La guerra y la implosión oficial fuerzan a cortar antes la torta

Por Alejandro Bercovich (*)

Antes de aterrizar en Buenos Aires, apenas diez meses atrás, Marc Stanley ya había dado muestras que no sería un embajador más. Aunque el Palacio Bosch supo albergar a personajes histriónicos como James Cheek y lobistas hiperactivos como Noah Mamet, el abogado texano arrancó comparando a la economía argentina con un "hermoso autobús turístico al que no le funcionan las ruedas" como una forma de presionar para que Alberto Fernández apurase la renegociación del fallido préstamo récord del Fondo Monetario a Mauricio Macri, lo cual ocurrió a los pocos meses. Esa audacia inicial fue superada ayer, cuando se animó a sugerir en público una salida política a la crisis sin las cortesías a las que obliga la diplomacia: reclamó que parte del oficialismo y parte de la oposición "armen una coalición hoy mismo, sin esperar a las elecciones de 2023", y que esa coalición impulse la exportación de hidrocarburos, alimentos y litio para revertir la escasez de divisas.

El centro lo tiró Horacio Rodríguez Larreta, quien en su doble rol de jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial por el PRO dijo por la mañana que "el próximo gobierno tiene que ser un verdadero gobierno de coalición que marque un punto de inflexión". Fue en la apertura del foro anual del Consejo de las Américas, que suele convocar desde los albores del primer kirchnerismo a los ejecutivos más importantes de las multinacionales de origen estadounidense. En el cierre, tras la recomendación de Stanley, corrió a cabecear ese centro el mismísimo superministro Sergio Massa. "Sería bueno aprovechar la distancia con las elecciones para encontrar acuerdos o consensos básicos. No tenemos que tener miedo de sentarnos en una mesa a buscar acuerdos por más de que seamos de fuerzas políticas diferentes", soltó. La noche anterior, en una cena exclusiva para los más poderosos de los convidados, lo había habilitado Wado de Pedro con su presencia en nombre del kirchnerismo.

Lo que a simple vista podría interpretarse como algo parecido al fin de la grieta es, en realidad, un síntoma del terror que invade a la dirigencia política y corporativa respecto de un eventual colapso institucional que ponga en peligro la paz social y, concomitantemente, las inversiones en esos sectores que las principales potencias del mundo consideran prioritarios y cuya demanda vuela a caballo de la crisis global. Es un espanto que une más que el amor, como siempre, y que crece al calor del récord de protestas y piquetes en todo el país (que en provincias como Mendoza o Chubut alcanza dimensiones inéditas), de movilizaciones multitudinarias como la que llevó adelante la CGT en el centro porteño (aun sin consignas ni destinatarios claros) y de un malestar social que no parece encontrar cauce, en parte por los sucesivos fracasos del macrismo y el peronismo a la hora de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Un eco -salvando las distancias- del precipicio político de veinte años atrás.

A eso se suma un panorama global escalofriante que el historiador económico británico Adam Tooze desgranó esta semana con lujo de detalles ante el directorio de Techint y ayer también en un seminario que organizó el holding de Paolo Rocca. Profesor de Columbia, Tooze advirtió sobre siete "riesgos macroscópicos" que incluyen una escalada nuclear, hambrunas masivas, una crisis de deuda europea y un eventual regreso al poder de los republicanos en Estados Unidos, liderados por la imprevisible ala neoconservadora de Donald Trump.

Buenos oficios

Lo que catalizó la visión nítida del abismo político al que se asomó el Frente de Todos es el reparto precipitado de una torta que todavía nadie cocinó. Las porciones para el capital que se arriesgue se atisban generosas porque los salarios vienen de un inédito declive de un lustro consecutivo y el potencial exportador argentino en los tres sectores que identificó Stanley es casi ilimitado. Pero lo que se define por estas horas es qué capitales extranjeros financiarán los nuevos emprendimientos gasíferos, petroleros, hidroeléctricos, solares, eólicos, ganaderos, agrícolas y mineros que atiendan la nueva demanda global. Y en qué condiciones. Es un debate que iba a darse en el 2023 electoral, pero que adelantó a su modo Sergio Massa a cambio de una vida más para la coalición que le regaló esta oportunidad.

Con Europa enfrascada en sus propios problemas, como la crisis energética por el recorte del gas ruso y un ratio deuda/PBI que saltó del 80% a más del 100% tras la pandemia, son Estados Unidos y China los polos entre los que se libra la disputa por los dominios australes capaces de "alimentar y energizar al mundo", como repetía ayer Stanley en el Alvear. Lo inconveniente es que esa tensión, omnipresente en las últimas dos décadas pero siempre asordinada, amenaza ahora con convertirse en una guerra abierta por episodios como la visita de Nancy Pelosi a Taiwán o la propia deriva de la guerra ruso-ucraniana.

Aunque históricamente fue caricaturizado como poco más que un alfil de Washington en la política criolla, gracias a sus apariciones en Wikileaks y a las amistades que cultiva en esa capital, Massa parece haber pactado con Cristina Fernández de Kirchner un nuevo equilibrio entre la potencia hegemónica y su principal retadora. Su reunión con el embajador chino Zhou Xiaoli la semana pasada no fue el único hito. El lunes, Shaanxi Coal Industry Chemical Group anunció en un acto imponente una inversión de U$S 1.250 millones para instalar una fábrica de fertilizantes con capacidad para 900.000 toneladas de urea y 600.000 toneladas de amoníaco sintético al año. Pocos días antes se reactivaron los trámites para la central hidroeléctrica Kirchner/Cepernic, donde los chinos están asociados con Electroingeniería, de Gerardo Ferreyra. El empresario cordobés apura la presentación de pericias para que el Tribunal Oral Federal que investiga la obra también la deje avanzar.

Lo que todavía se ve borroso es quién trabó hasta ahora los proyectos con China, incluyendo la central nuclear Atucha III, a pedido del Tío Sam o para sobreactuar alineamiento con él. El kirchnerismo apunta contra Gustavo Beliz, a quien ahora nadie reivindica. "Además de su pelea al pedo con (Mauricio) Claver-Carone, nunca entendió que en las negociaciones con el Banco Mundial y el BID lo importante es mantener el flujo neto de dólares y no tanto los proyectos puntuales que financian esos organismos", lo castiga uno de los espadachines de Massa que entran y salen continuamente del quinto piso del Ministerio. "Fue siempre de los que le decían a Alberto que rompa con Cristina", agregan desde el despacho de una albertista purasangre, que jura no haberse apartado nunca del frentetodismo.

Beliz, sin embargo, difícilmente haya actuado solo a la hora de boicotear los proyectos chinos de inversión que ahora brotan como de un géiser. Por un lado porque su continuidad fue siempre sostenida por el propio Presidente. Por otro, porque sus incondicionales todavía en el Gobierno no están siendo marginados sino todo lo contrario. A Fernando Brun, un diplomático de carrera que trabajó codo a codo con él en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el canciller Santiago Cafiero lo acaba de premiar con la siempre codiciada embajada en Berlín. A la directora de Ceremonial de la Cancillería, María Jimena Rivero, que recibió al embajador de Suiza para aceptarle sus cartas credenciales con la bandera de Dinamarca, la mantuvo en su puesto pese a ese papelón. También colaboraba con Beliz.

Ajustes y ajustazos

En Casa Rosada aseguran que esos proyectos chinos estaban frenados porque no había acuerdo con el Fondo Monetario. Las fuentes diplomáticas chinas lo relativizan y las empresariales directamente lo desmienten. Sí es seguro, en cambio, que hará falta ayuda del Tesoro estadounidense para la segunda revisión del acuerdo de enero con el Fondo, prevista originalmente para el 10 de septiembre. Es algo que negocian por estas horas en estricto hermetismo el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, su par de Finanzas, Eduardo Setti, y el todoterreno que Massa colocó como segundo de Miguel Pesce en el Banco Central, Lisandro Cleri.

Son dos abogados, Leonardo Madcur y Sergio Chodos, los encargados de trazar la estrategia para esa revisión. Según fuentes al tanto de esas conversaciones, Chodos le adelantó a Madcur que el único waiver (perdón) que hace falta pedirle al Fondo es el relativo a la acumulación de reservas en el Central, que a fines de junio estaba unos U$S 1.200 millones por debajo de la meta y que ahora está más de U$S 4.300 millones abajo. El tiempo apremia. Cada revisión tiene que llegar antes a un acuerdo al nivel del staff, que luego se gira al Directorio, que requiere dos semanas para evaluarlo. Ahí también pueden aparecer resistencias como las europeas que ignoró Trump en su momento para darle el préstamo a Macri.

Según los negociadores, en términos fiscales y monetarios, el Fondo se conforma con lo que anunció hasta ahora Massa. El problema es que los anuncios energéticos (que ahorrarán subisidios) y los fiscales (que recortarán gastos) fueron tan confusos que su alcance en términos del PBI es muy difícil de estimar. Lo que ya empezó a verse es el coletazo recesivo del subidón de las tasas de interés y de esos anticipos de austeridad. Los despidos masivos en la textil Dass, de los que dio cuenta Graciela Moreno en BAE Negocios, y los que ayer denunció el sindicato de aceiteros en Dánica son solo la punta del iceberg.

Una ayuda para cumplir con la meta fiscal sin ajustar tanto el gasto es el anticipo de Ganancias que le pidió formalmente la AFIP a las 2.000 empresas que más facturan del país. En sentido contrario, sin embargo, y tal como se informó la semana pasada en esta columna, el fisco se perdió de recaudar casi $ 200 mil millones por no haber prorrogado un artículo del impuesto a las Ganancias introducido en 2017 que permitía ajustar los balances por inflación pero aplicar ese ajuste (que reduce el pago del impuesto) en tres cuotas anuales en vez de una. Las más perjudicadas fueron las provincias, que habrían recibido por coparticipación más de $ 104.000 millones, y los más beneficiados los bancos, cuyos balances se ajustan más por su giro habitual de bienes monetarios.

El proyecto de Presupuesto 2021 salió del Ministerio de Economía sin esa prórroga. Quizá lo haya olvidado el propio Rigo, pero debió haberlo tenido presente el secretario de Política Tributaria de Martín Guzmán, el puntano Roberto Arias. Un técnico que podría haber alumbrado una reforma tributaria integral progresiva como la que prometió el Frente de Todos en campaña y que no pasará a la historia más que por un puñado de tuits belicosos. Pero la responsabilidad, como en todo lo demás, también es de todos. Al fin y al cabo, Massa intentó colar esa prórroga que Economía había olvidado pero no pudo aprobar el Presupuesto. El jefe en aquel momento de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, tampoco.

(*) Periodista y economista - Publicado en Bae Negocios

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