Ricardo Fabián Barreiro, el jardinero que se hizo conocido por los informes televisivos que lo mostraron como el jardinero de Kirchner que logró enriquecerse con contratos con el Estado, deberá comparecer en una causa que se inició en Entre Ríos, y lo hará en calidad de imputado. A Barreiro se lo acusa de haber falsificado datos para poder inscribirse como proveedor del Estado, sin informar que tenía ya un cargo en el ámbito del gobierno entrerriano, según informó Página Judicial. El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull imputó a Barreiro por la supuesta falsificación de un documento público, ya que se habría presentado como proveedor del Estado sin declarar que en ese momento tenía un cargo ad honorem en el Ministerio de Cultura y Comunicación de la provincia.

Barreiro, ex jardinero de la residencia que Néstor Kirchner y Cristina Fernández tienen en El Calafate y que fuera denunciado el año pasado en el programa PPT, de Jorge Lanata, figura en los registros oficiales como coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (CEIER), según reveló oportunamente Río Bravo, y es a la vez, director de una empresa de transporte que fue contratada para trasladar estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta las instalaciones de Tecnópolis.

De esto surge una presunta incompatibilidad, porque para la fecha en que se inscribió como proveedor del Estado para hacer negocios a través de su empresa, Barriero ya tenía el cargo en el CEISER. Ello surge de la documentación que recibió el fiscal Ramírez Montrull de varias áreas del Gobierno provincial.

Por este motivo Barreiro fue denunciado a mediados del año pasado; y como resultado de esa denuncia es que hace unos días el fiscal Ramírez Montrull formuló el dictamen de requerimiento de instrucción, imputándole el delito de falsificación ideológica, que prevé una pena de entre uno y seis años de prisión, según indicaron fuentes tribunalicias al sitio Página Judicial. La causa recayó en el Juzgado de Instrucción Número 7, a cargo de Elvio Garzón.

Barreiro comenzó a prestar funciones a partir del 15 de agosto de 2012 en el Ceicer, un organismo dedicado a “crear, producir y distribuir eventos, bienes, productos y servicios culturales” (ver Decreto 2.693). Aunque la designación es “ad honorem”, luego se le asignaron viáticos “con un Nivel de Personal Superior Fuera de Escalafón, Funcionario Político Nivel 41” (ver Decreto 3.793). Ello a pesar de que el jardinero vive en El Calafate, a más de 3.000 kilómetros de Paraná.

A la vez, tanto Barreiro como su empresa RP Transporte SA figuran en el Registro de Proveedores de la provincia. Según los informes remitidos por la Dirección General de Contrataciones, en octubre de 2012 el jardinero aseguró, a través de una declaración jurada, que ninguno de los integrantes de la firma se desempeñaba como funcionario o empleado de la administración pública entrerriana. Ese dato resultó ser falso.

Más aún, a partir de esa falsedad, la Dirección de Turismo Social le alquiló a RP Transporte SA dos colectivos por el período de un mes para realizar traslados de estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta Tecnópolis (ver Licitación 30/12). Por estos servicios, el ex jardinero presidencial presentó, el 11 de diciembre de 2012, una factura por 220.000 pesos, la cual fue ingresada al Servicio Administrativo Contable provincial por la Asesoría Legal y Técnica del Ministerio de Turismo.

Todos estos elementos obran en el expediente que tiene a su cargo el juez Garzón.

Por estas horas, el magistrado debe resolver un pedido que le hizo el fiscal para que se realice una pericia caligráfica a fin de determinar si la firma que obra en el expediente de la Dirección General de Contrataciones efectivamente pertenece a Barreiro. Ese sería el paso previo para que el jardinero millonario sea citado a prestar declaración indagatoria en Paraná.

Los negocios del ex jardinero de los Kirchner con la provincia de Entre Ríos también fueron justificados por un ministro, luego de que se conociera que contaba con un cargo en la provincia. El 27 de mayo de 2013, el ministro de Turismo Hugo Marsó al querer justificar la presencia de Barreiro en Entre Ríos, reveló que se contrató su empresa, aún siendo funcionario: “El gobierno de Entre Ríos contrató a la empresa de transporte más económica que se presentó a la licitación para trasladar alumnos y ahorró 400 mil pesos”.

La empresa RP Transporte SA está radicada en El Calafate, pero a raíz de la merma de visitantes extranjeros producto de la crisis internacional, la firma– que es propiedad del señor Ricardo Barreiro- “se inscribe como proveedora y ofrece sus servicios en la provincia. No veo nada que pueda ser objetado, presentó la mejor propuesta y unidades de calidad”, indicó en esa oportunidad Marsó que tambíen inscirbió la investigación en una “campaña electoral” contra el urrikirchnerismo.