La comisión investigadora por el caso $Libra tendrá la capacidad de traer funcionarios por la fuerza pública. Esta facultad, que fue aprobada por la nueva mayoría opositora de la comisión, está hecha a la medida de la citación de Karina Milei: la hermana presidencial, ubicada en el ojo de la tormenta de todas las denuncias de corrupción que salpican al Gobierno, estará obligada a comparecer a dar explicaciones. Si se niega, la oposición podrá apelar a la jueza Romilda Servini para que la obligue.
Karina no será la única citada. Después de cuatro meses de bloqueo, la oposición logró reactivar la comisión investigadora por el caso de la criptomoneda promocionada por Javier Milei. Y arrancó con los tapones de punta: citó a una veintena de funcionarios nacionales y de empresarios del mundo cripto. Hasta el traductor de Casa Rosada fue citado. Se amagó, incluso, con interpelar al Presidente, pero se terminó optando por avanzar primero con una vía intermedia: un cuestionario de preguntas que tendrá que responder, por vía escrita, la semana que viene.
Además de la secretaria de la Presidencia, la oposición resolvió citar al vocero Manuel Adorni y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En el caso de que se nieguen, la comisión podrá solicitarle al juez de turno que los lleve por la fuerza: esta facultad, replicada del manual de la comisión de Juicio Político, fue fijada en el artículo 8 del reglamento: “En caso de que un funcionario público, debidamente citado, no comparezca a prestar declaración testimonial ante la comisión, ésta podrá solicitar al juez competente el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal.
El nuevo reglamento fue aprobado por 14 votos a favor y 2 abstenciones. El oficialismo y sus aliados, entre los que se encuentran los diputados del PRO y la UCR, optaron por denunciar la invalidez de la comisión: dieron el presente, acusaron a la oposición de crear un “Poder Judicial paralelo”, desconocieron el nuevo reglamento y, cuando llegó el momento de votar las citaciones, abandonaron la sala. Hubo solo dos rebeldes: el “radical con peluca” Mariano Campero y la salteña Yolanda Vega.
“Uno hace lo posible por ayudar, pero hay que dejar de cometer errores no forzados”, deslizó el tucumano Campero que, sin quitar los pies del plato, optó por mandarle una advertencia al Gobierno.
Cuáles son las medidas de prueba
La oposición resolvió citar, además, a los traders que se reunían habitualmente en Casa Rosada con Milei y que son identificados como la pata local del criptoescándalo. Es el caso de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los dos organizadores del Tech Forum, en donde Milei participó como orador en octubre de 2024. Allí, según la línea de investigación que sigue la comisión, Novelli le presentó a Julián Peh -dueño de KIP Protocol, la empresa detrás del proyecto Libra, cuyo verdadero nombre es Peh Chy Haur)- y conoció a la familia de Hayden Davis.
La comisión resolvió citar, además, al ex jefe de Asesores, Demian Reidel. Así como a otros funcionarios: el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; y a Florencia Zicavo, mano derecha de Mariano Cúneo Libarona y quien ofició como titular de la unidad creada para investigar el escándalo $Libra que cerró a los pocos meses de su creación.
También será citado Diógenes Casares, el hijo del empresario millonario Wenceslao Casares, quien aseguró, en una entrevista, que un funcionario del gobierno nacional cobró por el tuit de Milei.
Por fuera de las citaciones, la comisión avanzó con varios pedidos de prueba con los que buscarán ahondar sobre las distintas hipótesis de trabajo de la oposición. Una de ellas hace foco en el entorno de Milei: quiénes entraban y salían de Casa Rosada y Olivos para reunirse con el presidente. Por este motivo, Juan Marino (UxP) exigió el registro completo de todas las visitas que Davis, Novelli y Terrones Godoy le hicieron a Milei en el último año.
Otro de los ejes consiste en analizar los movimientos financieros que antecedieron y precedieron el lanzamiento de la cripto $Libra. Por este motivo, Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), que es uno de los diputados que viajó a Estados Unidos para interiorizarse de cómo venía avanzando la investigación judicial norteamericana sobre el caso, envió oficios a diferentes billeteras virtuales: el objetivo es que le brinden información sobre un total de 109 transacciones que, por haber participado en diferentes etapas de la inversión, son consideradas “sospechosas”.
Por último, el peronismo definió hace hincapié sobre otro actor clave: José Luis Espert. El diputado Rodolfo Tailhade solicitó recabar prueba sobre una posible “etapa 2” de la supuesta estafa, rescatando del olvido el tuit que el diputado libertario había publicado muy poco después de que Milei difundiera $Libra y se desatara el escándalo. Espert, en marzo, tuiteó que se estaba lanzando un $Libra “V2” con el objetivo de “impulsar la economía argentina”. A los pocos minutos, el diputado libertario denunció que había sido hackeado: Tailhade pretende averiguar si esto es verdad.
“Esta memecoin de Espert fue creada nueve minutos antes del posteo. Y el posteo hizo lo mismo que hizo Milei: promocionar una memecoin de la que nadie conocía su existencia y publicar el contrato que no estaba en ningún lado”, señaló Tailhade, que logró conseguir que se aprobaran dos pedidos de prueba -a la Justicia y a la red social X (antes conocida como Twitter)- para acreditar si Espert fue hackeado o, en cambio, formó parte del mismo esquema que Milei.
(Fuente: elDiarioAr)
