De acuerdo a esas mismas fuentes consultadas por Entre Ríos Ahora, en ese encuentro con los empleados de la ATER Granetto habría mostrado su disconformidad hacia la decisión adoptada por la Fiscalía de Estado.
La medida está contenida en la resolución Nº 003, del 14 del actual, mediante la cual el fiscal de Estado dispuso dejar “sin efecto toda disposición de Fiscalía de Estado por la que se haya encomendado el cobro de acreencias fiscales a Organismos y/o Procuradores con anterioridad al dictado de la presente”.
Eso dice el artículo primero; el segundo, dispone que “todos los títulos derivados de certificados de deuda tributaria sean remitidos a la Fiscalía de Estado a partir del 1º de enero de 2016”.
La decisión de concentrar en la Fiscalía de Estado todo trámite de gestión judicial de cobro de deudas impositivas se apoya, según la directiva firmada por Rodríguez Signes, en el artículo 209° de la Constitución Provincial, que dice que el fiscal de Estado “es el encargado de defender el patrimonio del Estado Provincial. Es parte legítima y necesaria en los juicios contencioso-administrativos, de inconstitucionalidad y en toda controversia judicial en que se afecten intereses del Estado, pudiendo tomar intervención en los juicios de interés municipal cuando la gravedad de la cuestión, a su criterio, pudiera comprometer al erario provincial”.
Pero también se apoya en el texto del decreto Nº 5.028/11, que dispuso que “será la Fiscalía de Estado el organismo encargado en forma exclusiva y excluyente de promover todas las acreencias judiciales para la recepción de las acreencias fiscales derivadas de multas y tasas que apliquen los organismos e impuestos determinados por la Dirección General de Rentas de la Provincia”.
Ese mismo año 2011, la Legislatura sancionó la Ley Nº 10091, que suprimió la Dirección de Rentas, y dio vida a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER). El artículo 4º inciso F de esa norma fija que a ese organismo le cabe la misión de “coordinar con la Dirección General del Notariado, Registro y Archivos las acciones necesarias para el cumplimiento de sus finalidades; y enviar a la Fiscalía de Estado los créditos para su gestión y cobro judicial”.
Pero en la ATER no están de acuerdo con esa argumentación ni mucho menos con esa medida de la Fiscalía de Estado.
Así lo manifestó a Entre Ríos Ahora Sergio Musich, delegado de ATE en el organismo, quien dijo que el titular del área, Sergio Granetto, manifestó ante la asamblea de empleados que tampoco acordaba con la decisión de Rodríguez Signes, y que pediría un informe explicativo. Musich dice que no hay buenos antecedentes del manejo por parte de la Fiscalía de Estado de los juicios de apremios a contribuyentes.
El tema ya llegó a la Legislatura, donde se han empezado a pedir informes a algunos organismos del Estado que son contrarios a la medida adoptada por Fiscalía de Estado.
El conflicto recién empieza.