se ejecutó en un 4,15%. En 2022 solo gastó el 66,5% de su partida según el Ministerio de Economía.

- El programa Conectar Igualdad, por el cual el Gobierno se propuso repartir 700.000 laptops el año pasado, viene por demás atrasado: según el Ministerio de Economía, sólo distribuyó 385.912 computadoras. Este año, los fondos destinados a conectividad e infraestructura se recortaron en un 7%.

En Salud la situación tampoco es mejor:

-El programa “Mil Días”, concebido para la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, solo ejecutó el 2% de su presupuesto. Otro programa similar “Acciones de Salud Perinatal” gastó apenas el 5,1%.

-Los gastos para vacunación (de poco más de $80.000 millones, una de las partidas más importantes del ministerio) solo se ejecutó en un 9,5%.

-La partida para la provisión de medicamentos esenciales, insumos y tecnología también está retrasada en su ejecución (13.3%). En 2022 solo gastó el 36,6% de su asignación.

La contención y el acompañamiento de la niñez en riesgo contempla políticas públicas cuya ejecución es dispar. Mientras el programa de Apoyo a Hogares en Situación de Vulnerabilidad Social lleva un ritmo acelerado de gasto al finalizar el trimestre (25%), hay otras partidas que, por el contrario, se muestran rezagadas. Es el caso de la Promoción de Asistencia a Espacios de Primera Infancia (7%) y el Programa Nacional de Derecho al Juego (Jugar), que no solo tiene nula ejecución sino que, para peor, se le recortó la mitad de su presupuesto. Lo mismo sucedió con el canal de escucha para niños y adolescentes (línea 102) ante situaciones de violencia infantil; se le podó el 32,4% de sus fondos.

Fuente: La Nación