Afectada por la coyuntura macroeconómica, caída del consumo y apertura de importaciones, la fábrica de pisos cerámicos Ilva en Pilar, una de las plantas más relevantes de ese segmento industrial en la Argentina, decidió cerrar sus puertas y dejar de producir a comienzos de septiembre. Esta decisión desencadenó el despido de más de 300 empleados, que siguen todavía reclamando por el pago de su indemnización.
Tanto es así que, aún con una conciliación obligatoria mediante -que vence mañana-, las partes no logran ponerse de acuerdo y los trabajadores, en conjunto con los representantes gremiales, mantienen activadas marchas y cortes para hacerse oir. Puntualmente hoy, fuentes del Parque Industrial de Pilar, donde se aloja la planta, afirmaron que “está cortado el camino provincial para entrar al parque por ruta 8 kilómetro 60″, por lo que ya estaban haciendo la respectiva denuncia.
Además, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmaron que se produjo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense pero el abogado representante de la empresa no llevó ninguna propuesta de pago a los trabajadores cesanteados.
El conflicto tomó estado público cuando Ilva comunicó oficialmente la decisión de detener su actividad en la localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires. Según versiones coincidentes en los sindicatos y funcionarios, el anuncio incluyó el cese de la operatoria, la desvinculación de toda la planta permanente y un plan de pagos de indemnizaciones. Los gremios ligados a la industria ceramista acusaron a la empresa de avanzar con “despidos masivos” y de impulsar retiros voluntarios sin diálogo previo.
La crisis laboral derivada de este cierre sumó rápidamente apoyos institucionales. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, y Federico Achával, intendente de Pilar, visitaron a los trabajadores despedidos y se comprometieron a impulsar gestiones para resguardar los empleos. Ambos sostuvieron una reunión en el predio fabril junto a representantes sindicales del sector ceramista y obreros afectados. “Estamos del lado de los trabajadores y vamos a acompañarlos en todo momento para defender cada puesto de trabajo”, manifestó Kicillof.
La planta de Ilva, que operó durante décadas en Pilar, tenía un alto grado de especialización en la fabricación de pisos y revestimientos cerámicos. Su cierre fue interpretado por los gremios como un episodio que profundiza la crisis dentro de la industria ceramista, afectada por “caída del consumo interno, aumento de costos y apertura de importaciones”.
El conflicto escaló en el plano sindical. La Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) y delegados de los trabajadores de Ilva realizaron gestiones ante la Unión Industrial Argentina (UIA) para obtener respaldo institucional en la búsqueda de alternativas que permitan revertir la decisión empresaria. La FOCRA afirmó: “No se puede aceptar el cierre de una planta clave como Ilva ni dejar a más de 300 familias en la calle”. Los sindicalistas entregaron un documento y solicitaron la intervención del sector empresario para buscar soluciones. Ello coincidió con el encuentro de Junta Directiva de la entidad realizado ayer por la tarde.
El cierre de Ilva fue precedido por negociaciones internas acerca del futuro de la fábrica. Trabajadores denunciaron presión de la compañía para que acepten retiros voluntarios en condiciones menos ventajosas que las establecidas por la ley. Desde la FOCRA alertaron que este accionar “coloca a las familias trabajadoras en una situación de vulnerabilidad y desprotección”. Los despidos generaron manifestaciones frente a la planta, donde los empleados reclamaron por la continuidad laboral y rechazaron el mecanismo unilateral de los despidos.
Una fuente del gobierno bonaerense explicó que lo que ahora reclaman los trabajadores despedidos es el cobro de la indemnización, ya que ni siquiera la firma cumplió con la mitad de lo que les correspondía. Trascendió que la empresa se quiso amparar en el artículo 247 del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que habilita a los dueños de la empresa a pagar una indemnización reducida (la mitad), pero que no sólo no presentó el PPC sino que tampoco cumplió con esa mitad. Y eso es lo que hoy reclaman los despedidos.
La coyuntura local de Ilva se inscribe en un cuadro más amplio para la industria cerámica. El sector experimentó una retracción en los últimos trimestres, marcada por la baja en la venta de productos para la construcción y por una mayor competencia con importadores. Gremios y empresarios señalaron que las tarifas energéticas y la reducción en la demanda interna dificultaron la operatoria. Fuentes del sector admitieron que las ventas de cerámicos se derrumbó entre 25% y 30% versus el año pasado y también cayeron los precios por la mayor oferta importadora.
Distintas fuentes gremiales insistieron en la necesidad de declarar la emergencia laboral en el Distrito de Pilar y reclamaron al gobierno nacional una intervención más activa. Los delegados obreros remarcaron, en asambleas y documentos públicos, que el cierre de Ilva puede instalar un precedente negativo para otras fábricas en situación de crisis.
Ilva surge como una empresa vinculada a la familia Zanon, con liderazgo de Francisco Zanon y Angelo Bocci, quien era su cuñado. Fue una compañía líder en el mercado durante los años ´90, cuando muchas fábricas cerraban por falta de competitividad. “La compañía atravesó un período positivo de quince años, tras el cual comenzaron a aparecer conflictos internos entre los propietarios, que se agravaron en la última etapa porque la tomaron sus hijos, sin tanta experiencia. A eso se sumó la falta de inversiones y el contexto nacional agravó la situación”, dijo una fuente del sector a Infobae.
