El dictamen del presupuesto 2026, que a duras penas y con solo un voto de diferencia obtuvo el oficialismo en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, caducará indefectiblemente a fin de mes. Ese día finaliza el período de sesiones ordinarias del Congreso y, ante la inminencia del recambio legislativo -el 10 de diciembre-, todos aquellos dictámenes que no obtuvieron al menos media sanción en alguna de las dos cámaras, perderán vigencia. El presupuesto 2026 no es la excepción.
Dicho en otras palabras y sin tecnicismos, el oficialismo deberá renegociar de cero un nuevo dictamen con la oposición si pretende -como ha dicho- que el Congreso sancione la ley de presupuesto 2026 antes de fin de año y en sesiones extraordinarias.
El problema es que el calendario aprieta. Recién el 10 de diciembre asumirán los diputados electos y solo entonces se podrá constituir, con nuevos miembros, la Comisión de Presupuesto, órgano encargado de despachar el dictamen correspondiente. El oficialismo, que verá robustecida su representación después de su triunfo electoral, confía en teñir de violeta esta comisión estratégica; si lo logra (cosa que aún está por verse) habrá dado recién el primer paso.
El trecho que le espera es el más espinoso. Con el dictamen en mano, el oficialismo debería convocar a sesión en la Cámara baja para darle aprobación. Si tuviese mayoría automática –como la tuvo el kirchnerismo en su auge- no debería temer dificultades. Sin embargo, con 91 diputados y todavía lejos de la mayoría, el tratamiento en particular de cada uno de los artículos podría significarle un verdadero dolor de cabeza al Gobierno si llega al recinto sin haber anudado acuerdos básicos con al menos un sector de la oposición.
La Cámara de Diputados es el escollo más difícil a superar, pero allí no termina el trámite: todavía le resta el turno al Senado para completar la sanción. Es aquí donde el oficialismo deberá exhibir su mayor cintura política pues la más mínima modificación al texto aprobado por Diputados obligará a que retorne a la Cámara de origen. Más que una dilación, una derrota para el oficialismo.
Tiempo récord
En definitivas cuentas, el debate y la sanción de un presupuesto es un acto que, por su complejidad, suele demandar varias semanas de tratamiento legislativo. El Gobierno quiere finiquitar el trámite en solo 20 días. Fiestas de por medio.
¿Qué sucedería si, al 31 de diciembre, no se llega a tiempo para que se sancione la ley? El Gobierno deberá reconducir el presupuesto hoy vigente; así lo dispone la ley de administración financiera. Esto le permitiría manejar los recursos del Estado a su discreción, pero le traería más problemas que ventajas.
En efecto, una tercera reconducción consecutiva del presupuesto, inédito en la historia parlamentaria, no solo sería mal visto por los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI), pendientes de la capacidad del Gobierno para generar gobernabilidad, sino que minaría la poca confianza que ya le tienen los gobernadores y la oposición. Sin esta confianza, al Gobierno se le hará cuesta arriba avanzar en su agenda inmediata, las reformas laboral y tributaria.
La mayoría de los mandatarios provinciales, con sus matices, ya le anticipó al ministro del Interior Diego Santilli, de gira por el interior, su predisposición a discutir todas estas normas. Lo que no significa cheque en blanco, avisaron. Previo a ello, en la discusión del presupuesto 2026, el Gobierno deberá demostrar si su vocación de apertura y diálogo es real. Dicho en otros términos, si el ministro de Economía Luis Caputo está dispuesto a abrir la billetera o no.
Las demandas se repiten: obra pública, avales de la Nación para toma de deuda de las provincias en el exterior, giro de los fondos adeudados a las 13 cajas jubilatorias no transferidas a la Nación y una distribución más equitativa de los ATN y de la recaudación del impuesto a los combustibles. Algunas provincias, como CABA y La Rioja reclaman, por su parte, los porcentajes adeudados de coparticipación que retiene la Nación.
Santilli toma nota de las demandas, pero hasta ahora no prometió nada. Pudimos avanzar en un diálogo profundo, pero obviamente hay temas que uno tiene que trabajar con el Presidente”, avisó el ministro al salir de la reunión con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, el último encuentro que mantuvo antes del fin de semana largo.
Zamora, flamante senador electo, promete erigirse en una pieza clave en el tablero político del Senado. Antes de entrevistarse con Santilli recibió en su bastión a una decena de gobernadores del norte, con quienes acordó que se reclamará una nueva reunión con el presidente Milei si las negociaciones por el presupuesto no avanzan.
Es en ese encuentro con gobernadores donde se gestó una potencial ofensiva si el Gobierno, con el argumento de preservar el equilibrio fiscal, no reacciona: se presentará un proyecto para rediscutir el esquema de financiamiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con un presupuesto billonario que se lleva el 1,9% de la recaudación neto total de los gravámenes y de los recursos aduaneros. Más que un proyecto, un golpe para el Gobierno.
(Fuente: La Nación)
