Fue a la Justicia Federal para denunciar y terminó imputado. El ex funcionario y ex cajero del bustismo, Oscar Mori, quedó en la mira por la propia denuncia que hizo en la ciudad de Buenos Aires contra el ex gobernador Mario Moine y dos de sus ex funcionarios: José Luis Gea Sánchez y Danilo Corona. Los había acusado de contrabando de aparatos médicos importados desde Italia con destino a la provincia. Sin embargo, el juez Guillermo Tiscornia, antes de ser suspendido sometido a juicio político, lo citó a indagatoria para procesarlo. Mori -que tiene una condena por defraudación reiterada a la administración pública por el cobro y desviación de dos ATN- contrató al costoso bufete de Alejandro Novak para afrontar el caso. Historia de enemistades políticas, lavado de dinero y denuncias cruzadas que todavía siguen circulando a modo de trámites judiciales.

Jorge Riani

En el laberinto de posibles derivaciones esperables, una causa por contrabando que enreda a dirigentes políticos entrerrianos tomó uno de los atajos más llamativos. Acaso el más asombroso de todos, como es el hecho de que el denunciante termine implicado. Ir a la Justicia para pedir condenas y volverse con la posibilidad de que también haya para el que reclama es, ciertamente, una situación llamativa. Quizás no lo es tanto cuando se le pone nombres y apellidos a esta historia.

Trama compleja y resonante que tiene como actor estelar al ex funcionario Oscar Horacio Mori, pero que reserva papeles de reparto entre el ex gobernador Mario Moine, un vocal del Tribunal de Cuentas y un ex funcionario provincial de primera línea.

La enemistad entre Mori y Moine encuentra un antecedente visible en la historia de gestión y cobro de dos partidas de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por un monto global de poco menos de un millón de pesos-dólares.

Desde allí hay que empezar a buscar la punta de un ovillo que fue creciendo hasta convertirse en un enredo de causas y denuncias en varias direcciones.

La vendetta

El punto de partida es historia ya conocida. El escándalo de los ATN se fue sustanciando con las iniciales revelaciones del semanario ANALISIS, luego el Tribunal de Cuentas cuestionó la falta de rendiciones de gastos, y entre medio se sucedieron revelaciones de algunos ex dirigentes que hicieron que saliera a la superficie una operación de cobro de fondos mediante un “entidad pantalla”, según definió la Justicia entrerriana.

Por el caso resultaron condenados Mori, la ex concejal de Paraná Liliana Morard y el ex tesorero de la fundación Aciser, Marcelo Sola, allegados al ex cajero bustista.

Las grietas en el suelo justicialista fueron decisivas para que hoy se hable de condenas por el cobro de ATN y de denuncias cruzadas entre encumbrados referentes del mismo partido político.

Mori fue condenado por ese cobro y la desviación de la partida millonaria, según han dicho los camaristas penales y ratificado los vocales de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Pero antes de todo esto, el ex secretario de Reforma de Estado y Control de Gestión dejó sembrada una denuncia contra el ex gobernador Mario Moine; el ex secretario de Salud, Danilo Corona, y el ex secretario de Hacienda, José Luis Gea Sánchez.

No es para nada casual que esos apellidos aparezcan en la presentación que Mori hizo en un Juzgado en lo Penal Económico con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando la situación de Mori comenzaba a ser delicada, Moine se presentó espontáneamente a declarar ante la Justicia entrerriana para decir, en base a su experiencia como ex gobernador, cómo se gestionaba un ATN. El empresario y contador le apuntaba con sus declaraciones al gobernador Jorge Busti, puesto que su interés era dejar sentado que el mandatario no podía ser inocente y ajeno a semejante escándalo. Busti sorteó su responsabilidad en el desvío del millón de pesos de ATN con la afirmación de que le habían falsificado la firma en el proceso del trámite de gestión.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)