Entre Ríos tuvo varios gobernadores de facto entre 1976 y 1983, como así también una activa participación civil y militar en sus diferentes estructuras. A 49 años del último golpe de Estado, ANÁLISIS reconstruye buena parte de esas estructuras, con nombres y cargos en el Poder Ejecutivo, pero también en el Poder Judicial, la Policía de Entre Ríos y la comuna paranaense.
(De ANÁLISIS)
El lunes 19 de abril de 1976, Entre Ríos se desayunó con la información sobre un nuevo gobernador, que reemplazaría al coronel Juan Carlos Trimarco, asumido con el golpe de Estado del 24 de marzo: el brigadier (R) Rubén Daniel Di Bello. Ex agregado aeronáutico ayudante en Gran Bretaña, observador militar en Vietnam, había ascendido a brigadier en 1972, ocupando -entre otros destinos- la dirección de la Escuela Nacional de Guerra. Se había retirado el 10 de octubre de 1975. El ministro del Interior, general de Brigada Albano Eduardo Harguindeguy, lo puso en funciones en la casa gubernamental.
Di Bello se ubicó en un escritorio y desde allí dirigió el primer mensaje público, por radio y TV, de un gobernante militar en esta nueva etapa castrense. “Si he aceptado esa grave responsabilidad es porque entiendo, en momentos tan difíciles y decisivos para el porvenir de la Nación, que ningún argentino que verdaderamente sienta y ame a su tierra tiene el derecho de rehusarse a colaborar en la esforzada tarea de recuperación ya emprendida”, señaló, en el arranque de un discurso de medio tono, sin mayores cuestionamientos ni odios. “Íntimamente convencido de que la clave del éxito de nuestra Patria reside en reanudar la marcha hacia el destino de grandeza que Dios nos tiene reservado, convoco a todos los habitantes de esta cálida provincia para que junto a sus gobernantes se empeñen en esta patriótica empresa con toda su capacidad de trabajo, honestidad, espíritu de sacrificio y adhesión a los valores tradicionales del ser argentino”, acotó, por último.
Las primeras designaciones que hizo el brigadier Di Bello fueron las de la Justicia. Firmado el decreto 222/76, el 3 de mayo asumieron como miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia los doctores Carlos Enrique Ferrari, Luis del Corazón de Jesús Enrique Antonio Calderón Hernández; Miguel Ángel Cordini, Raúl Eduardo Aranguren, Juan Carlos Gemignani y Evaristo Antonio Uriburu. La mayoría de ellos -a excepción de Gemignani- había finalizado su función judicial en 1973, cuando asumió el gobierno de Enrique Tomás Cresto. Además, muchos de ellos provenían de familias relacionadas con el radicalismo y tuvieron el aval del coronel Trimarco, que era el hombre fuerte del gobierno.
Como presidente del cuerpo quedó el doctor Carlos Ferrari. Ya había integrado el STJ, con una característica: siempre lo hizo durante gobiernos militares. Había sido fiscal hasta 1958 y luego ascendió a vocal. En 1972 asumió como titular del alto cuerpo y se desempeñó como vocal hasta agosto de 1973.
El primer nombramiento en la Justicia fue el de la jueza Civil y Comercial Número 2: asumió como interina España Teresita Rodríguez de Mastaglia, que venía cumpliendo funciones como defensora de Pobres y Menores. Luego fue confirmada en el cargo. Reemplazó a Carlos J. Viola, cuyas funciones cesaron por decreto, como tantos otros magistrados. La medida alcanzó también a los vocales en lo Civil y Comercial Humberto Cumini, Isidoro Flier y Carlos Hadad; al vocal en lo Criminal Bravo Herrera; al juez del Trabajo Número 2, Miguel Bulos, como así también a Marta Xavier de Cullen (jueza Civil y Comercial de Victoria) y María D. V. Olmos, con idéntica función, pero en Nogoyá.
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1158, del día 20 de marzo de 2025)
