Mediante la Resolución Nº 2.923 del CGE, que tiene fecha del 3 de septiembre, se dispuso “que a los docentes adheridos a la medida de fuerza dispuesta por las asociaciones gremiales, se les abone el haber a liquidar remunerándose los días efectivamente trabajados”.
Además, remarcaron “que la comunicación de los docentes que no concurran a dictar clases, se regirá conforme lo establece la Resolución Nº 2565 C.G.E. de fecha 03 de julio de 2008”. Ésta establece la implementación de un “Manual de Funciones para informar novedades de los establecimientos educativos”, por lo cual los directivos deben comunicar a las autoridades de Educación qué docentes se adhirieron a las medidas de fuerza.
En los considerandos subrayaron que “el acceso a la educación es un derecho reconocido a todos los habitantes de la Nación”. Si bien aclararon que “no se desconoce el derecho de huelga”, se destacó que “es un deber irrenunciable del gobierno provincial que las tratativas salariales o aquellas referidas a las condiciones económicas de la prestación laboral, reconocen un marco legal de consenso previsto por la Ley Nº 9.624 y normas presupuestarias vigentes”.
Según consignó APF, indicaron que se debe respetar “el principio constitucional de igualdad ante la Ley” en relación “a los docentes que cumplen con el débito laboral”.
Por último, expresaron la disidencia manifestada por la Vocal gremial del CGE respecto a lo dispuesto por esta Resolución. La norma lleva la firma de la titular, Graciela Bar, y los vocales políticos Blanca Rossi, Héctor de la Fuente y Claudia Vallori.
