La UGL local afronta gran cantidad de amparos que le obligan a abonar el servicio de internación geriátrica a sus afiliados, muchos de los cuales tienen el poder adquisitivo para afrontarlo. A esto se suma que la justicia federal determina lugares específicos de internación que no están correctamente habilitados y que sobrefacturan sus servicios. Un informe de Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) ahondó este miércoles respecto de estas y otras graves irregularidades. 

Suele ser un problema para muchas familias cuando los adultos mayores necesitan una atención permanente y no es posible brindarles en el hogar el cuidado médico necesario. Muchas veces la única solución es la permanencia en un geriátrico o residencia geriátrica.

También es un tema de atención permanente el funcionamiento de estos lugares, que en muchos casos no tienen las condiciones mininas necesarias para la atención de ancianos. La habilitación de estos lugares, requiere una doble tramitación: por un lado la habilitación municipal –referida principalmente a la cuestión edilicia y de infraestructura- y por otro lado, la habilitación del Ministerio de Salud de la provincia. Esto genera que muchos lugares funcionen con una habilitación parcial o directamente de forma ilegal, sin ser habilitados, con sus consecuentes peligros para la salud y la vida de quienes allí habitan.

Desde hace algunos meses, el Ministerio de Salud provincial viene realizando inspecciones en este tipo de residencias para constatar y controlar las condiciones en que funcionan. Basados en ese control, el programa televisivo Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) indagó respecto de la forma de trabajo del PAMI, teniendo en cuenta que es la obra social de los jubilados, y encontró varias situaciones llamativas.

En primer lugar, vale destacar que en Paraná hay solo dos residencias que tienen convenio con PAMI: Clínica Almafuerte y Hogar San Vicente de Paul, que es una entidad de bien público dirigida por la Congregación de Hermanas Vicentinas. Sin embargo, existe una gran cantidad de geriátricos en la ciudad sin convenio con la obra social pero que tienen afiliados de PAMI internados en ellos.

Esto sucede debido a la existencia de una especie de “mecanismo” entre geriátricos, abogados y la Justicia Federal que está poniendo en jaque el sistema de internación geriátrica de la Unidad de Gestión Local Paraná de PAMI. La UGL cuenta con una partida de subsidios para afrontar internaciones geriátricas a modo de asistencia para los afiliados que cobran jubilaciones mínimas o cuyos salarios no alcanzan a cubrir el servicio. Hoy PAMI abona unos 90.000 pesos por cada afiliado internado en geriátrico, monto que estaría próximo a actualizarse.

Dicha partida ha quedado en jaque a raíz de un mecanismo judicial de presentación de amparos, patrocinados por abogados de los geriátricos y que, llamativamente, son rápidamente resueltos en contra de PAMI.

Cabe aclarar que un amparo es una acción judicial que puede iniciar toda persona para solicitar a la justicia la protección urgente de un derecho o garantía, cuyo ejercicio le fuese desconocido o estuviese amenazado por una autoridad pública o por otra persona. Es una vía judicial excepcional, que en este caso se está utilizando sin ningún criterio de urgencia o de protección de derechos vulnerados.

Un informe enviado desde la UGL Paraná de PAMI a la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, el 2 de diciembre de 2021, “pone en conocimiento la situación que encontraron al realizar, el equipo multidisciplinario, seguimientos de afiliados bajo cobertura de internación por amparo judicial en instituciones no prestadores de la obra social”.

Alertan que “de este relevamiento surge como dato fundamental a resaltar, la necesidad de intervención de los organismos de control para asegurar las mejores condiciones t calidad de vida de las personas que se encuentran allí alojadas” y advierten que “la mayoría de estas instituciones carece de equipos interdisciplinarios de abordaje, lo que contradice a un alto porcentaje de pedidos médicos que para solicitar la internación en residencias de larga estadía presentan diagnósticos que ameritan esas intervenciones profesionales”.

También destacan que “hay situaciones a tener en cuenta (…) donde no se cumple con la prestación ofrecida en lo presupuestado” y efectúan un resumen de lo relevado en dichos geriátricos.

La pata judicial

Uno de los datos llamativos de todo esto es la celeridad con la cual el Juzgado Federal Nº 2 de Paraná, a cargo de Daniel Alonso, da resolución positiva a los amparos que se presentan contra PAMI.

Según pudo saber Cuestión de Fondo, en la actualidad hay unos 400 afiliados de PAMI residentes en geriátricos, y la cantidad de amparos de este tipo que debe afrontar la UGL Paraná de PAMI es inédita; no se produce en otras unidades de gestión del país. La de Paraná es la UGL que más cantidad de amparos afronta en el país, seguida luego por la UGL de Mar del Plata.

Llama la atención que los abogados que patrocinan a los afiliados de PAMI para estas acciones de amparo son abogados privados de los geriátricos. En muchos casos, es el propio geriátrico el que ofrece el servicio letrado para llevar adelante el amparo y de este modo cobrar al PAMI el servicio. 

También es llamativo que los fallos judiciales firmados por el juez Alonso no toman en cuenta la situación socioeconómica del afiliado, y en muchos casos (la mayoría) benefician a jubilados que de acuerdo a sus ingresos y los ingresos de su grupo familiar, podrían afrontar tranquilamente su internación en el geriátrico.

Uno de los casos paradigmáticos que pudo conocer Cuestión de Fondo es el de una Defensora Pública, es decir una agente de la justicia que posee un sueldo por encima de la media de cualquier trabajador, que solicita mediante un escrito judicial, la internación de su propia abuela accediendo al subsidio de PAMI para el pago de dicho servicio.

El escrito presentado por la Defensora

Otro de los datos graves del asunto, es que el juez Alonso determina en sus fallos en qué geriátrico debe internarse al afiliado amparista, basándose en el pedido de los abogados –que generalmente plantean cuestiones médicas- y sin tener cuenta ninguna otra cuestión, como la situación socioeconómica del afiliado y su familia, o si el lugar tiene convenio con PAMI y ni siquiera si el lugar está o no habilitado.

Cuestión de Fondo pudo saber también que hay residencias geriátricas que funcionan gracias a este mecanismo de amparos, ya que todos sus residentes son afiliados de PAMI que efectuaron amparos. Es el caso del geriátrico “Hogar de Abuelos”, ubicado en calle Villaguay 123 de Paraná, o la residencia “Don Geroncio” de Villa Fontana.

Asimismo, se pudo comprobar otra grave situación: los geriátricos que tienen afiliados de PAMI con amparos, efectúan impresionantes sobreprecios en sus servicios, sin que la obra social pueda regular la cuestión una vez que el amparo ha sido resuelto a favor del afiliado.

Otro de los datos que pudo conocer Cuestión de Fondo es el impedimento de los geriátricos para efectuar relevamientos e inspecciones de PAMI. Incluso suceden casos donde los jubilados son trasladados de un lugar a otro sin aviso alguno a la obra social. Abajo se peuden ver dos expedientes donde PAMI dja constancia de estas graves irregularidades.