Tras la suspensión de la ley de movilidad en el marco de la sanción en diciembre de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno anunciará este viernes cuáles serán los aumentos que tendrán las jubilaciones y pensiones para el segundo trimestre del año. Se hará a través de una conferencia de prensa, prevista para las 12.00, que estará a cargo del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y del director ejecutivo de la Anses, Alejandro Vanoli.

Si bien la suba establecida por ley determinaba que el aumento debería haber sido de 11,56% para marzo, el incremento finalmente será establecido a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). También se incluirán los correspondiente a los beneficiarios de la AUH y las Asignaciones Familiares, prestaciones no contributivas y pensiones adulto mayor (PUAM).

El porcentaje exacto se dará luego de que se conociera la inflación de enero, que según el Indec fue de 2,3%, muy por debajo de los cálculos de las consultoras privadas que la estimaban en un 3,5%.

Con todo, las jubilaciones de las categorías más bajas recibirían un aumento de entre uno y dos puntos por encima del porcentaje de inflación estimada trimestral, que podría rondar entre 9% y 12% en promedio.

 El aumento podría ser de 12% para los que tienen los haberes más bajos y de 4% para los que están en las categorías más altas. En ese caso, el haber mínimo pasaría de los actuales $14.068 a cerca de $15.700.

En tanto, para las categorías más altas —los jubilados que más ganan— el aumento rondaría un tercio del correspondiente a los que menos ganan. Aunque no hay un número definido, desde el Gobierno ya tienen claro el concepto de cómo sería la fórmula y los objetivos: con la aplicación de estos porcentajes buscan incentivar consumo y que no haya presentaciones en los tribunales por una violación de la ley que está vigente, por la cual debería aplicarse un aumento de 11,56%.

De esta forma, el aumento podría ser de 12% para los que tienen los haberes más bajos y de 4% para los que están en las categorías más altas. En ese caso, el haber mínimo pasaría de los actuales $14.068 a cerca de $15.700. Las jubilaciones y pensiones por debajo de ese valor recibirán un incremento más bajo. Tampoco se confirmó si a estos porcentajes se podría agregar además una suma fija.

No obstante, abogados previsionales consultados por Infobae señalaron que de no cumplirse el aumento estipulado según la ley de movilidad para marzo y junio (del 11,56% para marzo y cerca de 14% para junio, según la ley suspendida), se podría dar una catarata de juicios. En pocas palabras, los especialistas coincidieron en que podría darse un nuevo caso Badaro.

“Si no se cumple con la movilidad en el primer semestre del año va a haber miles de juicios porque ya está devengado el aumento para los jubilados y es un derecho adquirido”, remarcó Andrea Falcone, abogada previsional del Estudio Jubilarnos.com.

En esa misma línea, el abogado Adrián Tróccoli, del Estudio homónimo, detalló que en casos de emergencia como la que sancionó el Congreso, se pueden suspender derechos al tiempo que añadió que no se puede hacerlo de forma indefinida y de manera confiscatoria. “Si bajan, por ejemplo, un 5% las jubilaciones en el marco de una emergencia, puede que no haya problemas. Pero si ajustan las jubilaciones un 20%, no importa la emergencia. Se puede reducir un derecho, pero no eliminarlo”, señaló.

Cabe recordar que a fines de enero, el presidente Alberto Fernández aseguró que el “objetivo” del Gobierno era que en abril todos los jubilados “reciban un aumento” y adelantó que era posible que los que están más abajo reciban un adicional. “Los adicionales son sumas fijas, y eso nos permite controlar un poco más el gasto público y los efectos fiscales de estos aumentos”, explicó Fernández.

A partir de la Ley de Solidaridad Social y Emergencia Productiva sancionada por el Congreso en diciembre del año pasado, el Gobierno congeló por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria con el propósito de determinar un nuevo esquema de ajuste que sea sostenible para las finanzas del Estado.