Sandra Miguez

Por primera vez 16 entidades profesionales de la salud se han reunido en un pedido común al gobierno provincial: la reglamentación de la Ley 9.190, que regula la carrera médico- asistencial para los servicios de salud hospitalarios. Para estas entidades, la normativa tiene serias falencias al no haber posibilitado la participación en el debate de la ley a las distintas asociaciones de trabajadores de la salud, no contemplar la situación de personal transitorio -tanto de adscriptos como suplentes y contratados- y omitir dentro del servicio sanitario la organización de los centros de salud como primer nivel de atención primaria. Mientras tanto, el presupuesto del año 2007 está próximo a salir “sin que se contemple qué recurso humano será necesario, cuando para eso es imprescindible que se aprueben las orgánicas correspondientes tanto para centros de salud como hospitales, con sus correspondientes áreas y servicios”, señalan los representantes de las distintas organizaciones de profesionales y trabajadores.

El denominado régimen jurídico de la carrera médico-asistencial debía ser un logro político con el cual embanderarse, ya que durante muchos años el sector no encontró la forma de reordenar el sistema a través de una normativa que lograra cierto consenso y representara a la gran diversidad de servicios y problemáticas que encierra el área de salud. Sin embargo, la Ley 9.190, sancionada en noviembre de 1998, aún no ha sido reglamentada, con lo cual pierde efecto en términos prácticos. La ley es “observada” en varios puntos por un nuevo núcleo de profesionales que representan a 16 instituciones y colegios, junto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que reclaman una audiencia con el gobernador Jorge Busti para plantear sus inquietudes.

La solicitud surgió tras no haber encontrado respuesta a las misivas enviadas a las comisiones de Salud de Diputados y Senadores en las que se reclamaba la participación del sector comprendido por los trabajadores.

Por ello, se tomó la decisión de enviar una carta al gobernador, fechada el 20 de noviembre, para solicitar una audiencia con carácter de urgente.

Había pasado algo más de un mes de las notas enviadas el emblemático 17 de octubre a las comisiones de Salud de las distintas cámaras, pero desde entonces no se había obtenido respuesta.

La idea de recurrir esta vez al gobernador Busti surgió fundamentalmente por indiferencia ante el reclamo, pero también debido a un trabajo minucioso que realizaron en forma mancomunada las distintas entidades de salud, analizando punto por punto tanto la Ley 9.190 como del proyecto presentado por el Ejecutivo que pretende incorporar algunas modificaciones a esta normativa, una iniciativa que ya cuenta con media sanción en Senadores y en la cual se evidencian varias falencias que conocen al dedillo quienes trabajan al frente de los servicios de salud, es decir, en el contacto directo con la gente. Es que algunos se animan a decir categóricamente que “esta ley fue hecha por gente que hace años no ve un paciente, o no recorre un hospital”.

Inestabilidad laboral e incertidumbre

En la nota enviada al gobernador Busti se deja bien en claro que el objeto de la misiva es “exponerle las complejas e injustas situaciones que atraviesan los profesionales de diversas disciplinas que pertenecen al ámbito de la Salud Pública”.

Si bien desde estas instituciones, colegios y asociaciones reconocen como algo muy significativo la regularización de la planta de empleados que ha encarado este gobierno -dando respuesta a una demanda largamente sostenida por el sector-, dejan en claro que hasta el momento y debido a la falta de reglamentación de la normativa actual, tanto los suplentes como los contratados e interinos quedan en una absoluta situación de desamparo frente a la inestabilidad laboral.

“Dicho de otra manera, profundizar en este proceso de regularización de la planta de trabajadores –incorporando al sector profesional de la salud- reviste una importancia histórica, ya que significará valorizar y priorizar el recurso humano como indispensable en las políticas de Salud Pública, comprometidas con la promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de la población”, agregan en el escrito.

La preocupación fundamental reside en la situación que revistan suplentes, contratados y adscriptos. “Para que haya una real dimensión del problema hay que conocer que hay gente que se ha jubilado siendo suplente, y esto es un disparate”, enfatizan profesionales con más de 30 años de antigüedad.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)