(De ANÁLISIS)
Un condenado en el marco de la llamada “causa Vialidad”, por la cual fueron sentenciados la expresidenta Cristina Fernández y el testaferro Lázaro Báez, entre otros, circulaba por Entre Ríos en un vehículo con pedido de secuestro, justamente por formar parte de la flota de autos de alta gama presuntamente adquiridos con fondos mal habidos a través de la empresa Austral Construcciones.
Según se informó a ANÁLISIS, alrededor de las 17.30 de este jueves los policías del Puesto Caminero Paso Telégrafo (al norte del Departamento La Paz) detuvieron la marcha de un auto que circulaba por la ruta nacional 12, intentando egresar de Entre Ríos. Sus ocupantes provenían de la ciudad de Córdoba y decían que iban hacia la localidad de Goya, provincia de Corrientes.
El conductor era Raúl Osvaldo Daurich, jubilado, de 67 años, quien iba acompañado de su esposa, de 71. El vehículo era un Audi, modelo Q3 2.0 TFSI Quattro, color gris, dominio colocado MMO147.
Al controlar la documentación del vehículo (cuyo titular es Daruich) consultaron el dominio por sistema DNRPA, donde se arrojó que el mismo presentaba un pedido de secuestro desde el 27 de noviembre de 2017 en la causa caratulada “Grupo Austral y otros s/Abuso de autoridad y Violación a los deberes de funcionario público y otros”. La orden de secuestro fue emanada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Nº 10, a cargo del juez Julian Ercolini.
Los policías de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial intentaron verificar esta información para saber si el pedido de secuestro continuaba vigente llamando por teléfono a los números del Juzgado en cuestión, según el número de la Guía Judicial, pero nadie atendió.
Por esto, se informó la situación a la Unidad Fiscal de la ciudad de La Paz, a cargo Martín Millan, quien dispuso que el secuestro del Audi Q3 así como la identificación del conductor, quien luego fue liberado.
Raúl Osvaldo Daruich se desempeñó como jefe del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad. Fue imputado como coautor del delito de Administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Su responsabilidad está vinculada, según la acusación, al trámite de los procesos licitatorios de los que resultaron adjudicatarias las empresas de Lázaro Báez. Se lo cuestionó por las obras llevadas a cabo por la suscripción de convenios entre la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Agencia Gubernamental de Vialidad Provincial (AGVP).
Este exfuncionario fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión. El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, presidido por el juez Jorge Gorini e integrado por sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, aún no está firme.
