Jorge Riani

Entre las muchas particularidades que tuvo la primera jornada en la que se comenzó a tomar declaración a los testigos en el juicio contra el intendente Domingo Daniel Rossi, está el hecho de que concentró a dos figuras claves de la novela. Se trata de Isolina Guadalupe García –la ex esposa del acusado de enriquecimiento ilícito, que en 1997 denunció ante el semanario ANALISIS la existencia de cuentas en el Uruguay a nombre suyo– y Ana Yolanda Pemayón, ex esposa del fallecido abogado Carlos Neumann, considerado un testaferro del ex vicegobernador. Esta última testigo reconstruyó con su relato una historia que da cuenta del modo en que la esposa de Rossi se enteró de que había dinero depositado fuera del país. Denunció que fue amenazada y presionada por hablar, desmintió que el acusado haya tenido una fortuna o buen pasar antes de dedicarse a la función pública e insistió con la idea de que el intendente de Santa Elena hacía los trámites bancarios personalmente en Uruguay, con los documentos de Isolina García. Lo que dijo la testigo constituye un fuerte lastre para la defensa del cuestionado dirigente justicialista.

Normal es una nueva unidad de medida que se admite en el Poder Judicial. Al parecer anda muy bien para mensurar cosas materiales, nada menos que en un juicio oral y público por enriquecimiento ilícito. Normal y todas sus variantes: normalmente, con normalidad.

Isolina Guadalupe García uso 16 veces la palabra “normal” en su declaración ante el tribunal que juzga a su ex marido, el intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi. El término es tan variable como amplio. Cuando la mujer debió decir cómo era la situación patrimonial de su familia mientras Rossi duró en el cargo de vicegobernador, echó mano a la palabra.

“¿Hicieron reforma, compraron muebles, cómo era su casa?”, le preguntó el defensor del procesado, Julio Federik. “No, no; no hicimos nada, la casa era normal, chiquitita”, midió.

Y cuando debió referirse a la situación económica de la hermana del intendente y ex cuñada suya, María Alba Rossi, dijo que era normal, lo que para el caso significa que eso le permitió comprar una casa en el centro de Paraná. No se trata de cualquier propiedad, sino de una amplia vivienda de calle Colón que la Justicia debe determinar si pertenecía al ex vicegobernador –como se presume en la acusación– o a su hermana, como intenta demostrarlo Rossi.

“¿La situación de María Alba Rossi, le permitía comprar la casa?”, preguntó el fiscal José María Chémez. “Ella vivía normalmente, pienso que sí podía”, respondió.
Con esa amplitud de lenguaje, Isolina García intentó fintear la inicial y demoledora declaración suya, lo que generó la idea de que jugó a favor de la defensa. En todo caso, la tibieza de su declaración, tanto como la suavidad de las preguntas no alcanzaron para jaquear todo lo que dijo en tiempos de despecho y odio contra Domingo Daniel Rossi.

Isolina García –la mujer que denunció ante ANALISIS que su esposo tenía cuentas bancarias en el Uruguay, a nombre suyo, de su ex suegra y ex cuñada– narró las circunstancia en las que viajó a Buenos Aires, Paysandú y Montevideo, siguiendo la ruta del dinero secreto.

Si hay una frase de inequívoco significado en la declaración de la ex esposa de Rossi, esa es que “supuestamente era plata de la campaña”. Hay que recordar que en su declaración del día lunes, el propio Rossi se encargó de deslizar la idea de que los fondos de campaña proselitista siempre sobraban y algo quedaba.

Queda claro que lo que puede sonar como una suerte de cuasi confesión (quedarse con algunos dineros de campaña) le puede servir al ex vicegobernador bustista como incómodo argumento para zafar de la acusación de que hizo fortuna con dineros públicos. En ese sentido, la declaración de la mujer fue otro punto a favor de Rossi.

Las preguntas del abogado Federik hacia la testigo aniquilaron las dudas que pudieran haber quedado sobre el modo en que Isolina salió a jugar en este juicio. El reconocido penalista disfrutó las respuestas de la mujer. Fue así cuando dijo que su ex esposo “manejaba todo la proveeduría” del Sindicato de la Carne de Santa Elena, y que se trataba del comercio más importante, con fuerte incidencia social en el pueblo. Esa, precisamente, había sido la coartada del cuestionado intendente en su declaración del lunes, cuando dijo que era el gerente del comercio y que cobraba buen sueldo y comisiones por las ventas lo que le había permitido crearse una situación económica sólida.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)