El proyecto fue aprobado por el voto de 17 de los 31 legisladores presentes, con el respaldo de toda la bancada del oficialista Frente Amplio y un voto de un legislador del opositor Partido Nacional.
“La ley vigente es ineficaz, discriminatoria e injusta porque algunas pueden llevar adelante sus decisiones y otras no”, afirmó la senadora Mónica Xavier, en declaraciones a Página/12. Asimismo, remarcó que en la actualidad las mujeres que abortan pueden recibir penas de entre tres y nueve meses de prisión, y los profesionales que realizan el procedimiento, de seis a 24 meses.
A pesar de esa prohibición, los datos oficiales indican que unas 30.000 mujeres abortan por año, aunque organizaciones no gubernamentales señalan que la cifra real podría doblar ese número. Además, encuestas recientes arrojaron que el 63 por ciento de los uruguayos está a favor de una ley que despenalice la IVE.
Según establece el texto del proyecto de ley, para ejercer el derecho al aborto “bastará que la mujer alegue ante el médico circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción; situaciones de penuria económica; sociales; familiares o etarias, que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso”. Todas las instituciones sanitarias del país estarán obligadas a practicar abortos a las mujeres que lo soliciten, aunque reconoce el derecho de los médicos a negarse a hacerlo sin que sean sancionados por ello.
Fuera del plazo establecido, podrán acceder a la realización del procedimiento las embarazadas producto de una violación con denuncia judicial, aquellas para las que la gestación ponga en riesgo su salud y si existieran malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina.