Hugo Wortman Jofré.
El abogado integrante de la ONG Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, se refirió al pedido para ser querellante en la causa por los audios de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, y analizó el escenario político y la lucha contra la corrupción.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Wortman Jofré explicó que “en Poder Ciudadano hay un área de litigio estratégico donde tratamos de involucrarnos en investigaciones judiciales que evidencian problemas sistémicos en la administración pública y de los recursos y a partir de entender el caso judicial, después se propone la modificación de políticas públicas. En este caso, en términos de la denuncia, la hipótesis que se plantea es que hay áreas del Estado que compran por fuera del sistema Compr.ar que tiene auditoria, controles, sindicatura, ley de contrataciones, etc. y queremos entender por qué. Del mismo modo nos involucramos en el caso Chocolate Rigau para entender cómo se financia la política, en el caso Bibiloni para ver cómo se desviaban recursos destinados a sectores más carenciados”.
Aclaró, no obstante, que “los recursos para esto son limitados; tenemos el área de práctico de la UBA con lo cual tenemos casi abogados para hacer proyectos escritos y demás, pero son recursos limitados”.
En cuanto a la preocupación por toda la situación de los audios, señaló que “se ven ciclos, acá hay un ciclo que, en general, es bastante habitual y pasó en los 90 también. Nosotros salíamos de la justicia con Moreno Ocampo, y empezamos a trabajar con las empresas recientemente privatizadas con toda la experiencia de haber visto desde la justicia federal los problemas de corrupción que llegaban. Intervenimos, por ejemplo, en el caso de la ex cuñada del ex Presidente Carlos Menem; en el caso de la jueza Servini de Cubría, y otros, y uno ve que hay ciclos donde la economía tiene que ajustar, bajar los niveles de inflación y demás y se descuidan los sistemas de control”.
“De alguna manera empieza a verse que hay determinados gobiernos, como puede ser el de los ‘90 o como puede ser éste, que le dan prioridad a la estabilización de la economía, y a las cuestiones vinculadas al control y a la transparencia, tenemos que lucharla desde la ciudadanía. La economía necesita convicción, mando, luchar contra los actores del mercado que determinan subas especulativas, pero no hay que desatender las cuestiones que hacen a la calidad de la democracia y a los controles. El rol de Poder Ciudadano es ése, es vigilar, recordar, y tiene casi un mandato de la ciudadanía en este sentido, y tenemos apoyo, empresas y donantes internacionales que nos permiten seguir nuestra agenda”, explicitó.
Consultado por el modo en que puede afectar la situación a los intereses electorales del gobierno, Wortman Jofré afirmó: “Eso es un análisis político que me excede, pero haciendo historia de lucha contra la corrupción que es lo que vengo haciendo hace 40 años, puedo recordar que Menem en el momento más álgido de las denuncias por corrupción, las privatizaciones, María Julia en la tapa de la revista Noticias, ganó en las elecciones del ’95 sin ningún problema”.
En este marco, evaluó que “los economistas dicen que ‘un poco de corrupción sirve para engrasar las ruedas del sistema’ e incluso hasta consideran que es bueno para limitar la burocracia. Entonces, hay que pensar también que, según la ciencia en la cual uno se pare –que en nuestro caso son la ciencias sociales- no se le da tanta importancia a cierto nivel de corrupción. Por eso, desde nuestro lado hay una tarea de docencia, y las organizaciones que trabajamos esta agenda, tenemos que marcarle a la política y a los políticos de turno que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden”. Como ejemplos, mencionó que “nombrar a jueces de la Corte por decreto, no se puede; restringir la prensa mediante medidas cautelares inconstitucionales, no se puede. Y mientras ellos atienden las cuestiones más estructurales de la economía, nosotros tenemos que recordarles que esa agenda hace a la esencia de la democracia constitucional que recuperamos hace 40 años y tenemos que defenderla con uñas y dientes”.
Sobre el pedido para ser querellantes en la causa de los audios de Spagnuolo, informó que “anoche recibimos la cédula del tribunal del juez Sebastián Casanello aceptándonos como querellantes, y ahora vamos a tomar intervención. Hemos sido muy cautos a la hora de asignar responsabilidades y planteamos que, por ahora, al único al que habría que escuchar en declaración es a Spagnuolo, para que diga si reconoce haber mantenido esas reuniones, en qué contexto, quienes eran sus interlocutores, pero esto será si él quiere hacerlo porque el imputado tiene derecho a no declarar. Y además hay un camión de información administrativa que hay que analizar”.
En relación con la situación de la prensa y el intento del gobierno para frenar la actividad periodística, Wortman Jofré aseguró estar “muy cerca de Fopea y de sus autoridades y se han hecho denuncias penales. No estoy de acuerdo en usar la justicia penal para callar a colegas que se expresan libremente por las redes, pero si inventan pruebas y eso puede constituir un delito hay que poner un límite y que un fiscal investigue para ver cómo se generó esa prueba”.
“Estamos muy preocupados por esta situación y también ahora nos preocupa ver quién va a apelar la medida cautelar que obtuvo la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en el fuero especial porque es una medida cautelar que no tiene sujeto pasivo, está dirigida contra el éter de internet. Estamos viendo de ejercer algún amicus curiae para que el fiscal, que es la única parte legitimada, apele y eso vaya a la Cámara y revoque esa medida. Por más que no tiene ningún efecto y es una medida incumplible, no queremos que quede firme”, señaló.
Finalmente, consultado sobre la figura del arrepentido y la posibilidad de que pueda utilizarla Spagnuolo, recordó: “Yo fui uno de los impulsores principales de la ley del arrepentido, fui al Congreso, fui abogado de (Mario) Pontaquarto durante 14 años en el caso de los sobornos en el Senado y escribí mucho sobre el tema. Soy un convencido de que es una herramienta que viene de otro sistema jurídico, que es el anglosajón, y lo estamos insertado en un modelo nuestro que es más inquisitivo, europeo continental, con lo cual como toda herramienta jurídica injertada en un sistema que no es el natural, tiene sus complicaciones. Tiene que ser utilizada por funcionarios muy probos, con mucho rigor a la hora de tutelar los derechos y las garantías del proceso penal. No estoy para nada de acuerdo en cambiar libertad por confesión, ese trueque en nuestro sistema no debe funcionar así, y nuestra ley establece algunos requisitos: el arrepentido no debe ser cabeza de la organización ilícita ni tener un rol destacado, tiene que brindar información que involucre niveles superiores de la organización, tiene que brindar prueba relevante, y durante un año tiene que someterse a un régimen de colaboración y el fiscal luego de ese periodo determina si la colaboración ha sido eficaz y en tal caso, si pide pena y qué pena pide”.
