La inspección que realizaron en forma conjunta la Secretaría de Ambiente de la Provincia y la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de Paraná más un oficial de justicia a las instalaciones de la firma Las 3 E SRL, la chatarrería de la concejal libertaria Romina Todoni sobre Avenida José Hernández al 2500, en Paraná, constató la existencia de residuos peligrosos, con un grosero incumplimiento a lo que establece la Ley Nº 8.880.
“En las grandes acumulaciones de materiales, lindantes a las instalaciones correspondientes a mercancías de corralón, se observa una gran variedad de elementos principalmente derivados de chatarra dispuestos a la intemperie y sobre suelo natural. Entre estos, se pudieron constatar los siguientes residuos peligrosos, los cuales se repetían a lo largo del recorrido; tambores vacíos de aceite mineral, bidones de agroquímicos, tóners de impresoras, autopartes varias algunas con restos de aceite o grasas (amortiguadores, partes de motor, filtros de aceite, entre otras), tachos de pintura, aparatosos eléctricos y electrónicos, entre otros”, dice el informe.
La inspección se realizó el 18 de septiembre último.
“En todos las parcelas ocupadas con materiales –describe-, se constató la presencia de residuos peligrosos los cuales se repetían a lo largo del recorrido: tambores vacíos de aceite mineral, bidones de agroquímicos, tóners de impresoras, autopartes varias y algunas con restos de aceite o grasas (amortiguadores, partes de motor, filtros de aceite, entre otras), tanques aparentemente de combustible, tachos de pintura, aparatos eléctricos y electrónicos, entre otros. La mayor gravedad radica en la mezcla indiscriminada de la chatarra y los materiales reciclables con residuos peligrosos (RP), en flagrante incumplimiento de los principios de segregación en la fuente y almacenamiento seguro (artículo 14, Ley N° 24.051)”.
Y suma: “Se constató un derrame de aparente aceite mineral directamente sobre suelo natural. Este hallazgo significaría la contaminación de la matriz ambiental, lo cual deberá determinarse por parte de la empresa. Adicionalmente, si bien una pequeña porción de residuos peligros se almacena en un galpón sobre una bandeja antiderrame, no se constató la presencia de un kit antiderrame para hacer frente a contingencias, y una parte significativa de los residuos peligros se encontró en el lote lindante, sin vigilancia ni cerramiento perimetral, exponiendo la salud pública y el ambiente”.
“Entre los envases plásticos, ubicados al norte de las instalaciones de corralón, se pudo constatar recipientes de líquidos de frenos, aceite mineral, pulverizadora, entre otros, los cuales por su naturaleza son considerados y deberán ser gestionados como residuos peligrosos”, apunta.
El informe -que está en manos de la jueza Mastaglia- destaca que “todo generador de residuos peligrosos es responsable, en calidad de dueño de los mismos” y que su acopio mezclado con chatarra y material recuperable, “a la intemperie y sobre suelo permeable, constituye una falta a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley n°24051. La evidencia de derrame por aceite mineral y la presencia de residuos de agroquímicos, aparatos eléctricos y electrónicos desarmados y otros, categorizados como residuos peligrosos y de los cuales por su riesgo y características de peligrosidad, amerita una medida urgente de retiro y gestión acorde a la normativa, con posterior estudio e informe de estado de los diferentes recursos (suelo y napa freática) involucrados; a fin de determinar la responsabilidad del generador por los daños ocasionados por los residuos peligrosos (Art. 48°- Ley N°24051), y posterior proceso de recomposición”.
Judicialización
A mediados de 2024, la Justicia dispuso “el cese total” de la chatarrería que pertenece a la firma Las 3E SRL, ubicada en Avenida de Circunvalación, en Paraná, propiedad de la concejal de La Libertad Avanza Romina Todoni.
La sentencia se convirtió en letra muerta y por eso el 31 de marzo de 2025 la jueza Gabriela Teresita Mastaglia, vocal de la Cámara Segunda Civil y Comercial dispuso la clausura del establecimiento y encomendó a la Municipalidad de Paraná a colocarle la faja de clausura y a la Policía a custodiar siguiera operando.
De entonces hasta ahora nada ha cambiado demasiado ni tan poco. Las 3E SRL batalló cuanto pudo por mantenerse en el lugar y sostener operativa a la chatarrería. Pero la Justicia rechazó el plan de acondicionamiento, clasificación y traslado de los residuos acumulados en un predio de 37 mil metros cuadrados presentado por la firma.
En junio último, la jueza Mastaglia le impuso una multa de $200 mil diarios hasta que se cumplan el plan de relocalización total de la chatarrería, monto que también incluirá los días feriados.
Además, dispuso “la vigilancia por personal policial de la planta de tratamiento y residuos ubicada en Avenida José Hernández Nº 2561 de esta ciudad de Paraná durante el plazo de un mes a los fines de garantizar el cumplimiento de la clausura dispuesta, evaluándose al vencimiento de dicho plazo el mantenimiento de la medida”.
Pero la chatarrería sigue en el lugar de siempre y sin que se mueva hacia ningún lado el caso.
Por eso, en la Provincia comenzaron a analizar la posibilidad de plantear en la Justicia que se dispuso un método de “desapoderamiento” que va a habilitar para poder, luego, plantear un esquema de remate, licitación o similar con el objetivo de sacar todo del predio y darle destino seguro. También, que ordene allanamiento para poder establecer mediante constatación in situ con el mayor grado de certeza, en la medida de lo posible, cantidades y corrientes de residuos que están alojadas allí.
El caso
La jueza había hecho lugar a una acción de amparo presentado por vecinos lindantes a la chatarrería y el 29 de julio de 2024 decretó “el cese total de la actividad que se desarrolla en el inmueble sito en Avenida José Hernández N.º 2561 por la sociedad comercial Las 3E SRL y por cualquier otra persona física o jurídica que en el futuro pudiera sustituirla en la explotación de la planta” y “la relocalización de la planta y, en caso de resultar imposible ello, la transferencia de los residuos allí existentes a una planta de tratamiento y transferencia habilitada o la disposición final de los residuos en lugares habilitados”. Cumplido ese trámite, se dispuso “el saneamiento y recomposición del medioambiente del inmueble y el área de influencia de este conforme los estudios a efectuar conforme las pautas indicadas en los considerandos precedentes”.
Mastaglia le dio un plazo de 30 días a la empresa para cumplir la manda judicial. Y para el “supuesto de que la reubicación de la planta resultare imposible, debía procederse por Las 3E SRL o cualquier otra persona física o jurídica que en el futuro pudiera sustituirla en la explotación de la planta a la transferencia de los residuos a otras plantas existentes que se encuentren habilitadas dentro o fuera de la provincia o su disposición final en sitios habilitados en el plazo de sesenta días, a cuyos efectos también debían intervenir las autoridades ambientales de la Municipalidad de Paraná y de la Provincia de Entre Ríos a los fines del control y supervisión de su cumplimiento”.
El 6 de mayo el Superior Tribunal de Justicia (STJ) intervino en el caso y dispuso que en un plazo de tres días, la empresa demandada elaborara un plan de acondicionamiento, clasificación y traslado de todo el material existente en el establecimiento. La empresa de la concejal libertaria presentó un plan de traslado y reubicación de la chatarrería. Pero los vecinos que presentaron el amparo lo objetaron “en tanto no da cuenta de plazos, cantidades y métodos de traslado de las toneladas de residuos volcados en 37.000 m2”.
La Secretaría de Ambiente de la Provincia, en tanto, se expidió sobre dicho plan concluyendo que no cumple con lo solicitado, por las siguientes razones a saber: a) no declara el plan operativo para el traslado de los residuos existentes; b) no indica plazos de tiempo en que se ejecutarán las tareas; c) no planifica las acciones a llevar a cabo de manera discriminada (ej. por dónde se comenzará el retiro, cómo se realizará la clasificación); d) no contempla efectuar un cordón sanitario; e) no menciona medidas de seguridad a implementar y con cuáles cuenta la planta ni la forma en que se efectuará la clasificación de residuos peligrosos mezclados con material reciclable; f) no se indican los plazos de retiro;y g) no se declara la capacidad de almacenamiento del área de almacenamiento temporal, ni su tamaño, ni el sistema de contención antiderrames y kit antiderrame, ni está claramente identificado ni sería de acceso restringido.
También observa la autoridad ambiental provincial que en el plan se “declara la venta de material a distintas empresas siendo que muchos residuos al estar en contacto con residuos peligrosos deberán gestionarse como tales, debiendo presentar la identificación y clasificación previa”.
Conforme lo expresado por la autoridad técnica ambiental el plan de acondicionamiento, clasificación y traslado de los residuos depositados en la planta de tratamiento no contempla requisitos mínimos para ser considerado tal atendiendo, en especial, a la presencia de residuos peligrosos en el lugar y en consecuencia, no puede tenerse por cumplimentado lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en fecha 06/05/2025.
“Por tal razón, al no haberse presentado un plan de traslado de los residuos técnicamente viable a casi un año de haberse dictado la sentencia de amparo, requisito esencial para proceder a su traslado y retiro del predio tal como se ha dispuesto, ha de tenerse nuevamente por incumplida por la empresa la manda de retirarlos, correspondiendo hacer efectiva la imposición de astreintes conforme lo ordenado en fecha 31/03/2025 puesto que, como ya ha sido dicho, el referido plan es parte sustancial para dar cumplimiento al traslado y/o transferencia de los residuos existentes en la planta”, sentenció la jueza.
Así, la magistrada declaró “improcedente e inviable el plan operativo presentado por la empresa demanda de acondicionamiento, clasificación y traslado de los residuos”.
(Fuente: Entre Ríos Ahora)
