El hecho puntual ocurrió la última semana en la costa del Uruguay: un fiscal quedó de una sola pieza cuando vio ingresar a su despacho a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Susana Medina, que no fue de visita protocolar sino para anunciarle una mala nueva: que a partir del 1° de febrero de 2023, cuando la actividad en Tribunales se retome luego de la feria, debía mudarse y abandonar el espacio que ocupa.

En realidad, esa decisión fue resuelta en el acuerdo del STJ del miércoles 23 que tuvo lugar ese día en Colón.

De acuerdo a lo que supo Entre Ríos Ahora, el alto cuerpo “dispuso que el Ministerio Público Fiscal desocupe las cinco oficinas con que cuenta en el edificio central de Colón (aproximadamente 71 m2), sito en calle 12 de Abril Nº 241 antes del 01.02.23. Asimismo, ordenó que en dichos espacios sean reubicados el Juzgado de Paz y el Departamento Médico Forense de la jurisdicción, adoptando dichas medidas en el marco del plan de reubicación de los organismos judiciales que lleva adelante el STJ, y conforme lo informado por la Contaduría General del Poder Judicial en cuanto a que este no cuenta  con partida presupuestaria suficiente para afrontar alquileres, situación diferente a la del Ministerio Público Fiscal”.

Se trata de una disputa que tuvo momentos de tregua pero que está latente: en agosto último se conoció un acuerdo del STJ por el cual se dispuso que todo el Ministerio Público Fiscal debía abandonar los despachos que ocupan en edificios del Poder Judicial y procurase lugar propio, pagado con los recursos de la Procuración, un organismo autónomo que está al mando del Procurador General Jorge Amílcar Luciano García.

La decisión del STJ había quedado contenida en el Acuerdo General del 2 de agosto último, a través del cual dispuso “hacer saber al Ministerio Público Fiscal que deberá desocupar todas las dependencias que ocupe en el Edificio Central, a saber: las instalaciones de la Procuración General (2° piso) y las Unidades Fiscales ubicadas en el ala de calle Córdoba –planta baja- y cualquier otra que existiere, antes del 31.08.22, encomendando las gestiones necesarias a la Dirección de Arquitectura Judicial y a la Intendencia del STJ”.

A partir de un informe de la arquitecta Diana Zilli sobre distribución de organismos judiciales, el alto cuerpo aprobó “la propuesta de planificación por etapas referida a la implementación de los retiros de dependencias de los Ministerios Públicos (Fiscal y de la Defensa, NdelR), elevada por la Dirección de Arquitectura Judicial. Asimismo, tuvo presente el informe contable respecto de la partida presupuestaria correspondiente a Alquileres”, con una ejecución del 59,65%.

Al final, la sangre no llegó al río.

A mediados de agosto, el Procurador Jorge García y la titular del STJ, Susana Medina, se sentaron a una mesa y bajaron el tono del conflicto en ciernes. Aunque la puja edilicia no quedó zanjada. Oficialmente, se informó que en el encuentro entre Medina y García  se acordó que el desalojo del Ministerio Público Fiscal del edificio de calle Laprida «se llevará adelante en el marco de un plan de reordenamiento que se cumplirá en los próximos  meses y que se extenderá hasta el año que viene. Para eso se estipuló que los equipos técnicos contables comiencen a trabajar en forma conjunta para el cumplimiento de los objetivos del esquema de trabajo trazado para mejorar la prestación del servicio de justicia».

En la Procuración admiten aquel encuentro del fiscal con la presidenta del STJ y el pedido de desalojo, pero dicen que tomarán la misma actitud que en agosto, cuando se conoció la decisión del desalojo: ningunear la presión. Aseguran que es parte de un conflicto que ha ido creciendo luego del megajuicio al exgobenador Sergio Urribarri y el pedido de remisión a juicio de la causa de los Contratos Truchos en la Legislatura.  Esa es la lectura que hacen.

En esa línea entienden otros movimientos que se han dado.

En los últimos días, hubo una reunión de los equipos técnicos interdisciplinarios que tienen actuación en el fuero civil, en los juzgados Penales de Niños y Adolescentes, y en los Juzgados de Ejecución de Pena,  con el objetivo de diseñar «un protocolo de actuación»  a partir «de un diagnóstico realizado por el Programa de Gestión Judicial, a cargo de la secretaria de Superintendencia N° 1, Elena Salomón».

Uno de los puntos que se trabajó fue “proponer al STJ, y hasta tanto se logre organizar la tarea, no intervenir a solicitud de los Ministerios Públicos”, en especial del Ministerio Público Fiscal, según un esquema de trabajo que trascendió. La decisión, de llevarse a la práctica, impactaría negativamente en la investigación de los delitos de abuso sexual, por ejemplo: los fiscales no contarán con el auxilio de los equipos técnicos para dirimir causas en trámite.

Aunque la decisión podría entenderse también como una delimitación de funciones que apunte a evitar la sobrecarga de tarea, en la Procuración lo sienten como un eslabón más de la disputa con el STJ.

(Entre Ríos Ahora)