El gobierno provincial busca frenar a través de la Justicia el paro docente

En tanto, anoche el gobierno estaba trabajando en un escrito que presentará a la Justicia en procura de neutralizar la huelga de 48 horas que mañana inician los maestros. La protesta no sólo es organizada por AGMER, sino que también se sumó la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). No se plegaron los minoritarios Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP).

Según las fuentes consultadas por El Diario, el Consejo Provincial del Niño, el Adolescentes y la Familia (Copnaf), que preside Raúl Patricio Solanas, estaba puliendo los últimos detalles al escrito que probablemente hoy ingrese a Tribunales en procura de “resguardar el derecho de los niños a la educación”. La idea es evitar que la Justicia rechazase el planteo con el argumento de que el “daño” no se había cometido por cuanto hasta el lunes los alumnos no estarán en clase. “Pero no podemos hacer una presentación el lunes, porque ya va a ser tarde”, evaluó la fuente.

Lo único concreto que había hasta ayer, según confirmó el ministro de Gobierno, Adán Bahl, era un escrito que ingresó a la Justicia para poner en conocimiento al defensor de Menores de turno de la situación planteada, al aguardo que ese escrito cobre forma de una causa judicial que llegue a manos de un juez, y de oficio se actúe en contra del paro docente.

Discusión

La situación en torno al conflicto docente se tensó sobremanera ayer. El plenario de secretarios generales de AGMER ratificó el paro de 48 horas, que incluirá mañana una movilización provincial a Casa de Gobierno, a la vez que definió “por unanimidad” presentar una acción de inconstitucionalidad contra la resolución Nº 401 de la Dirección Provincial del Trabajo, que resolvió la convocatoria a conciliación obligatoria.

A los docentes les cayeron mal los términos de la conciliación, por un plazo de 15 días. La resolución que firmó el titular de Trabajo, Oscar Balla, señala que, “atento a la gravedad del conflicto, sumado a que el mismo afecta a la mayor parte de la sociedad de la provincia y estando en juego un servicio público como es la educación, resulta necesario dictar la conciliación, en procura de solucionar en forma pacífica el mismo, asegurando los derechos de las partes, como los de la sociedad entrerriana”.

En ese marco, destacó la necesidad de que mientras dure la conciliación, las partes “deberán abstenerse de llevar adelante medidas de acción directa que perturben la paz social y la instancia conciliatoria fijada por la presente, bajo apercibimiento de ley”. Ayer, Balla envió un nuevo escrito a los sindicatos docentes en el que defendió la potestad del organismo para intervenir en el conflicto y dictar la conciliación, a la vez que los intimó al “acatamiento” de la disposición y al “cese inmediato de la medida adoptada de paro de actividades para los días 26 y 27 del corriente”.

Rodríguez Signes defendió lo actuado por Trabajo

El fiscal de Estado Julio rodríguez Signes defendió la actuación de la Dirección Provincial del Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria en el conflicto docente, medida que los gremios resolvieron no acatar.

“El organismo de aplicación de los procedimientos previos a una medida de fuerza, es la autoridad administrativa. En la Nación es el Ministerio de Trabajo, y en la provincia, la Dirección Provincial del Trabajo. Es el pleno ejercicio del poder de policía en materia administrativa”, señaló. Al respecto, puntualizó que “eso no tiene nada de inconstitucional. La garantía de legitimidad está dada porque las acciones del gobierno son revisables judicialmente. Si Trabajo citó la conciliación obligatoria, como paso previo al paro, la garantía de legitimidad está dada porque AGMER puede plantear la revisión judicial de esa medida”, publicó El Diario.

“Trabajo aplica el procedimiento y convoca a conciliación. La consecuencia inmediata es que el gremio debe acatar la conciliación. Si no la acata, Trabajo lo que hace es remitir los antecedentes al Ministerio de Trabajo, que es el órgano de aplicación de la Ley de Asociaciones Sindicales”, apuntó.

(Foto: El Diario)

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