Desde el Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados reclaman que se los invite a la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en la que se analizará el proyecto de ley para modificar el juicio por jurados que impulsa el gobierno provincial. 

Los letrados que componen ese espacio institucional son firmantes de un documento que elevaron recientemente a la Legislatura en el cual expresaron su rechazo a la iniciativa junto a otras entidades. Ahora piden ser incluidos en el debate en una nota a la que accedió ANÁLISIS, que está dirigida a la diputada provincial Gabriela Lena (JxER), presidenta de la comisión en cuestión.

El Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados, la Asociación de Pensamiento Penal, la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer) suscribieron días atrás un documento conjunto.

Allí manifestaron preocupación respecto del proyecto de ley que tomó estado parlamentario el 31 de julio, respecto del cual consideraron que “busca restringir de manera abiertamente inconstitucional la competencia del juicio por jurados”, entre otras consideraciones.

Entidades rechazan el proyecto de reforma del juicio por jurados por "inconstitucional"

Ahora, al observar que no están incluidos en la convocatoria a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se tratará el tema, pidieron ser incluidos.

La reunión en cuestión está programada para el 13 de agosto y están convocados, entre otros, el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela; el procurador General Jorge García, el defensor General Maximiliano Benítez; el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño; la presidenta del Colegio de Abogados, María Marta Simón; y el abogado penalista Damián Petenatti, de la filial provincial de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados.

“Entendemos que estas entidades, todas ellas, deben ser escuchadas en el marco del compromiso real para tener mejores instituciones. Asimismo, proponemos en caso de que vuestra comisión tenga una agenda apretada y disponga de escaso tiempo, fijar una nueva fecha para exponer nuestro punto de vista”, reclamaron desde el Instituto de Derecho Penal en la nota dirigida a la diputada Lena.

“El derecho de ser oído por nuestros representantes en el marco democrático indica madurez y respeto por la opinión del otro, a pesar de ser distinta”, exigieron finalmente.