El sistema de mediación penal en el Poder Judicial provincial se implementó hace 16 años, el 1 de septiembre de 2009 en Concordia. Es una de las numerosas medidas que se aplicaron con las modificaciones al Código Procesal Penal, estableciendo el funcionamiento del sistema acusatorio.
La mediación penal ofrece a los justiciables una nueva perspectiva sobre los conflictos. Esta alternativa se convirtió en un espacio para el diálogo y la escucha, donde las diferencias pueden transformarse en una construcción basada en la voluntad y el compromiso.
Concordia fue la primera jurisdicción donde se implementó este servicio público que surgió como alternativa a la respuesta tradicional de los conflictos penales, y luego se fue incorporando en todas las jurisdicciones provinciales.
“A 16 años de aquella mañana en la que abrimos las puertas de una oficina vacía, pero llena de ilusiones, mantenemos nuestro compromiso intacto, porque creemos firmemente en la labor que realizamos”, resaltaron desde aquella jurisdicción. Agregaron que “nuestro papel a menudo va más allá de ser simples operadores del derecho y de las técnicas de mediación”.
En total hay 22 mediadores penales a cargo de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), que depende de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia.
La mediación penal es un servicio público que surge como alternativa a la respuesta tradicional a los conflictos penales. Su función es intentar que los participantes solucionen los conflictos con la ayuda de un tercero neutral, experto en la materia, quien los acerca facilitando el diálogo.
