En el año 2009 el Grupo Senor presentó un proyecto para instalar en Concepción del Uruguay una planta para la construcción de cosechadoras. El gobierno le otorgó entonces un crédito por 574.000 pesos, en 2011 otro por 4 millones y en 2012 otro por 1 millón a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver). Las cosechadoras no se construyeron y la planta terminó siendo un galpón vacío. Lo único que se había hecho con los fondos otorgados fue la carcasa de una cosechadora Maag Mitos que sirvió como anuncio de la misión comercial a Angola. Todo terminó siendo un papelón que la fotografía capturó en una imagen del 13 de marzo de 2012, en la Casa Rosada, donde se la ve a la presidenta Cristina Fernández y al gobernador Sergio Urribarri a bordo de lo que sería la cosechadora que exportaríamos los argentinos y, principalmente, los entrerrianos.

Tras la denuncia de Mulet, el fiscal Ignacio Arambarry solicitó una serie de medidas tendientes a establecer su verosimilitud y, a partir de ahí, avanzar en una investigación por la posible comisión del delito de defraudación a la administración pública por parte de funcionarios del gobierno provincial y de los titulares de la empresa de Grandes Máquinas Concepción del Uruguay SA. A más de dos años de la denuncia, la Procuración General a cargo de Jorge Amílcar García avanzó con los titulares de la firma, que dicho sea de paso quebró.

Mulet, declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza), indicó que presentó una ampliación de denuncia y sostuvo: “Se avanzó muy poco en la causa e incluso los que fueron indagados todavía no se resolvió la situación procesal. Hice una presentación porque hay algunas cuestiones que me permiten sospechar del incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, porque no se verificó el saldo de la empresa a la que se le dio un seguro de caución. Además, tanto Schunk como Valiero serían participes necesarios a través de haber suscripto los eventos y la responsabilidad hasta ahora cayó sobre empleados de gama media, pero son ellos los que definían sobre estas cuestiones. Por eso se avanzará sobre los ministros e incluso el gobernador Sergio Urribarri, ya que le cabría una responsabilidad política y administrativa”.

Contó que la presentación la hizo en este momento porque “como denunciante, recién ahora tuve acceso a algunas pruebas y de ahí surgió esta ampliación que me permite sospechar de algunas cuestiones irregulares. Además no quise presentarla antes porque esto no tenía un interés político” dijo sobre las elecciones.

Ante la consulta de si el ministro Adán Bahl también está involucrado en la denuncia, ya que también es firmante del decreto, el abogado indicó: “No vi eso. Pero si surge la responsabilidad, deberá ser imputado. No observé esa situación, pero tampoco tengo relación con él, así que la Justicia deberá determinar lo que corresponda”.

Sobre el rol de la Justicia, se manifestó molesto, ya que “fue muy lenta. Se pidieron allanamientos dos años después de iniciada la causa. Y los papales los terminó entregando voluntariamente la empresa. Esperamos que se avance rápidamente. Aunque sabemos que la Justicia acá es lenta pero llega, como pasó con otras cuestiones como lo de Yedro o Rossi”.

Dijo que “ningún funcionario fue llamado, salvo dos de menor categoría que estaban citados, pero la situación procesal no se resolvió, ya que sus testimonios pueden beneficiar o perjudicar a otros, así que hasta que no declaren todos no se resuelve esa situación”.

Más adelante se le consultó si el hecho de que cambiaran tres veces de fiscales perjudica la causa. “Entiendo que no beneficia a la investigación, pero eso tiene que ver con cuestiones de política criminal del procurador García y él sabrá por qué hizo los cambios”.

En cuanto al seguro de caución, explicó: “Pido que se investigue al director del seguro de caución por el hecho de que se le dio tanto dinero a este grupo empresario y es necesario saber cuáles eran las garantías y motivos para pedir el seguro. Porque eso significa que ante cualquier incumplimiento, la aseguradora debe pagar y por lo tanto tomar los recaudos necesarios para el cobro de la caución que puede tener que pagar. Si esto se verifica, podría existir una posible defraudación y a Rodríguez Signes le cabría el incumplimiento de funcionario público”.

Dijo luego que es común que una empresa contrate un seguro de caución “si se toman todos los recaudos necesarios. Pero en el marco de cómo se desarrollaron los hechos, a mí me genera cierta sospecha esto y por eso pedí que se investigue cómo se entregó este seguro a esta firma”.

Al abogado se le consultó por otras causas, y sostuvo “está la del famoso jardinero Barreiro, quien está procesado por falsedad ideológica. El juez corrió vista y ahora debería ser imputado por negociaciones incompatibles con la función pública. Se apunta a él y no a otros funcionarios también porque no se investiga como corresponde. No hay abogado querellante, yo solamente soy denunciante y por eso mi participación está limitada a lo que me informan desde el Juzgado. Ahora se corrió vista por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y no pasó nada más en varios meses”, lamentó.