Antonio Tardelli
La Presidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner, viene de afirmar que “escupen para arriba” quienes denuncian fraude electoral. La semana anterior, luego de quejarse de que “dos jueces” anularan una elección, la de Tucumán, sostuvo que debilita al sistema democrático acusar a los adversarios de imponerse en los comicios en base a procedimientos irregulares.
“¿No se dan cuenta de que están escupiendo para arriba?”, preguntó la jefa de Estado. La primera responsabilidad de la dirigencia, argumentó, es proteger el sistema democrático. Se quejó de que un tribunal tucumano objetara las elecciones que terminaron dando el triunfo a su ex ministro Juan Manzur.“Me preocupa que gobiernen los que piensan que si perdiste las elecciones tenés que denunciar fraude y conseguir un juez amigo que te dé la razón”, enfatizó la Presidenta.
Sus palabras, en realidad, constituyen una autoacusación. En efecto, dañar la confianza popular en el sistema y erosionar la legitimidad de los gobiernos es un pecado difícil de absolver en un país dehistoria tan reñida con las instituciones como la Argentina. La responsabilidad original en este menester, o sea, proteger la legitimidad, es del poder constituido. Los de arriba deben ser los más preocupados por emprolijar los procedimientos.
Tres días después de lamentar que “jueces amigos” de la oposición anularan las elecciones tucumanas, la Presidenta de la Nación y su partido encontraron en los magistrados de la Corte Suprema un fallo de proverbial camaradería que puso las cosas en el lugar deseado. Desde la lógica presidencial, que sí pone todo bajo sospecha, la disposición del máximo tribunal provincial podría ser mirada como una decisión bien amistosa.
Los archivos castigan ya no con años sino con días de diferencia y los escupitajos propios se cruzan en el aire con los escupitajos ajenos de modo de convertir todo en un muy democrático chiquero.
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En una escala inmediata, las elecciones chaqueñas, que arrojaron un nuevo éxito para el Frente Para la Victoria (FPV), pusieron también en crisis el argumento del mal perdedor que el oficialismo enrostra a sus adversarios. Porque eran inconsistentes las preocupaciones expresadas previamente por la oposición, o porque tales preocupaciones públicas forzaron al gobierno a comportarse de un modo irreprochable, todo transcurrió en medio de una relativa normalidad que pone a salvo la legitimidad de la futura administración del oficialista Domingo Peppo.
Contará ese gobierno con un poder inicial de naturaleza bien diferente al de Manzur en Tucumán. Es sencillo: un fallo judicial, por muy ajustado a Derecho que sea, no repara la crisis de origen del próximo gobierno tucumano. No le otorga legitimidad a un gobierno que nace rengo. Si lo de Chaco es importante, en tanto exhibió un escrutinio consentido por la oposición, es porque al menos parcialmente despeja dudas que podrían extenderse, con efectos incalculables, hacia las elecciones presidenciales del mes que viene.
Pero también en un plano histórico el argumento del gobierno (“cuando ganan celebran; cuando pierden denuncian fraude”) es inconsistente, sobre todo viniendo del peronismo, un movimiento político que ha ocupado el poder del Estado durante la mayor parte de su historia, que es lo mismo que decir que ha sido avalado no sólo por la mayoría ciudadana que repetidamente lo consagró sino también por la oposición política que, como corresponde, respetó los sucesivos pronunciamientos populares.
Nadie como el peronismo sabe lo que es ganar; nadie conoce menos derrotas que él. En efecto, el peronismo es una fuerza política que ha pasado la mayor parte de su historia en el gobierno. ¿Cómo alegar desde ese lugar que un aluvión antidemocrático no respeta los resultados de las elecciones cuando les son desfavorables?
(Más información en la edición gráfica número 1026 de la revista ANALISIS del día 24 de septiembre de 2015)
