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Para la Iglesia, el deterioro social es un “cóctel explosivo” que facilita el avance del narcotráfico

La Iglesia advierte que la violencia vinculada a la droga se enraíza en la pobreza estructural, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado.

La Iglesia advierte que la violencia vinculada a la droga se enraíza en la pobreza estructural, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado.

Sergio Rubin

El truculento crimen de tres chicas en el gran Buenos Aires causó una gran conmoción y una catarata de análisis en los medios de comunicación sobre el avance del narcotráfico en el país y su aspecto más cruel. Pero la Iglesia católica salió a pedir a través de una sucesión de comunicados que no sólo se lo considere como un delito, sino como la consecuencia de un grave problema social con múltiples causas.

Dicho de otra manera: los obispos reclamaron que, además de que se ponga un mayor empeño en una represión más eficaz del tráfico ilegal de estupefacientes y el accionar de sus bandas, se atiendan las carencias de todo tipo en medio de una extendida pobreza y ausencia del Estado en todas sus facetas, que generan las condiciones propicias para la expansión de la droga y sus mafias.

El obispo de la diócesis de San Justo, partido de La Matanza -donde vivían las víctimas-, monseñor Eduardo García, considera que el deterioro de la situación social sumado al “corrimiento o retiro” del Estado en las barriadas populares en las últimas décadas provocó “un cóctel explosivo”. A lo que suma la connivencia de sectores policiales, políticos y judiciales con los narcos.

“¿Y qué debe hacer concretamente el Estado? García dice que debe avanzar en la urbanización de los barrios populares, con la construcción de viviendas. Pero también en la creación de los servicios que se necesitan para poder vivir con dignidad, como una escuela, una sala de primeros auxilios o un hospital”.

En ese contexto, considera que el triple crimen es “la punta del iceberg de un proceso de desintegración social” que la Iglesia católica viene advirtiendo desde la crisis de 2000, sin que encuentre eco en las sucesivas autoridades en todos los niveles. Lo que llevó al propio papa Francisco a advertir sobre el riesgo de que esto desemboque en una “mexicanización” del país.

¿Y qué debe hacer concretamente el Estado? García dice que debe avanzar en la urbanización de los barrios populares, con la construcción de viviendas. Pero también en la creación de los servicios que se necesitan para poder vivir con dignidad, como una escuela, una sala de primeros auxilios o un hospital.

“Si no hay escuelas cercanas, los chicos crecen en la calle”, afirma. “Si el padre tiene que salir a hacer changas, si la madre trabaja en una casa con cama adentro, esos chicos no tienen quien los acompañe”, señala. “Sabemos que la calle es el peor ámbito que puede haber para que crezca un chico”, advierte.

En ese sentido, dice que la calle “crea una necesidad afectiva, económica, una necesidad de que alguien le cubra las espaldas en un ambiente muy hostil y esa contención tiene un costo muy alto. Porque -precisa- si bien la mayoría de los chicos ingresan al narcotráfico por una adicción, empiezan por una necesidad”.

García cuenta que la Iglesia brinda principalmente dos respuestas ante el desafiante flagelo de las drogas. “Frente a aquellos que cayeron en la adicción en las villas y barrios populares, sean jóvenes o adultos, tenemos los centros de recuperación que llamamos los Hogares de Cristo repartidos en todo el país”, señala.

“Paralelamente -agrega- tratamos de rearmar el tejido social que está tan desarticulado avanzando en lo que denominamos las tres “C”: el colegio, el club y la capilla, que se contraponen a las otras tres “C”: la calle, donde los jóvenes se inician en la droga y la delincuencia; la cárcel, donde empeoran; y el cementerio, donde terminan”.

Admite que en estas acciones los curas de las villas y barrios populares sufren amenazas, aunque muy pocas. “Pero enfrentan trabas -indica- ante obras de desarrollo que impulsan o la destrucción de una de sus escuelas o el robo de equipamiento. O escollos burocráticos para obtener el subsidio para sus colegios gratuitos”.

No culpa a un gobierno en particular por las deficiencias del Estado. “Hay cosas que dependen del gobierno municipal, otras del provincial y otras del nacional; el abandono siempre fue en todos los niveles”, afirma. Y lamenta que “muchos de los planes que existieron en los últimos años para asistir ante las situaciones de vulnerabilidad de nuestra gente fueron eliminados o recortados”.

“Paralelamente -agrega- tratamos de rearmar el tejido social que está tan desarticulado avanzando en lo que denominamos las tres “C”: el colegio, el club y la capilla, que se contraponen a las otras tres “C”: la calle, donde los jóvenes se inician en la droga y la delincuencia; la cárcel, donde empeoran; y el cementerio, donde terminan”.

Por caso, menciona las subvenciones para la atención de los adictos en recuperación y las obras del Fondo de Integración Socio Urbana. Pero subraya que no se trata solo de una cuestión presupuestaria. “No vi ninguna plataforma partidaria en estos tiempos de elecciones con una propuesta concreta asumiendo el narcotráfico como problema de emergencia nacional”, lamenta.

Es que García considera que ya no puede hablarse de que el narcotráfico está avanzando en el país, sino que se instaló. “No es que está llegando y vamos a ver cómo lo atajamos, sino que se instaló”, dice. “Entonces, hay que generar otras oportunidades para que el narcotráfico y la plata fácil no sea la única opción de la gente para vivir o sobrevivir”, asevera.

Admite que todo se complica ante la connivencia de integrantes del Estado y la existencia de zonas liberadas. “No podría dar nombres, pero hay algo muy claro: nada pasa sin que no se sepa”, dice. “La policía, el poder judicial, todos los organismos deben saber más que nosotros porque, si los vecinos saben y tienen miedo de denunciar, creo que es por algo”, razona.

En definitiva, García cree que el caso de las tres chicas asesinadas “es como la punta del iceberg de un fenómeno de desintegración social, de marginalidad que es muy complejo, diría multicausal, que requiere una respuesta que va más allá de lo represivo, ciertamente necesario para que la gente pueda salir a la calle. ¿Pero qué ganamos solamente con la represión?”.

“¿Qué ganamos -sigue interrogando- con un adolescente metiéndolo preso?: que salga en unos años siendo un delincuente peor de los que entró. Cuando no se ejerce una prevención que reeduque la conciencia del joven, que le permita descubrir el valor de su vida, construir un proyecto de vida -destaca-, no estamos dando una respuesta de fondo. Podemos reprimir, pero si no atendemos las causas principales no sirve”.

En ese sentido, insiste: “Si no hay contención, si no hay proyecto, si no hay posibilidades de educación, si no hay valores para poder discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, se trata entonces de sobrevivir como se puede con los instrumentos que se tienen y con los valores que se fueron aprendiendo”.

No obstante, García cree que se le puede ganar al flagelo de las drogas, pero “a largo plazo con políticas serias y un compromiso de toda la sociedad comenzando por combatir las situaciones de vulnerabilidad social. No se trata -aclara- de drogas sí, drogas no. Imputabilidad si, imputabilidad no. Es más profundo el tema”.

“Hay una generación que se está estropeando. Si no asumimos el narcotráfico como una realidad que se instaló y tomamos conciencia de una respuesta integral, nos asombraremos durante unos días por nuevas muertes sanguinarias y luego ante un divorcio en la farándula nos olvidaremos”, concluye.

(*) Esta columna de Opinión de Sergio Rubin fue publicada originalmente en el portal de TN.

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