Un hombre que hacía muchos años era empleado del Arzobispado de Paraná fue denunciado por robarse el dinero de cuatro escuelas católicas de la ciudad. En su rol de encargado de todas las administraciones de estas instituciones educativas, durante al menos cinco años se habría quedado con casi 100 millones de pesos de los fondos que transfería el Consejo General de Educación. Además, presentaba comprobantes falsos de pagos de aportes a la Caja de Jubilaciones.
Este lunes, la jueza de Garantías Paola Firpo habilitó el levantamiento de secreto bancario para poder acceder a los movimientos de las cuentas del acusado y así observar más detalladamente la maniobra fraudulenta que se investiga, en particular si hubo otros beneficiarios.
Se trata de Víctor Adrián Godoy, quien se desempeñaba como empleado del Arzobispado de Paraná con funciones de administrador y apoderado legal de las escuelas Nuestra Señora de la Esperanza, Santa Lucía, Torres Vilches y Nuestra Señora de Fátima.
Cuando finalmente se advirtió el faltante, se radicó la denuncia en Fiscalía. Como se trata de un caso que afectaría tanto a la institución religiosa y sus escuelas como al Estado provincial, quien lleva adelante el legajo de investigación es el fiscal de causas de corrupción, Gonzalo Badano, en tanto que el abogado Leopoldo Lambruschini representa al Arzobispado en calidad de querellante.
Según la imputación, Godoy se aprovechó del cargo que ocupaba y, entre el año 2019 y agosto 2024, “sustrajo fondos públicos acreditados por el Consejo General de Educación de la provincia en las cuentas bancarias de las instituciones mencionadas que tenían por destino el pago de sueldos y cargas sociales del personal”.
¿Cómo lo hacía? Tan simple con realizar transferencias bancarias de las cuentas del Arzobispado hacia cuentas a su nombre. Aún no se pudo establecer el monto exacto de los fondos sustraídos, pero hasta ahora contaron 93.050.000 de pesos.
Además, se acusa a Godoy de haber realizado “numerosas transferencias sin justificación entre las cuentas que administraba” de las escuelas a su cargo, y “omitió llevar adelante distintas rendiciones de cuentas ante el Consejo General de Educación y el Arzobispado de Paraná”. Queda por comprobar si esto se debió a una desprolijidad en su labor o si era parte de la maniobra de desvío de fondos.
Según la Fiscalía y la querella, “esto derivó en que no se cuente con dinero para cancelar deudas con la Caja de Jubilaciones y Pensiones, ocasionando un perjuicio económico al Consejo General de Educación y el Arzobispado de Paraná”.
Para borrar huellas, Godoy presentó ante el CGE comprobantes de transferencia apócrifos a fin de acreditar falsamente el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos de empleados de la Escuela de Gestión Privada Nuestra Señora de Fátima, en el marco de la rendición correspondiente al año 2023. Esto implicó un perjuicio a la administración pública, según se detalla en la acusación.
