La designación del abogado Guillermo Vartorelli como relator de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) –hecho que se concretó en la reunión de acuerdos del martes 24- produjo un reacomodamiento en el equipo de defensores de los imputados en el megajuicio que se iniciará el próximo 16 de septiembre contra el ex gobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri.

Por eso, el tribunal que debe juzgar a Urribarri –que componen los camaristas José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón- dispuso comunicar a los imputados cuya defensa ejercía Vartorelli que deberán designar nuevo abogado.

“Atento lo manifestado por el Señor Defensor particular, Dr. Guillermo Vartorelli, en el correo electrónico ingresado a OGA (Oficina de Gestión de Audiencias) en fecha 26/8/2021 a las 18,56 horas, cítese a los imputados Gustavo Rubén Tamay y Emiliano Oscar Giacopuzzi para que en el plazo de 24 horas designen nuevo defensor en estas actuaciones acumuladas, acto que podrá efectuarse de manera presencial o vía correo electrónico. Comuníquese a los imputados Hugo Félix Céspedes, Gustavo Javier Tórtul y Corina Elizabeth Cargnel la renuncia de su co-defensor, a sus efectos”, dice la resolución que firmó este jueves 26 el juez Garzón.

Tamay y Giacopuzzi van a juicio en la denominada “Causa de la vaca”.

La investigación penal es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago durante la gestión del ex gobernador Sergio Urribarri, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, es la misma vaca en distintos carteles. Pero hay más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de Photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.

La causa está caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

En la causa, trabajan los abogados Raúl Barrandeguy,  que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.

Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública.

Céspedes, Tortul y Cargnel, en tanto, van a juicio en la causa denominada “Sueño Entrerriano”.

La misma incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprochan los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

Además de Urribarri y Báez, en la megacausa del “Sueño Entrerriano” también están acusados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y ex director de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.

A esas dos investigaciones penales se suma una tercera.

Urribarri y su ex ministro Pedro Báez van a juicio por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe necesario.

En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.

Buffa fundó la empresa Global Means SA junto a Leonardo Víctor Poma. El acta de constitución de esa empresa está fechada el 15 de agosto de 2011. Pero extrañamente, un mes antes la firma ya operaba como proveedora del Estado entrerriano. Todo fue extraño, a decir verdad: la orden de publicidad que le pagó la administración Urribarri/Báez está fechada el 1° de julio de 2011; Global Means SA presenta presupuesto recién el 15 de julio de 2011, y la sociedad se constituiría el 15 de agosto de ese año.

Esas tres causas se unificaron en una, y dieron lugar al megajuicio que comienza el próximo 16 de septiembre.

A lo largo de los tres meses en los que se desarrollará el juicio, intervendrán 3 jueces -José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón-; 4 fiscales; 9 abogados defensores; 15 imputados; y 140 testigos, que declararán a razón de 8 por día.

De acuerdo al calendario, se fijaron las audiencias de juicio oral a Urribarri para los días 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 y 30 de septiembre; 1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, y 29 de octubre; y 15 y 16 de noviembre, a las 9, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Fuente: Entre Ríos Ahora