Por Luis María Serroels
Especial para ANALISIS DIGITAL
Para entender las dificultades que debe superar la actual administración, es útil exhibir el modo en que se venían manejando los asuntos públicos en la provincia sobre la cual Tomás de Rocamora en 1782 pronosticaba que sería “la mejor de esta América”.
Recordar que en 2013 Sergio Urribarri llegó a confesar que si la presidente lo convocaba al poder central “será palabra santa” y “no lo va a pensar”, es un dato muy clarificador. Pero mucho más lo fue cuando admitió que ante una eventual convocatoria de CFK iría a la Casa Rosada “hasta para abrir o cerrar la puerta del garaje, porque yo le debo mucho a los Kirchner y soy un hombre leal” (Revista ANALISIS, edición del 14 de noviembre de 2013, páginas 14 y 15).
Recién en las postrimerías de su mandato –ya desahuciado en sus planes de ser presidente-, ensayó una conversión al federalismo a partir del fallo que favoreció a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis, haciendo justicia frente al desacato incurrido por quienes debían convocar al diseño de un nuevo régimen de coparticipación ordenado por la Cláusula Transitoria Sexta de la Constitución de 1994 (fijando para ello un plazo que vencía al finalizar 1996) y nunca se hizo. Los Kirchner habían sido convencionales constituyentes.
Muchos de los errores cometidos por el gobierno anterior, tuvieron el apoyo de legisladores sumisos sentados en bancas hegemónicas en ambas cámaras. La ya célebre frase “el sueño entrerriano está intacto y lo que se viene es apasionante”, pronunciada frente a su gabinete a fines de 2013, es todo un clásico del brulote político. Antes, en agosto de 2012, se había informado que la nación le debía a Entre Ríos para sostener el sistema previsional, 1.150 millones de pesos.
Urribarri nunca planteó al gobierno central que se terminara con el injusto descuento del 15 por ciento de la masa coparticipable primaria, practicado desde el Pacto Fiscal de 1992 para sostener el languideciente sistema jubilatorio de reparto, porque tras la confiscación de los fondos de las AFJP decidida el 21 de octubre de 2008, esta quita se tornaba abstracta y arbitraria.
En marzo de 2012 Cristina Fernández informó a los gobernadores que “no hay plata”, a pesar de que las provincias soportaban una grave asfixia financiera y allí se acentuó el desbarajuste con el festival de letras de tesorería que gravitaron en la colosal deuda del Estado entrerriano. Se adquiría nueva deuda para pagar deuda vieja y cada tarifazo resultaba insuficiente. Esto es lo que tanto condiciona y preocupa a Bordet, obligado a inevitables nuevas emisiones.
En agosto de 2012 los diputados provinciales Diego Lara, Rosario Romero y Fabián Flores, presentaron un proyecto para la recuperación del citado 15 por ciento y con ello lograr un incremento de los fondos provenientes de la coparticipación (Ley 23.548) que venían sufriendo una retracción injustificada. Nada ni nadie convenció al Poder Ejecutivo de endurecerse en la defensa de los legítimos intereses de Entre Ríos. Ni siquiera cuando el entonces mandatario cordobés José Manuel de la Sota instó a sus pares a abandonar el Pacto Fiscal de 1992. Su Legislatura lo apoyó y allí se decidió acudir a la Corte Suprema con el resultado favorable ya conocido.
Hubo gobernadores temerosos que no lo acompañaron en la discusión y sus gobernados siguieron padeciendo las consecuencias de la obediencia debida. Urribarri criticó a De la Sota tildándolo de “equivocado política e históricamente en su planteo”. Sostuvo que “lo que no se puede hacer, porque sería inadmisible, es debilitar al Estado Nacional” (culminando su mandato y en un acto de milagrosa conversión, instruyó a la Fiscalía de Estado a demandar por los recursos no liquidados).
Lo dicho (como parte de la realidad imperante en los últimos años), apunta a poner de relieve que hoy los tiempos y sobre todo los pasos políticos difieren de lo que la ciudadanía provincial venía soportando. Es sencillo advertir que para Gustavo Bordet los prejuicios no se concilian con el sentido común cuando se trata de trazar líneas de convivencia con un gobierno nacional de distinto signo, que se ha mostrado desde su inicio abierto al diálogo y presto a corregir viejos errores. Los intendentes entrerrianos le abren las puertas a este modus operandi que busca reivindicarlos y hacerles justicia en la distribución de recursos.
Alejada la voracidad apropiadora de la administración kirchnerista, se observa que, sin resignar líneas ideológicas de cada Estado del interior, se pueden consensuar políticas de largo plazo.
Aunque no todas las decisiones del actual gobierno entrerriano puedan lograr el suficiente consenso, la decisión de suscribir el acta de Puerto Madryn el martes 2 de agosto coloca a la provincia en el lugar correcto (mayores recursos abrirán el cauce a demoradas soluciones).
“Se trata de un hecho que va a ser histórico en el sentido de que por primera vez desde el advenimiento de la democracia vamos a empezar a recibir fondos coparticipables y no a resignarlos”, dijo Bordet, remarcando que “más allá de lo que económica y financieramente significa para las provincias”, acordará “un convenio marco de condiciones de trabajo a futuro”.
Precisamente futuro y previsibilidad son palabras que deberían afirmarse en el idioma de quienes gobiernan. Cuando Raúl Alfonsín promulgó en 1988 la ley transitoria 23.548 (régimen de distribución automática), se fijó un 42,34 por ciento para la nación, un 54,66 por ciento para el conjunto de las provincias y el resto para Aportes del Tesoro Nacional y otros destinos. Esta relación terminó siendo de un 3 a 1 en favor de la nación y ese fue el gran despojo que ahora se procura reparar. Es imperioso apostar positivamente a estos abandonados gestos de entendimiento. No hay nación indestructible sin provincias indestructibles. El federalismo siempre está fresco y latente, presto a resurgir. Que el réquiem sea para el unitarismo angurriento.
