Por Luis María Serroels
Especial para ANÁLISIS
Ante cualquier intento de comparación, el propósito siempre encuentra objeciones, pero bien lo vale en tanto estamos frente a un problema que la sociedad carga desde tiempos inmemoriales, derivado de la lentitud –a veces exasperante- en que se incurre con aquellas causas en las que aparece involucrado el poder político.
El mensaje de apertura formal del nuevo año judicial de la titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ), doctora Claudia Mizawak, no deja de ser alentador en cuanto instó a todos quienes integran el Poder Judicial a seguir trabajando “por una justicia que esté del lado de los derechos y garantías de los ciudadanos. Pero no cualquier justicia. Queremos una justicia gratuita, accesible, imparcial, independiente, eficaz, eficiente y expedita”, destacó. El juicio abreviado es un notable paso y su economía procesal es evidente en tanto genera menor desgaste de la actividad jurisdiccional.
Como expresión de deseos, lo que se demanda es que ese espíritu imbuido del adagio “Justicia lenta no es justicia” se haga carne en quienes tienen la responsabilidad, nada menos, de dar a cada uno lo suyo. Es cierto que la litigiosidad aumenta, pero también –y eso es bueno- se habló de la provisión de tecnología y de mayores recursos humanos.
El combate contra la morosidad judicial proclamado por la titular del STJ adquiere por cierto singular importancia, pero lo que hoy se exige es posar la mirada sobre causas adormecidas.
Cada día que alguien pasa privado de su libertad, y con proceso demorado, tiene más de 24 horas. Cada expediente paralizado donde está involucrado el poder político o alguna institución cuyas virtudes están en duda, dejando la sensación de impunidad –que a veces una prescripción termina consagrando como burla descarada-, provoca indignación. Es como si existiera una justicia para personajes VIP y otra para gente común.
Si tanto se reafirma la vigencia de la división de poderes, ninguna razón cabe para que exista sospechosa indulgencia frente a quienes, dentro de los poderes Ejecutivo o Legislativo, parecieran gozar de una suerte de contrato de indemnidad.
En años recientes –aunque ello no alienta a bailar la conga- hubo ciertas causas que terminaron en condena por delitos cometidos en perjuicio de la hacienda pública. Se recuerda que Oscar Mori, Liliana Morard y Gabriel Sola fueron sentenciados por fraude a la administración pública a través de la entidad Asociación Civil de Integración Solidaria Entre Ríos (Aciser), por el uso indebido de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN).
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS del 26 de marzo de 1015)
