La renuncia del juez Víctor Antonio Alonso González al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes causó sorpresa y podría retrasar el inicio del juicio oral y público por la sustracción de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que desapareció la tarde del 13 de junio de 2024 en la zona rural de la localidad de 9 de Julio. Para poder llevar adelante el debate, el Tribunal deberá designar a dos magistrados subrogantes para que acompañen a Fermín Amado Ceroleni.
Alonso González presentó su pedido de retiro a principios de septiembre pero recién trascendió esta semana cuando se conoció el decreto 704/2025 por el cual el presidente Javier Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, oficializaron su salida del Poder Judicial.
Fuentes judiciales de Corrientes admitieron ante una consulta de Clarín que la decisión del magistrado causó sorpresa, ya que no había comunicado previamente a su entorno su intención de jubilarse. Hasta fines de noviembre, Alonso González seguirá como presidente del Tribunal Oral, e intervendrá en varios juicios que ya están programados.
El camarista pone fin a una carrera de más de tres décadas en el único Tribunal Oral Federal de Corrientes. El magistrado había sido designado por decreto 324/95, que fue publicado en el boletín oficial del 18 de agosto de 1995.
La decisión de Alonso González se produce en momentos que ya está en marcha todo el proceso previo al juicio oral y público por la sustracción de Loan Danilo Peña, hecho por el cual están procesadas siete personas, mientras que otras diez están acusadas de intentar desviar la investigación judicial.
El Tribunal ya había corrido vista a las defensas, a la Fiscalía y la querella para que ofrezcan pruebas y hagan los planteos que consideren necesarios.
En ese marco, en los últimos días trascendió que la defensa de Nicolás Gabriel Soria, alias “El americano” recusó al fiscal Carlos Schaefer, pero todo indica que ese planteo será rechazado. La defensa de Bernardino Antonio Benítez, uno de los más complicados en la causa, pidió que el juicio oral lo realice un tribunal provincial, planteo que aún debe resolver el Tribunal.
El Tribunal Oral Federal debe comunicar a las partes cómo quedará constituido -todo indica que la subrogación recaería sobre camaristas de Misiones y Chaco o Formosa- y en el caso de que no haya objeciones a su conformación, fijar el cronograma del juicio. Además, por la cantidad de imputados y testigos que declararon, el juicio oral y público se extenderá varios meses.
El fiscal Schaefer ya descartó la posibilidad de aceptar la probation o un juicio abreviado para alguno de los 17 imputados que tiene el caso. El titular de la acusación apunta a que durante el debate surjan nuevos indicios sobre lo que sucedió con Loan, o bien alguno de los acusados se quiebre y aporte nuevos datos.
A fines de septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes decidió otorgarle un plazo de dos meses más a la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo para completar la investigación. Sostuvieron que pretender mantener abierta la causa “hasta sea habido” Loan “resulta irrazonable, pues podría ser que esa hipótesis jamás suceda, y ello no podría atar a los imputados a la suerte de un proceso indefinido”.
En ese sentido, dijeron que se debe garantizar el principio “non bis in ídem”, que prohíbe juzgar dos veces a una persona por un mismo delito, y que la Justicia debe expedirse en un plazo razonable. Por eso, habilitaron a la jueza Pozzer Penzo a continuar con la investigación hasta el 29 de noviembre.
El caso Loan, una herida abierta en el corazón de Corrientes
Loan está desaparecido desde la tarde del 13 de junio de 2024, cuando concurrió a un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, en el paraje “El Algarrobal”. El chico fue visto por última vez cuando se dirigía con otros niños y tres adultos, todos de su familia, hacia una tapera cercana en busca de naranjas.
Por el hecho están procesados Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica Del Carmen Millapi, Laudelina Peña, María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez, a quienes se acusa de ser coautores del delito de sustracción de un menor de diez años; mientras que el comisario Walter Adrián Maciel fue considerado participe necesario del mismo delito. La pena que enfrentan va de los cinco a los quince años de cárcel.
Por otra parte, otras diez personas fueron procesadas por intentar desviar la investigación influyendo sobre testigos clave del caso. Se trata de un grupo de psicólogos, asistentes sociales y abogados que alegaron asistir a las víctimas en representación de la Fundación Lucio Dupuy, lo cual fue desmentido por su titular.
De esas diez personas, sólo está preso Nicolás Gabriel Soria, alias “El americano”, un oscuro personaje que decía ser parte de Interpol, DEA y la propia central de inteligencia norteamericana, pero sólo contaba con un carnet de conducir de Miami.
